El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido personalmente este lunes a las 18.10 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que retire la pancarta sobre los presos y con el lazo amarillo, según ha informado el propio TSJC.
Un letrado de la Administración de Justicia ha sido quien ha requerido personalmente al presidente, y ahora empieza a contar el plazo de 48 horas fijado por el tribunal para que Torra retire dicho símbolo de forma cautelar.
El Tribunal falló el viernes a favor de la asociación Impulso Ciudadano y acordó como medidas cautelares requerir al presidente catalán la retirada de la pancarta de la sede del Govern, pero todavía no había empezado a correr ese plazo porque Torra no había sido requerido personalmente por la justicia
Tras recibir el requerimiento, Torra ha insistido en su negativa a atender el requerimiento del TSJC. En un mensaje en twitter, el presidente catalán ha argumentado que "cuando se trata de derechos civiles, sociales y políticos, no nos podemos echar atrás y no podemos ceder a la involución que promueve el Estado", añadiendo que su compromiso con la libertad de expresión es total.
Torra ya anunció el viernes que no retirará la pancarta y que iba a presentar un recurso contra la resolución del TSJC que le ordena retirarla. La querella presentada por Impulso Ciudadano reabre de hecho la polémica sobre la pancarta en favor de los "presos políticos" que el president ya se negó a retirar el pasado abril, durante la campaña electoral, a requerimiento de la Junta Electoral.
Una negativa que ha llevado a Torra a verse imputado por un delito de desobediencia ante el mismo TSJC que ahora ha atendido la demanda de Impulso Ciudadano. El Tribunal Superior de Cataluña verá el juicio a Torra el próximo 18 de noviembre, después de que las reiteradas recusaciones contra sus miembros hayan obligado a posponer la vista oral, fijada inicialmente para esta semana.
En el auto, la Sala admitió la petición y recordó que la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la Constitución".
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