Grande-Marlaska recurre al Consejo de Estado para eludir la equiparación salarial

Fernando Grande-Marlaska ha pedido al Consejo de Estado que emita un dictamen para conocer el "grado de vinculación jurídica" que tiene para el Ministerio del Interior el acuerdo de equiparación salarial que el popular Juan Ignacio Zoido firmó el 12 de marzo de 2018 con cuatro sindicatos de la Policía Nacional y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil, por el que el Gobierno se compromete a desembolsar al menos 807 millones de euros entre 2018 y 2020 para recortar la brecha existente con los sueldos de los Mossos d'Esquadra.

De manera particular, Interior quiere saber cómo le condiciona dos de las cláusulas contenidas en dicho texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2018. En la primera se detalla el compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad de contratar los servicios de una consultoría externa a fin de fijar "criterios objetivos de análisis" que garanticen si los 807 millones prometidos suponen la equiparación salarial "total y absoluta" o por el contrario hay que recalcular la cantidad, mientras que en la octava se expresa la voluntad de impulsar "las medidas legislativas que sean necesarias" para asegurar que la disfunción salarial no vuelva a registrarse en el futuro.

Según ha podido conocer El Independiente, la consulta tuvo entrada en el Registro del Consejo de Estado -el supremo órgano consultivo del Ejecutivo- el pasado 4 de marzo, cinco después de que la consultora externa contratada para realizar el análisis de las retribuciones y los puestos de trabajo en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos -la firma Ernst&Young Abogados SLP- entregara a la Secretaría de Estado de Seguridad cuatro ejemplares del informe final (27 de febrero).

Se trata del dosier que el departamento que dirige Grande-Marlaska oculta a los representantes de los agentes y que ha devuelto por considerar que no cumple las exigencias del contrato al no haberse realizado la comparativa "puesto a puesto", por lo que ha decidido concederle un plazo adicional de 45 días hábiles -a contar desde el 28 de marzo y no previsto en el pliego de condiciones que reguló la contratación- para que lo rehaga. La entrega se producirá después de las elecciones generales del próximo 28 de abril, a las que el titular de Interior concurre como cabeza de lista del PSOE por Cádiz.

Interior pide un dictamen para conocer qué "vinculación jurídica tiene el acuerdo firmado por Zoido con policías y guardias civiles en 2018

Formulada por el ministro pero firmada por la Secretaria de Estado de Seguridad (Ana Botella), la consulta al Consejo de Estado dice textualmente: "Interesa conocer qué grado de vinculación jurídica tienen dicho acuerdo [de equiparación salarial] y sus cláusulas para el Ministerio del Interior, y en particular el de las obligaciones y compromisos que pudieran derivarse del carácter imperativo de la cláusula Primera del acuerdo -dicha consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la Consultora-, así como el perímetro constitucional y marco normativo que pueda amparar la voluntad del Ministerio de impulsar las medidas legislativas a que se refiere la cláusula Octava".

Cláusula primera del acuerdo de equiparación salarial, publicado en el BOE el 20 de marzo de 2018.

Cuando Ernst&Young Abogados entregue la nueva versión de su informe, Interior ya conocerá si el acuerdo que el PP firmó con los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil le vincula jurídicamente. Ello es determinante para la materialización de la equiparación salarial, por cuanto no sólo quedará un tercer tramo por abonar -el segundo se pagará en la nómina de abril- sino que el Gobierno podría desentenderse de las conclusiones a las que llegue la consultora en caso de que el Consejo de Estado concluya que las conclusiones de ese trabajo no son vinculantes.

Todos los representantes de policías nacionales y guardias civiles consultados aseguran que ni Grande-Marlaska ni su número dos, Ana Botella, les han informado en las reuniones mantenidas la pasada semana que hayan requerido tal dictamen, cuya mera solicitud lleva a pensar que el actual equipo de Interior se podría estar planteando desmarcarse de los términos del acuerdo que Zoido rubricó hace un año y con el que se han dado los primeros pasos para recortar una brecha histórica con las policías autonómicas.

Hay un acuerdo histórico firmado por el Gobierno de @populares y debe respetarse porque es de justicia y porque la @policia y la @guardiacivil se lo merecen. Es intolerable que Pedro Sánchez no quiera cumplir con quienes nos protegen.https://t.co/qAaKFSZkjW

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) March 26, 2019

La información que desvela este diario agravará la desconfianza y el malestar que sindicatos y asociaciones profesionales mantienen con la actual cúpula de Interior, a la que acusan de ocultarles los informes provisionales y el documento final entregados por Ernst&Young -detallados en un cronograma incluido en el pliego- y de incumplir la cláusula del acuerdo por el que tendrían que contar con su "participación" en la elaboración de los trabajos.

El distanciamiento se ha acentuado a raíz de que seis asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) hayan presentado este miércoles una denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid para que se investiguen las “presuntas presiones ejercidas por altos cargos del Ministerio del Interior sobre los consultores de Ernst&Young a fin de que las conclusiones de su análisis se ciñeran a los 807 millones ya comprometidos para el trienio 2018-2020.

La equiparación llega al juzgado

"Con el retraso en hacer públicos los trabajos de la consultora y con la no entrega de los mismos a las asociaciones y sindicatos existen razones para pensar que las presuntas presiones han podido surtir efecto", sostienen. Los denunciantes consideran que se ha podido cometer el delito descrito en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica "las actuaciones de la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las Leyes".

"Nosotros pensamos que sí han cumplido con el trabajo. ¿Por qué el Ministerio está obstaculizando? Podemos presumir que la consultora está cuantificando en mayor medida que los 807 millones", sostiene el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya.

"La consultora sí ha cumplido"

En virtud del acuerdo firmado hace un año, Interior abonó a policías nacionales y guardias civiles en 2018 una cantidad adicional de 310 millones de euros, a los que se sumarán los 250 millones que se les ingresará en la próxima nómina. La tercera anualidad (2020) se fijó en 247 millones, lo que totaliza los citados 807 millones de euros.

El malestar es aún mayor entre las asociaciones profesionales de las Guardia Civil, que denuncian que se les haya rebajado el porcentaje que les corresponde en 2019 en beneficio de la Policía Nacional sin que existan "criterios objetivos" que justifiquen la variación del reparto. De los 250 millones, los agentes del Instituto Armado percibirán este año el 57,28 % frente al 59 % de 2018, lo que se traduce en una reducción de 4,32 millones de euros.

Entre los guardias civiles existe el convencimiento de que el ideólogo de ese cambio de criterio en la distribución del dinero ha sido José Antonio Rodríguez González, conocido como Lenin, un comisario de Policía que gozaba de liberación sindical en el SUP y al que Ana Botella situó al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.