Quim Torra podría verse inhabilitado en unos meses, forzando un relevo al frente de la Generalitat que justificaría las elecciones anticipadas que reclama Esquerra Republicana desde que ganó las elecciones generales en Cataluña la pasada primavera. Este es el escenario que se vislumbra en el Palau de la Generalitat tras conocerse ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para los días 25 y 26 de este mes la vista oral del juicio a Torra por desobediencia, tras negarse a retirar el lazo amarillo de los edificios públicos como le pidió la Junta Electoral Central durante la pasada campaña.

Esa es la causa de la airada reacción del presidente catalán, que ayer denunciaba en un comunicado oficial la «celeridad interesada» de la justicia en su caso, comparándola con los casi dos años de prisión provisional de los principales procesados por el 1-O. En su escrito de conclusiones, la Fiscalía pide para el presidente catalán una inhabilitación de un año y ocho meses para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito “local, autonómico, estatal o europeo” y una multa de 30.000 euros.

Por su parte, el partido de extrema derecha Vox, que ejerce la acusación popular, pide para Torra dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 72.000 euros. Ni Fiscalía ni Vox han pedido ninguna medida cautelar contra Torra antes del juicio, según el juez, que subraya la “razonabilidad y contundencia” de los planteamientos acusatorios en esta causa.

Calendario electoral

Si el TSJC da la razón a las acusaciones, Torra podría verse inhabilitado en muy pocos meses y ERC tendría la oportunidad de exigir de nuevo el adelanto electoral que el partido de Oriol Junqueras viene reclamando en las últimas semanas. Aunque tras las críticas al procedimiento vertidas ayer por el presidente catalán, y con la advertencia de que las fechas coinciden con otro juicio señalado para su abogado, Gonzalo Boye, parece claro que Torra pedirá un aplazamiento para dilatar la causa en su contra.

Desde que ERC ganó claramente las elecciones generales en Cataluña la pasada primavera, confirmando el sorpasso a JxCat que sondeo tras sondeo muestra el barómetro de la Generalitat, los republicanos han especulado con un adelanto electoral como la mejor «respuesta» a la sentencia del juicio del procés. Desde el partido de Carles Puigdemont, sin embargo, se resisten ahora a convocar unos comicios para los que no tienen candidato ni marca electoral, mientras los republicanos completarán este otoño el relevo en su cúpula.

Ante la negativa de JxCat, el vicepresidente de la Generalitat y de ERC, Pere Aragonés, ha apuntado en los últimos días a un nuevo argumento: los presupuestos. El conseller de Economía ha iniciado los trabajos de redacción de unas nuevas cuentas que considera imprescindibles tras dos ejercicios de prórroga presupuestaria, advirtiendo de que si el Govern no consigue los apoyos necesarios para aprobarlas, debería ir a elecciones anticipadas. Ahora, la posibilidad de una rápida inhabilitación de Torra viene a apoyar esa estrategia.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor dio veracidad a la acusación, aunque advertía que los escritos de acusación se basan “exclusivamente en indicios”, por lo que el hecho de que le envíe a juicio “no puede contener ni contiene ninguna declaración de culpabilidad del, desde ahora, acusado, que mantiene por tanto incólume su derecho a la presunción de inocencia”.

El magistrado expone, a partir del relato de las acusaciones, que Torra no cumplió en los plazos establecidos la orden de la JEC de retirar los símbolos “partidistas”, como lazos amarillos y pancartas a favor de los políticos independentistas presos y huidos de España, en el periodo electoral de las generales del 28A.

Desprecio a la JEC

En su escrito de conclusiones, la Fiscalía acusa a Torra de “evidenciar su desprecio” a acatar la orden que la JEC dictó el 11 de marzo pasado, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos, para que quitara los lazos y “esteladas” de los edificios públicos durante la campaña, elementos que finalmente acabó retirando, aunque fuera de plazo.

Según la Fiscalía, la Junta ordenaba a Torra suprimir de forma “inmediata” lo que no son sino “símbolos asociados a una determinada filiación ideológica o política alineada con los partidos u organizaciones que propugnan la secesión” de Cataluña.

Pese a la “claridad” de la orden y que debía ser cumplida “sin excusa si pretexto” por ser firme, añade la Fiscalía, Torra “decidió desatenderla” y presentó un escrito en el que pedía a la Junta que reconsiderara el acuerdo adoptado, al tiempo que “manifestó su negativa a retirar la simbología aludida”.

El 18 de marzo pasado la Junta adoptó un nuevo acuerdo en el que reiteraba su requerimiento a que retirara los lazos, resolución que Torra pidió suspender alegando la “supuesta imposibilidad” de cumplirla, “dada la multitud de edificios de la Generalitat”, según el ministerio público.

El presidente catalán adujo también ante la Junta que estaba a la espera de un informe del Síndic de Greuges sobre el asunto, aunque, según la Fiscalía, ese dictamen “obraba en manos del acusado desde, al menos, el día 15 de marzo” y recomendaba atender el requerimiento de eliminar los lazos.

La Fiscalía destaca que Torra “desatendió abiertamente” la orden de la Junta y, “evidenciando su desprecio” a la misma, sustituyó la pancarta con un lazo amarillo del balcón de la Generalitat “por otra idéntica con el lazo en color blanco”.