Política

Euskadi ultima una ley que llevará ante la justicia los crímenes del franquismo hasta 1978

Euskadi aspira a contar con su propia ‘Ley de Memoria histórica y Democrática’ con la que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu quiere regular no sólo la localización de fosas y la identificación de desaparecidos, sino también llevar ante la Justicia la posible comisión de delitos que afloren en las investigaciones que promoverá una vez sea aprobada sobre lo ocurrido entre 1936 y 1978. La norma, en la que ya trabaja, contempla que el ‘Instituto Gogora’ lleve a cabo investigaciones e informes sobre la vulneración de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y todo el franqusimo.

En aquellos casos en los que fruto de las indagaciones se puedan constatar indicios suficientes sobre la comisión de delitos, estos se remitirán la «Ertzaintza, la Fiscalía y a los órganos judiciales». Incluso no se descarta que sea el propio Instituto Gogora el que puedan promover la personación de las instiuciones vascas en futuras causas que se abran por vulneración de derechos en el periodo franquista.

El documento, que aún debe ser aprobado, contempla además promover investigaciones para conocer «la injusticia histórica y política cometida sobre el conjunto de la sociedad a la que sometió la dictadura franquista». Trabajos de indagación con los que se pretende también facilitar la recopilación de información sobre la identificación de víctimas del franquismo a las que se abre la puerta -aún por decidir- de una posible reparación económica.

El ‘Instituto Gogora’ promoverá investigaciones entre 1936 y 1978 y llevará ante la Justicia los indicios delictivos que acredite

Antes de que sea una decisión cerrada, la ley prevé que sea ‘Gogora’ quien realice una evaluación de la viabilidad que tendría una reparación en términos económicos para las víctimas vascas del franquismo que puedan ser reconocidas y acreditadas por las instituciones.

Reparaciones económicas

Otro de los aspectos incluidos es que será el Gobierno vasco y sus instituciones la que facilitará que todas aquellas víctimas vascas que tengan algún familiar enterrado en el Valle de los Caídos contarán con el apoyo del Ejecutivo para el proceso de exhumación de los restos de sus seres queridos. La ley, en la que también se prevén sanciones de hasta 150.000 euros para quien la vulnere, se compone de once apartados. Uno de ellos regula la retirada de todos los símbolos franquistas en espacios públicos, así como de los nombramientos y distinciones a personas e instituciones por su apoyo al alzamiento del 36.

Otro de los apartados está dedicado a regular la labor «pedagógica» que sobre la cuestión se haga en las aulas del País Vasco. El Instituto Gogora elaborará material escolar que pondrá a disposición de los centros educativos para su tarea formativa. En relación al apartado educativo, Erkoreka ha subrayado que es intención del Ejecutivo que la ley regule el modo en el que se tendrá que implantar la «divulgación, educación y pedagogía» en materia de Memoria Histórica en los centros educativos del País Vasco. Ha situado en esta tarea como uno de los ejes del fin último de la norma, que es contribuir a la «justicia, reparación y memoria» de las víctimas».

La ley que promueve Urkullu contempla sanciones de hasta 150.000 euros para quien la incumpla»

El texto pretende así rivalizar con la propuesta que el pasado 9 de septiembre presentaron EH Bildu y Podemos, a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la plataforma contra los crímenes del franquismo. Una iniciativa que posteriormente fue retirada tras tener conocimiento de la intención del Ejecutivo vasco de redactar su propia Ley pero que sin embargo Bildu y Podemos trasladaron casi de modo mimético a su propia propuesta legal.

Decisión acertada

Sin embargo, hoy el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha asegurado que primarán la tramitación de su propia norma y no la promovida por Podemos y Bildu.

Sí se apunta que se regulará la elaboración de mapas e itinerarios de la memoria para favorecer la localización de posibles fosas y que facilitaran, en su caso, la inhumación de personas fallecidas durante la Guerra Civil o por ser víctimas de la represión franquista.

Ante la posibilidad de que se pueda abrir la puerta a una reparación económica de las víctimas del franquismo, Erkoreka ha aclarado que este extremo se encuentra aún en estudio y, si bien no se cierra la puerta a que se pudieran incorporar, se trata de un extremo aún a debate. «No se cierre ese asunto pero debe ser sometido a debate», ha puntualizado.

En relación a la decisión del Tribunal Supremo de autorizar la exhumación de los resto de Franco del Valle de los Caídos y autorizar su inhumación posterior en el cementerio de El Pardo, Erkoreka ha calificado de «decisión acertada» la emitida por el tribunal al poner fin a una «situación insostenible en un Estado democrático: «Es una solución conciliable, además con las demandas de la familia del dictador».

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