El presidente de la Generalitat, Quim Torra, desobedeció abiertamente a la Junta Electoral Central (JEC) cuando esta requirió al gobierno catalán que retirara los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de la Generalitat durante las elecciones generales del pasado mes de abril. Así lo reconoció el propio president el pasado 15 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando declaró como querellado por la Fiscalía por un supuesto delito de desobediencia.

«Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos», asegura Torra en un audio de la declaración, hecho público hoy por TV3, en el que el presidente catalán asume abiertamente su desobediencia ante los requerimientos de la Junta Electoral y explica que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró que «era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí».

Tras esta declaración, el TSJC ha procesado al presidente de la Generalitat por presunta desobediencia a la orden de la JEC de retirar estos símbolos de los edificios públicos durante la campaña electoral, después de abrir un procedimiento a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Catalunya. El magistrado instructor de la causa abierta en la Sala Civil i Penal contra Torra decidió la semana pasada abrir el procedimiento abreviado, tras determinar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente.

Torra asume la «toda la responsabilidad»

«Todas las decisiones que se tomaron en ese momento fueron mías. La última responsabilidad de todo lo que pasó fue mía. El hecho de mantener pancartas en defensa de libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía», asegura Torra en los audios hechos públicos y correspondientes a su declaración ante el instructor de la querella interpuesta por la Fiscalía a instancias de la Junta Electoral.

Al ser preguntado por el cambio de pancarta –de un lazo amarillo a uno blanco tachado en rojo–, el presidente catalán afirmó ante el juez que «no tuvo ninguna relevancia, seguimos enviando el mismo mensaje». El president argumentó que no atendió a la orden de la JEC porque consideró que «implicaba, si se tuviera que cumplir, unas competencias de las que no disponía en absoluto como presidente de la Generalitat», y porque él se debe a la defensa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, y por lo tanto su libertad de expresión.

En su declaración, Torra lamentó que  «me pedían que yo dictara una orden para la que no era competente», y resaltó su imposibilidad absoluta de cumplir una orden como esa, en sus palabras, porque suponía ambigüedad e indefensión. En este contexto, el presidente catalán señala también a la Fiscalía, a la que acusa de incumplir su papel de «garante de la legalidad» por no haber llegado a la conclusión de que estaban «ante un acto nulo emitido por un tribunal incompetente».

Torra, que no respondió a las preguntas del abogado de la acusación particular ejercida por Vox, pero sí a las del instructor, cuestionó además que la resolución la dictara la Junta Electoral Central (JEC) cuando el órgano competente era, a su juicio, la Junta Electoral provincial.

Cs denunció los lazos amarillos ante la Junta el 5 de marzo y el 11 de marzo la JEC notificó el primer acuerdo reclamando la retirada de los lazos. Horas antes de agotarse el plazo de 48 horas dado por la Junta, Torra pidió la reconsideración del acuerdo y mantuvo la pancarta. El día 18 de marzo la JEC ratifica su acuerdo e insiste a Torra en la retirada de la pancarta, a lo que el president responde con una nueva petición de suspensión de la orden, alegando dificultades para cumplir el requerimiento en todos los edificios de la Generalitat y que estaba pendiente de un informe solicitado al Síndic de Greuges“.