La fachada de la Audiencia.
Los fiscales de la Audiencia Nacional están "preocupados" por su seguridad tras conocer la amenaza de muerte de origen yihadista que ha recibido el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José De la Mata, según han confirmado a El Independiente fuentes policiales. Hace siete años, el abandono definitivo de ETA de la violencia terrorista llevó al Ministerio de Interior a reducir paulatinamente la protección a los jueces y fiscales. Sin embargo, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que las medidas de seguridad "se adaptan a las necesidades operativas de cada momento".
La advertencia de muerte a De la Mata ha llevado a la Audiencia Nacional ha reforzar sus medidas de protección. La amenaza que recibió el juez a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram contenía datos personales muy precisos sobre él, su mujer e hijos. Un hecho que ha alertado a jueces y fiscales de la Audiencia porque consideran que el hecho de que se obtengan datos personales de De la Mata implica un trabajo meticuloso previo de información y seguimiento sobre él.
De la Mata (Cádiz, 1961) llegó a su puesto en abril de 2015. Ahí, además de instruir casos más mediáticos como la 'caja B' del PP, ha investigado numerosas causas relacionadas con el terrorismo islámico. En junio, de hecho, el juez envío a prisión incondicional a un ciudadano marroquí vinculado a una célula terrorista y cuya detención dio por cerrada la 'operación Kafig'. Este operativo policial, dirigido por el juez gaditano y la Fiscalía, desarticuló una red de yihadistas que actuaba desde el interior de las cárceles españolas captando presos para que atentaran en nombre de la 'yihad', como detalla Europa Press.
Los jueces de instrucción disponen de un coche conducido por un agente sin arma que les lleva y recoge de la Audiencia Nacional
En estos momentos, según precisan las mismas fuentes policiales, la única persona que recibe una protección continuada en la Audiencia Nacional es su presidente, el magistrado José Ramón Navarro Miranda, además del Fiscal jefe y del teniente fiscal. Por su parte, los siete jueces de instrucción disponen de un coche conducido por un agente de policía sin arma que les lleva y recoge de sus casas a la sede del órgano judicial, a excepción del titular del juzgado Central 6, García-Castellón, que cuenta con vigilancia durante 24 horas a partir de una denuncia por asalto a su domicilio. En el caso de los 18 fiscales, las medidas de seguridad son menores: sólo tienen derecho al vehículo cuando están en turno de guardia.
Una reivindicación de tiempos de Rajoy
Según explican fuentes de Interior, los dispositivos de seguridad de jueces y fiscales "se ajustan" al nivel de alerta antiterrorista actual, que desde 2015 se encuentra en el nivel 4, es decir, un 'riesgo alto' de amenaza terrorista. Estas medidas "se adaptan a las necesidades operativas de cada momento", como pueden ser determinadas manifestaciones o juicios importantes, precisan.
La reducción de protección a los jueces comenzó a limitarse tras el cese de la violencia terrorista de ETA. En marzo de 2012, la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un nuevo marco regulador ante el descenso de la amenaza y con el objetivo también de recuperar para otros cometidos a gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones. Este ajuste de medidas de seguridad actualizaba la orden que Seguridad había publicado en 1997.
El juez García-Castellón pidió explicaciones a la Policía tras la desaparición de la vigilancia policial en su domicilio después de ser asaltado. Ahora cuenta con protección durante 24 horas
Así, en junio de 2012, el Ministerio de Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz redujo los escoltas a los magistrados del Tribunal Supremo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a los jueces de la Audiencia Nacional. En este último órgano judicial se retiraron 250 agentes, según recoge Europa Press. Tan solo el entonces presidente de la Audiencia Nacional, el fiscal-jefe, el teniente fiscal y el juez central de Vigilancia Penitenciaria conservaron el escolta. Para los jueces centrales de Instrucción y los miembros de la Sala de lo Penal se reforzó un servicio de contravigilancia.
La Audiencia Nacional envió una carta a Mariano Rajoy para mostrar su preocupación ante aquella medida. En ella, según informaron a Efe fuentes jurídicas, se subrayaba la "especificidad" del tribunal, ya que además de investigar causas de terrorismo, se encargaban de las derivadas de distintas formas de crimen organizado y corrupción. Grande-Marlaska, actual ministro de Interior, que en aquella época era presidente de la Sala de lo Penal, renunció a su escolta porque consideraba que su situación no difería de la del resto de sus compañeros.
Más reciente fue la queja realizada por García-Castellón. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga el 'caso Villarejo', pidió explicaciones a Interior el pasado marzo al ver que la vigilancia policial que se había desplegado sobre su domicilio después de ser asaltado había desaparecido de golpe, según informó El Mundo.
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