El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha declarado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como acusado de desobediencia y prevaricación por la cesión de locales para la celebración del referéndum ilegal del 1-O, un extremo que el dirigente independentista ha negado. Buch ha llegado al Palacio de Justicia de Barcelona acompañado por el Govern en pleno, encabezado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente Pere Aragonés. Junto a ellos, todos los consellers han acompañado a Buch a pie, tras celebrarse en el Palau de la Generalitat una reunión abreviada del Consell Executiu.

El entonces alcalde ha negado que cediera los locales públicos para la celebración de la consulta, escudándose en que «mucha gente tenía las llaves» durante una declaración de casi una hora en la que ha respondido a todas las preguntas del juez instructor y la Fiscalía. «Yo, como tantos alcaldes, di apoyo político al proceso para decidir el futuro» de Cataluña, ha argumentado Buch a la salida del juzgado, pero ha negado responsabilidad alguna en el uso de locales públicos.

Así, el conseller de Interior se ha mostrado confiado en que la causa acabe archivada porque a su juicio, tras su declaración «se ha vuelto a demostrar que no se dio ninguna orden para que se cedieran los locales». Buch ha argumentado que «las llaves» de las escuelas y locales públicos «las tiene mucha gente, las ampas, los equipos de mantenimiento, de limpieza, de dirección» de los centros, ha citado a modo de ejemplos. «La misma ciudadanía organizó fiestas» ha recordado, para garantizar que los locales permanecieran abiertos el 1 de octubre para permitir la celebración de la consulta.

Segunda querella

Buch declara ante el juez Jordi Seguí por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por cesión de locales en el municipio de Premia de Mar, del que entonces era alcalde, para la celebración del referéndum de independencia. El conseller de Interior y hombre fuerte del PDeCat ya fue juzgado por desobediencia por su papel como presidente de la Asociación de Municipios de Cataluña (ACM), junto a la entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, por haber instado a todos los gobiernos locales asociados a sus entidades a ceder locales y permitir la celebración de la consulta en sus municipios.

La causa, basada en el envío de mails en los que Buch y Lloveras instaban a los alcaldes de la órbita nacionalista para desoír las advertencias del Tribunal Constitucional sobre las consecuencias de participar en el referéndum declarado ilegal, fue archivada el pasado enero por la Sala Civil y Penal del TSJC.

La Fiscalía reabrió la causa contra Buch el pasado abril, en esta ocasión por su actuación como alcalde. El ministerio público se remite para ello a las diligencias incoadas por el Juzgado de Mataró en septiembre de 2017, por un Decreto firmado por Buch como alcalde el 7 de septiembre de 2017, mostrando su apoyo al referéndum del 1 de octubre. El decreto de alcaldía ofrecía además a la Generalitat los locales que podían ser utilizados como centros de votación durante la jornada del referéndum.

En el archivo de las actuaciones del pasado enero no se hacía referencia a estas diligencias, sino exclusivamente a los mails enviados por Buch y Lloveras como líderes de las organizaciones municipalistas en los que animaban a los alcaldes a apoyar el referéndum independentista y ceder locales municipales para su celebración.

Entonces, el magistrado instructor, Jordi Seguí, concluyó en su auto que “ninguno de los actos objeto del procedimiento presenta las notas características del delito de desobediencia grave imputado”.