La Fiscalía General del Estado ha cargado contra el «deficiente» sistema de la euroórdenes, que tiene «debilidades» que urge reformar a la vista de las decisiones de los tribunales belgas y alemanes, los cuales se excedieron de sus competencias al entrar a valorar las OEDE de Carles Puigdemont y otros huidos del «procés». Esa es la conclusión que recoge la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2018 sobre la Evaluación de la orden europea de detención y entrega, cuestionada por el Ministerio Público tras las euroórdenes denegadas por los jueces belgas y por la decisión del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein de extraditar a España a Puigdemont por malversación y no por rebelión.

Entiende la Fiscalía que se han realizado «tareas de valoración» sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a su juicio, «exceden abiertamente» las funciones encomendadas por la normativa de la OEDE a los jueces de los estados miembros. Tal fue el caso del tribunal alemán que entró a «valorar la voluntad» de Puigdemont «sin fundamento en la práctica de prueba alguna», lo que llevó a «un verdadero enjuiciamiento del fondo».

El sistema se ha mostrado deficiente

Una actitud que pone de manifiesto las «debilidades» de un sistema que «se ha mostrado deficiente» y que, por tanto, «deberían ser resueltas en próximas reformas». Entre esos problemas, señala «los problemas de acceso urgente» de las autoridades judiciales españolas a servicios de traducción y «las enormes carencias detectadas en las traducciones». Pero sobre todo alerta de las «notables discordancias entre los países intervinientes» en la ejecución de las euroórdenes, cuando, por ejemplo, Bélgica aludió a un problema formal en la petición del Tribunal Supremo que Alemania no cuestionó luego con Puigdemont.

Una situación que, a su juicio, «evidencia una quiebra en el principio de confianza mutua» que sostiene la cooperación judicial, lo que «debería llevar a un análisis en profundidad a fin de ser corregido para el futuro» para que «la OEDE pueda responder adecuadamente a los objetivos para los que fue creada». Eso si, la Fiscalía apunta a los jueces y no a los fiscales europeos, ya que «la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la UE» – todas ellas respaldaron la entrega sin condiciones- «no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales», lo que les ha dejado «una sensación agridulce».