El Gobierno de Murcia cumple con Vox y limita las charlas de educación sexual

Sindicatos educativos y partidos han cuestionado la legalidad de la orden de la Consejería de Educación murciana a los centros escolares sobre la obligación de contar con el consentimiento familiar para que sus hijos asistan a actividades complementarias como talleres de educación afectivo-sexual.

Fue una de las condiciones impuestas por Vox para apoyar la investidura de Fernando López Miras como presidente el pasado julio y tanto Sterm Intersindical como CCOO han advertido de que esa obligación se contradice con los decretos que regulan los currículos de primaria y secundaria, normas de rango superior.

Esos decretos, aprobados en 2015, establecen que esas actividades, "recogidas en las programaciones docentes o en otros planes aprobados, son parte de los contenidos de las asignaturas y por eso obligatorias para el alumnado y evaluables, por lo que impedir que un menor asista a ellas podría suponer un suspenso".

Solo se consideran voluntarias aquellas que se lleven a cabo fuera del centro escolar o tengan un coste económico, han añadido.

Sterm recurrirá la resolución y CCOO lo está estudiando, pero alerta de que la orden no ha incluido, como suele ser habitual en estos casos, las indicaciones para recurrirla.

También el PSOE y Podemos han criticado duramente estas instrucciones porque consideran que vulneran la autonomía de los centros establecida no solo en los citados decretos, sino también en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.

Para el PSOE, se confunde el "respeto a la diversidad" con el "fundamentalismo" impuesto por Vox y todas las normas autonómicas y estatales "van en sentido contrario" a esa medida y a favor de la autonomía de los centros para lograr los objetivos curriculares.

Para Podemos, la orden atenta no solo contra leyes de rango superior, sino también "contra la autonomía pedagógica" de los centros, por lo que ha exigido que se retire esa medida y se "mantengan los procedimientos vigentes para no crear problemas donde nunca los ha habido".

La consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha negado este miércoles en rueda de prensa que la orden entre en conflicto con otros principios legales, ya que cuenta con el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos de la comunidad autónoma.

Ha detallado que ese permiso solo será preciso si las actividades las imparten personas ajenas al centro educativo, nunca si las promueven los propios docentes, y afectarán a todas las temáticas.

Era el caso de los talleres de educación afectivo-sexual, en el punto de mira de Vox, que en Cartagena seguirá impartiendo en institutos locales el curso 2019-2020 el colectivo LGTBIQ Galactyco, dijo en julio su edil de Igualdad, David Martínez, de un gobierno de coalición PP-PSOE-Ciudadanos.

Ya en mayo de 2018, con el anterior Gobierno autonómico murciano del PP, se exigió autorización paterna para esas charlas, que ofrecían en otros puntos de la región también miembros del colectivo LGTBIQ No Te Prives.

Los partidos de oposición, los sindicatos y los colectivos que las impartían hablaron entonces de presiones del Foro de la Familia y de la Universidad Católica San Antonio.