La Fiscalía pide la inhabilitación de Quim Torra por no quitar los lazos amarillos

La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido condenar a una inhabilitación de un año y ocho meses al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no ordenar la retirada de lazos amarillos y 'estelades' de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.

En su escrito de acusación el Ministerio Público pide abrir juicio oral al presidente ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha instruido el caso, y condenarle por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, además de proponer multarle con 30.000 euros. Una petición que, de confirmarse antes de que finalice este año, forzaría la sustitución del presidente catalán menos de dos años después de su investidura por inhabilitación.

La Fiscalia em demana un any i 8 mesos d’inhabilitació i 30.000€ de multa per defensar la llibertat d’expressió i mantenir el llaç i la pancarta a favor dels presos polítics i exiliats al Palau de la Generalitat. Cal tornar a exercir i defensar cada dret negat #HoTornaremAFer

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 9, 2019

El propio president Torra ha respondido ala Fiscalía en las redes sociales con el hastag "ho tornarem a fer" (lo volveremos a hacer), argumentando que se le acusa por "defender la libertad de expresión y mantener el lazo y la pancarta a favor de los presos políticos y exiliados en el Palau de la Generalitat. Hay que volver a ejercer cada ejercicio negado", argumenta el presidente catalán.

El mismo argumento que ha utilizado la portavoz del Govern, Mertixell Budó, quien ha tachado de "sinsentido" la petición de pena de la Fiscalía, "por defender y garantizar la libertad de expresión". Budó ha denunciado además la "represión constante" que a su juicio ejerce el Estado contra los independentistas, y que ha ejemplificado tanto en la petición de penas contra Torra como en los requerimientos de información que han llevado hoy a la Guardia Civil al Palau de la Generalitat.

El Ministerio Público pide inhabilitarle durante este periodo para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en estos ámbitos, lo que conlleva la privación definitiva de estos cargos y honores durante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.

Una petición que ha despertado la "solidaridad" de diversos dirigentes independentistas, encabezados por su predecesor al frente de la Generalitat. "Toda mi solidaridad" se ha apresurado a publicar Carles Puigdemont, que también se ha referido a la "voluntad represora del Estado" que según el ex president "nos anima a seguir adelante".

Torra admitió la desobediencia

Pese a la indignación exhibida hoy por las peticiones de la Fiscalía, lo cierto es que el propio president Torra reconoció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haber desobedecido a la Junta Electoral. “Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos”, aseguró Torra ante el juez que instruye la causa contra él.

En un audio hecho público por TV3, el presidente catalán asume abiertamente su desobediencia ante los requerimientos de la Junta Electoral y explica que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró que “era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí”.