Con los trapicheos de los pactos para la conformación de ayuntamientos y comunidades autónomas de fondo, Pedro Sánchez ha iniciado la primera ronda de contactos en busca de apoyos para la investidura y la conformación de una mayoría parlamentaria que dé sustento a su gobierno.

Moncloa ha cuidado la liturgia de la negociación para dar una señal nítida de sus preferencias. Primero, fue citado Pablo Iglesias; después, Albert Rivera y, por último, Pablo Casado. Los tres grandes partidos han sido los únicos que han tenido audiencia con el presidente. Después, para interlocutores como el PNV, clave en esta legislatura como en tantas otras, fue José Luis Ábalos, número dos del PSOE, el encargado de hacer las veces de anfitrión. Por último, Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, se encargó de lidiar con los grupos más incómodos, los independentistas de ERC y JxC. Conociendo a personajes como Gabriel Rufián, la rebaja de grado está más que justificada. El portavoz de ERC salió del encuentro exultante, abierto a apoyar a Sánchez y dando por hecho que hay dos partidos socialistas, como si Lastra fuera la líder de la facción ML (Marxista-Leninista).

Lo más notable de esta primera vuelta fue la rebaja de expectativas que aplicó Sánchez al líder de Unidas Podemos (UP), como ya hemos explicados en estas páginas, al reducir sus pretensiones de acordar un "gobierno de coalición" a un simple "gobierno de cooperación", cuya definición por parte del presidente queda aplazada para futuros contactos.

Aunque el PSOE saldría beneficiado con un adelanto electoral, la abstención podría dispararse, un escenario que el presidente descarta

En esta última semana, desde Ferraz se ha filtrado que el presidente del gobierno podría convocar nuevas elecciones generales si no consigue un acuerdo que le dé la estabilidad que no ha tenido tras la moción de censura en la próxima legislatura. Sánchez tiene siempre la posibilidad de apretar el botón nuclear del adelanto electoral y va a utilizar esta potestad constitucional como amenaza en su negociación con UP. Las encuestas que maneja el PSOE dan un panorama aterrador para los podemitas si se concretara ese escenario. Los más beneficiados con el adelanto electoral serían los socialistas y el PP, aún quedando lejos del PSOE. Los más perjudicados, Ciudadanos, y, sobre todo, UP, que literalmente se hundiría.

Sin embargo, las posibilidades de que Sánchez decida optar por el arma de destrucción masiva que significarían unas nuevas elecciones es reducida casi a cero por fuentes próximas al presidente. Los argumentos parecen obvios: los ciudadanos están cansados de elecciones, considerarían los nuevos comicios como una tomadura de pelo y la abstención se dispararía. El presidente del gobierno no quiere pasar a la historia como el campeón de la abstención, a pesar de que, en escaños, reforzara su actual mayoría.

Lo que va a intentar Sánchez es que Iglesias le dé el apoyo de los 42 escaños de UP en el Congreso y, a partir de ahí, lograr el respaldo de otros grupos. Ese es, para entendernos, el Plan A. Un "gobierno progresista". Ahora bien, ¿cuál será el precio que el presidente tendrá que pagar por esos 42 escaños? Más concretamente: ¿está dispuesto a permitir la entrada de Iglesias en el gobierno?

Las fuentes consultadas desechan esa posibilidad. "Ni Iglesias, ni ningún otro dirigente de UP será ministro en el próximo gobierno", afirman con rotundidad. Otra cosa es que al líder de UP o a personas de su entorno se le den puestos relevantes en instituciones públicas para que se visualice que el "gobierno de colaboración" no sólo se basa en pactos programáticos, sino también en la inclusión de personas con un perfil de izquierdas.

No entrar en el gobierno es una medicina dura de ingerir par Iglesias, sobre todo después de su campaña a favor de un gobierno de coalición con ministros de UP en las carteras de contenido social. Pero Iglesias debería perder toda esperanza de conseguir su propósito. Para ablandar su voluntad el gobierno tiene el tiempo, que corre a su favor. Sánchez no tiene prisas. Puede dilatar las negociaciones hasta después del verano y siempre bajo la amenaza de apretar el botón de las nuevas elecciones. Eso, o, lo que más le gustaría al presidente, el Plan B. Que no es otra cosa que un acuerdo con Albert Rivera, un segundo pacto del abrazo, que, aunque ahora parezca lejano, casi imposible, no se descarta en los predios del Palacio de la Moncloa.