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La abogada de Cuixart se escuda en el “conflicto político” para negar la violencia en el ‘procés’

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La abogada de Cuixart se escuda en el “conflicto político” para negar la violencia en el ‘procés’
Marina Roig.

Marina Roig. EFE

Resumen:

Las defensas del ‘procés’ continúan este miércoles exponiendo sus conclusiones definitivas en el Tribunal Supremo. Ha comenzado hablando en el Salón de Plenos la abogada Marina Roig, defensora del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, quien ha desarrollado un discurso político con frases como que “la apelación a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento sobre ningún derecho fundamental”. “No es posible ponderar entre la unidad de España y el ejercicio de derechos fundamentales”, añadió.

Roig, que ha sido una de las letradas más combativas de la vista oral, ha calificado el desafío separatista como un “conflicto político de gran calado entre Cataluña y España” y ha subrayado que, con dicha afirmación,  no estaba “minimizando los hechos ni reduciéndolos a anécdota, sino poniéndolos en sus términos. En 2017 se produjo un conflicto político que aún dura hoy. Una buena parte respondió saliendo a la calle a manifestarse, a protestar. Nos hemos de sentir orgullosos de la ciudadanía que el otoño de 2017 salió a la calle”.

La abogada de Jordi Cuixart dedicó gran parte de su intervención a defender el talante pacífico de su cliente y a desmontar la acusación por el delito de rebelión que pesa contra él. “No podemos hablar de violencia en los términos del delito de rebelión”, aseguró la letrada que definió los hechos acaecidos en las calles de Cataluña en septiembre y octubre de 2017 como “resistencia pacífica de la ciudadanía” y “libertad de expresión”.

“Criminalizar la movilización popular es un error que puede traer irremediables consecuencias para el ejercicio del derecho de manifestación en España”, concluyó.

A Forcadell se la acusa “por quien es”

Tras Roig, fue el turno de palabra de la abogada de Carme Forcadell, la letrada Olga Arderiu que comenzó su intervención asegurando que “no entiende la diferencia entre Forcadell y el resto de miembros de la mesa (del Parlament)” que van a ser juzgados por un delito de desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

“Tampoco entiendo por qué (Forcadell) está siendo juzgada aquí por rebelión y se le solicitan 17 años de cárcel, mientras que sus compañeros están siendo procesados por desobediencia. Las acusaciones han querido en todo momento exagerar su actuación: ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no ha hablado, se han inventado tuits”, destacó. La letrada sostuvo que la Fiscalía del Alto Tribunal acusa a su cliente por “quien es” y “no por lo que ha hecho”.

“No autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia y lo que no se nos puede decir es que su papel fundamental es la creación de apariencia de legalidad porque (…) las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno”, subrayó la abogada en referencia a la actuación de Carme Forcadell. “En el peor de los casos se puede ver si la conducta se incardina en una desobediencia”, concluyó.

“Interpretaciones forzadas”

El abogado de la exconsellera Dolors Bassa ha afirmado que el “procés” fue un “pulso político”, no un alzamiento violento, y ha acusado a la Fiscalía de haber hecho “interpretaciones forzadas y contrarreloj” para calificarlo de rebelión. Mariano Bergés ha defendido ante el Supremo la absolución de Bassa y ha argumentado, en contra de las tesis de la Fiscalía, que “no es alzamiento tener un comportamiento disidente”, lo que a su juicio ocurrió en Cataluña en septiembre y octubre de 2018

“Los hechos se han sobredimensionado, no se si por una cuestión de perspectiva, por una cuestión emotiva o porque se ha pretendido forzar el encaje típico”, ha opinado el letrado, para quien la Fiscalía empezó afirmando que se había atacado gravemente a la Constitución con violencia para luego bajar “el tono” hasta una “violencia ‘soft'”, una fuerza intimidatoria o una violencia normativa”. “Los escupitajos, los insultos, las caras de odio, la patada, el sillazo no ponen en jaque el estado constitucional”, apostilló.