El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, acordó el pasado viernes retirar la vigilancia policial presencial y permanente sobre seis sedes judiciales para liberar efectivos policiales en un momento de aumento de la criminalidad, especialmente en Barcelona.
Paradójicamente, la entrada en vigor de la orden de Barrientos coincidió ayer con la operación policial ordenada por la Audiencia Nacional y dirigida por la Guardia Civil contra un grupo de personas asociadas a los CDR, a los que la Fiscalía acusa de planear acciones violentas contra edificios de instituciones estatales. Entre ellos, las sedes judiciales.
Barrientos notificó el viernes al comisario jefe de Mossos de Esquadra, la orden para reducir la custodia policial en las sedes policiales de El Vendrell, Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona y Berga a partir del 23 de septiembre. Con esta decisión, la vigilancia policial de 24 horas sólo se mantiene en el Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC y la Audiencia de Barcelona, y la Ciudad de la Justicia de Hospitalet de Llobregat.
La Operación Toga se puso en marcha el pasado febrero a petición de Barrientos, que tras devolver a los Mossos la responsabilidad de custodia sobre las sedes judiciales -la había retirado coincidiendo con el 1-O- exigió un operativo de vigilancia 24 horas para evitar los ataques con excrementos que se repitieron en diversas sedes judiciales como protesta por el inicio del juicio del procés.
Un operativo que empezó a ser abiertamente criticado este verano, oficialmente por los sindicatos policiales, argumentando que hipotecaba a 400 agentes en un momento de especial tensión por el aumento de la criminalidad y la falta de efectivos policiales en esta comunidad.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumaron después a esas críticas, presionados por los problemas de seguridad en la capital catalana. Sin embargo, Barrientos se había resistido hasta ahora a reducir la protección policial ante la amenaza del "otoño caliente" anunciado por el independentismo radical.
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