La Audiencia de Sevilla vuelve a corregir a la juez María Núñez Bolaños al revocar parcialmente el auto por el que la instructora del caso ERE excluyó al ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández de la pieza separada en la que se investiga la ayuda concedida por la Administración autonómica para el pago de prejubilaciones a trabajadores de González Byass, figurando el ex alto cargo entre los beneficiarios por su condición de trabajador (en excedencia) de la bodega jerezana.

En un auto fechado el pasado 12 de agosto, con el que resuelve el recurso presentado por la Junta de Andalucía y al que ha tenido acceso El Independiente, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla obliga a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a mantener como investigado en esta rama de la macrocausa de los ERE a Fernández, enjuiciado en la pieza relativa a la ideación, diseño, organización y establecimiento del procedimiento por el que la Junta de Andalucía concedió ayudas por más de 854 millones entre los años 2000 y 2010.

En aplicación del principio non bis in idem, la Audiencia de Sevilla ha dejado claro en numerosas resoluciones que no pueden ser investigados en piezas separadas los antiguos altos cargos que se han sentado en el banquillo de los acusados por su responsabilidad en la puesta en marcha y mantenimiento de dicho procedimiento específico -entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por cuanto en esa rama del caso también se ha enjuiciado la concesión o pago de las ayudas otorgadas con el sistema bajo sospecha. La llamada pieza política ya fue enjuiciada y se está a la espera de que en las próximas semanas se dicte la sentencia.

La Audiencia de Sevilla corrige a la juez Núñez Bolaños y le ordena que mantenga la imputación contra el ex titular andaluz de Empleo

Sin variar su criterio, la Sección Séptima considera que Antonio Fernández debe ser investigado en la pieza de González Byass, no por su condición de viceconsejero o consejero de Empleo sino como beneficiario de la ayuda con la que la Junta de Andalucía se comprometió a financiar en 2004 las pólizas de prejubilaciones de un grupo de trabajadores de esta bodega. Entre otros, él.

La Consejería de Empleo, siendo Fernández aún el máximo responsable, financió con 17,45 millones de euros un ERE a González Byass, al que él se adhirió. El ex alto cargo ingresó en la firma vinícola el 25 de mayo de 1971 y dejó de trabajar el 10 de octubre de 1981, cuando solicitó una excedencia voluntaria para incorporarse como profesor a la Facultad de Derecho de Cádiz. De ahí enlazó con la actividad política, primero en el Ayuntamiento de Jerez y luego ocupando diversos cargos de responsabilidad en la Administración autonómica.

«Sistema fraudulento»

En su auto, la Sección Séptima sostiene que la razón de la imputación de Antonio Fernández en esta segunda pieza no es su participación en el diseño y establecimiento del sistema o la concesión y pago de la citada ayuda, sino «haberse beneficiado de un ERE presumiblemente fraudulento con conocimiento de ellos». Según la Audiencia de Sevilla, el ex alto cargo debía tener dicho conocimiento «por su participación en la ideación del sistema fraudulento y en su concreta concesión».

Fernández, que permaneció en prisión preventiva durante casi cuatro meses en la fase de instrucción, se enfrenta a una petición de pena en la pieza política del caso ERE de ochos años de prisión y 40 años de inhabilitación como posible autor de delitos de malversación y prevaricación.