Unas 10.000 personas, según la Asamblea Nacional Catalana (ANC), acudieron ayer a la llamada de Carles Puigdemont para protestar a las puertas del Parlamento Europeo contra las instituciones europeas y españolas que, a juicio del independentismo, han vulnerado los derechos de una parte de los votantes catalanes al no avalar la incorporación de Carles Puigdemont y Toni Comín al Parlamento Europeo al margen de la legislación española. Una sonora protesta que consiguió que el independentismo compitiera en protagonismo con los brexiters en esa primera sesión de la Eurocámara.

El coste lo asumió la ANC y los miles de catalanes que se desplazaron a la ciudad francesa con la promesa de vivir una nueva jornada épica de la mano de Carles Puigdemont y Quim Torra. Pero ni uno ni otro aparecieron finalmente en Estrasburgo. El primero amagó durante las horas previas con una posible aparición sorpresa, para acabar reconociendo su abogado, Gonzalo Boye, que el riesgo de ser detenidos y trasladados a España había convencido a Puigdemont y Toni Comín de no cruzar la frontera. Torra, que hace una semana parecía convencido de liderar el evento, se dio cuenta de que su presencia carecía de sentido si ni siquiera Puigdemont asistía a la cita, y argumentó el riesgo de incendio para quedarse en Barcelona.

Viajes a 500 euros

Sus seguidores tuvieron que conformarse con mensajes grabados en vídeo, tras pagar un viaje que, según los traslados organizados por las distintas sectoriales de la Asamblea, osciló entre los 200 y los 500 euros con traslado en autobús, los más baratos, en vuelos charter los más caros, y una o dos noches de hotel. Un jugoso botín, eso sí, para las agencias de viajes que trabajan con la ANC, y que han organizado el traslado de 6.000 personas inscritas a través de la entidad independentista para asistir a la manifestación de Estrasburgo.

Para la propia Asamblea el coste ha sido aún mayor, a tenor de las imágenes ofrecidas por la propia ANC del montaje organizado para la ocasión. El coste del escenario, los medios audiovisuales, la seguridad y los permisos por el uso del espacio público suponen un presupuesto de unos 100.000 euros, según expertos del sector de eventos. Ese presupuesto aproximado incluiría los costes de montaje y alquiler de un escenario Layher -el material más seguro- montado además con sobrecoste de nocturnidad para que estuviera a primera hora.

Al escenario hay que sumar la pantalla Led gigante con la que se emitieron tanto los mensajes de Torra, Puigdemont y Comin como la realización del acto; la unidad móvil y el equipo de realización de la imagen de la manifestación, los equipos de sonido e iluminación, y su correspondiente generador eléctrico, completan el presupuesto. Además de las tasas municipales por uso del espacio público, el equipo de seguridad y el seguro de responsabilidad civil obligatorio en estos casos. El resultado ha sido emitido en directo por la propia Asamblea a través de sus redes sociales.

Todo ello, para un acto que sirvió para confirmar el enésimo incumplimiento de una promesa electoral de Carles Puigdemont, en este caso, la de su presencia en el nuevo Parlamento Europeo. Ya sucedió en 2016, cuando prometió la proclamación de la independencia de Cataluña en 18 meses -junto al resto de los líderes independentistas de ERC y la CUP-. Y en 2017, cuando aseguró que volvería a Cataluña si ganaba las elecciones.

Promesas incumplidas y culpables a dedo

En octubre de 2017 Puigdemont proclamó la independencia dos veces. La primera, el 10 de octubre, para suspender la proclamación ocho segundos después con una apelación al diálogo que sembró el desconcierto entre el independentismo más fundamentalista. Dos semanas después lo volvió a hacer en el Parlament, pero nunca dio un paso para hacerla efectiva. De hecho, ni siquiera llegó a arriar la bandera española del Palau de la Generalitat. Al día siguiente iniciaba su huida a Bélgica mientras algunos de sus consellers acudían el lunes siguiente a sus despachos para aparentar normalidad.

La detención de los Jordis dos semanas antes, y la amenaza evidente de la justicia española después de que el Gobierno de Mariano Rajoy suspendiera la autonomía en aplicación del 155, fueron la excusa de Puigdemont para explicar el incumplimiento. El «aparato del Estado» impidió la consumación de la república.

Tras la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones autonómicas desde la Moncloa, Puigdemont prometió que volvería a Cataluña si ganaba los comicios. La promesa sirvió para ganarle la partida a Oriol Junqueras, silenciado en la prisión de Soto del Real junto al resto de miembros del Govern que no huyeron a Bélgica. Pero una vez obtenida la victoria, Puigdemont se negó a asumir los costes de regresar a Barcelona y exigió a sus socios de Esquerra que habilitaran una fórmula para ser investido president a distancia.

Los republicanos se negaron a incurrir en nuevas desobediencias simbólicas que implicaran riesgos penales para sus líderes, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, se convirtió en el culpable de que Puigdemont no pudiera acceder a la presidencia de la Generalitat. Un dedo acusador que los más próximos a Puigdemont no han dejado de levantar cada vez que tienen ocasión.

Esta vez, el ex president ya ha dejado claro quien va a ser el nuevo culpable demonizado por el independentismo: el presidente saliente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. El líder de los populares europeos ha sido un muro contra las maniobras de Puigdemont y su equipo legal. Y así lo han señalado con disgusto tanto Puigdemont como su sucesor, Quim Torra. Ayer, Puigdemont cerró la concentración en Estrasburgo reclamando al sustituto de Tajani, que debe ser elegido hoy, que «corrija la deriva de represión, de regresión y de limitación democrática de la presidencia antecesora».