Política

Los "incumplimientos" del acuerdo de equiparación salarial, ante el Defensor del Pueblo

La CEP y la AEGC piden al Alto Comisionado de las Cortes Generales que investigue la vulneración de los compromisos asumidos por Interior hace 15 meses y que le reclame al equipo de Grande-Marlaska el informe clave que les oculta

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Los "incumplimientos" del acuerdo de equiparación salarial, ante el Defensor del Pueblo
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. EP

Resumen:

Policías nacionales y guardias civiles han pedido al Defensor del Pueblo que abra una investigación para esclarecer los «incumplimientos» del acuerdo de equiparación salarial por parte del actual equipo del Ministerio del Interior, al considerar vulnerados varios de los compromisos asumidos por el Gobierno hace 15 meses.

El paso lo han dado este martes la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), dos de las 11 organizaciones representativas que en marzo de 2018 firmaron el acuerdo por el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometía a recortar la brecha salarial con las policías autonómicas en tres años.

Ese pacto no sólo incluía el compromiso de consignar 807 millones de euros para su desembolso entre 2018 y 2020. También establecía otras obligaciones para el Ministerio del Interior que la CEP y la AEGC consideran vulnerados por el departamento que hoy dirige Fernando Grande-Marlaska, motivo por el que han pedido ahora el amparo del Alto Comisionado de las Cortes Generales.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, los denunciantes censuran que la consultora externa (Ernst&Young Abogados) haya entregado ya dos versiones del trabajo que se le encomendó para comparar las retribuciones y los puestos de trabajo e Interior no les haya informado aún «ni sobre su contenido ni sobre sus conclusiones». Este informe es clave para determinar si los 807 millones comprometidos son suficientes para alcanzar la equiparación «total y absoluta» o se requiere una partida adicional.

La CEP y la AEGC piden al Alto Comisionado de las Cortes Generales que investigue la vulneración de los compromisos asumidos por Interior

En la cláusula primera, la Secretaría de Estado de Seguridad aceptaba que en la elaboración de dicho estudio se contaría con la participación de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil firmantes del acuerdo. Este compromiso no se ha cumplido.

Igualmente, consideran vulnerado el pliego de prescripciones técnicas que reguló la contratación de la auditora externa por cuanto no se ha permitido a un representante de los policías y guardias civiles asistir a una reunión de trabajo al menos al trimestre con la consultora. «Ni sindicatos ni asociaciones profesionales hemos podido hacerlo», se quejan en el escrito.

Asimismo, la CEP y la AEGC censuran al equipo de Grande-Marlaska por no haber activado la pasarela prevista en dicho acuerdo a fin de que los agentes en situación de segunda actividad sin destino o reserva no ocupada que lo desearan pudieran reincorporarse a la actividad operativa. «Ni se han determinado las condiciones, ni se ha empleado la partida de 2018 (100 millones), ni la de 2019», sostienen.

«Ocultas al conocimiento»

«En conclusión, el proceso de adjudicación y elaboración de un informe externo sobre el acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018 ha incumplido la obligación asumida por las partes firmantes (participación de sindicatos y asociaciones profesionales en su elaboración) y las obligadas por el pliego de cláusulas técnicas que lo regula (obligaba a mantener reuniones de la consultora con representantes de los firmantes). Y su contenido y conclusiones permanecen, a pesar de existir dos versiones del documento entregadas oficialmente en la Secretaría de Estado de Seguridad, ocultas al conocimiento de las partes que suscribieron el acuerdo que dio lugar a su adjudicación y elaboración», resume el escrito presentado en la Oficina del Defensor del Pueblo.

Como desveló El Independiente, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que concluye que el acuerdo firmado por el popular Juan Ignacio Zoido con cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos) no es «ni jurídicamente exigible ni vinculante».

La CEP y la AEGC instan al Defensor del Pueblo a reclamar la citada documentación y pedir las «explicaciones pertinentes» al Ministerio del Interior para «exigir que cumpla el acuerdo» de equiparación firmado hace 15 meses.

Los denunciantes instan al Defensor del Pueblo a reclamar a Interior el informe clave que les oculta sobre la equiparación salarial

Sindicatos representativos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil intentan desde hace meses conocer las conclusiones del informe elaborado por Ernst&Young, entregado inicialmente en Interior a finales de febrero. El equipo de Grande-Marlaska lo echó para atrás el 27 marzo al entender que el trabajo realizado por la consultora no cumplía las condiciones del encargo, ofreciéndole un plazo adicional de 45 días hábiles para rehacerlo.

Ese margen expiró la primera semana de junio, sin que Interior haya convocado todavía la comisión general de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial para dar a conocer a los representantes de los agentes las conclusiones a las que ha llegado la auditora. Con seguridad, representantes de asociaciones profesionales de la Guardia Civil le preguntarán por el informe al director general del Cuerpo, Félix Azón, durante el pleno del Consejo que se celebrará este miércoles.

La denuncia ante el Defensor del Pueblo se presenta mientras un juzgado de Madrid instruye un procedimiento penal para aclarar si altos cargos de Interior ejercieron «presiones» sobre los consultores de Ernst&Young para que las conclusiones de su informe se acomodaran a los 807 millones ya comprometidos, como informó este diario.

Denuncia penal

Se trata de la denuncia que interpuso la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 3 de abril -en la que se ha aceptado la personación de la Unión Federal de Policía (UFP)- y que el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid admitió a trámite al apreciar indicios de «infracción penal» en los hechos denunciados por esta organización. La juez ha requerido tanto a la consultora como a Interior que le entregue copia de todos los informes relacionados con la equiparación salarial.

La representación de los agentes también ha intentado conseguir los trabajos -final y provisionales- entregados por Ernst&Young tanto en las reuniones de los órganos de representación de ambos Cuerpos  como mediante el portal de Transparencia, sin haberlo logrado hasta ahora.

El último requerimiento lo ha realizado el Congreso de los Diputados tras admitir a trámite una petición del grupo parlamentario de Vox. El Ministerio del Interior dispone hasta el 16 de septiembre para entregar la documentación que le ha reclamado la Cámara Baja.