La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala Segunda de dicho tribunal que acuerde la comparecencia de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, para revisar su situación de prisión provisional que alcanza el máximo permitido el próximo miércoles, 16 de octubre, por si la sentencia del procés se retrasa.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ningún acusado puede estar en prisión sin una sentencia condenatoria durante más de dos años. De ahí que el Ministerio Público solicite una vista de revisión de medidas cautelares, lo que se conoce como una ‘vistilla’, para prorrogar la prisión preventiva para Sánchez y Cuixart, a los que acusa de rebelión y para los que pide unas penas de 17 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta.

Sin embargo, se trata de una solicitud ordinaria con la que el Ministerio fiscal pretende curarse en salud porque, según fuentes jurídicas, está previsto que el fallo se haga público entre finales de esta semana y principios de la siguiente.

Los primeros encarcelados

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron los primeros en ingresar en prisión en octubre de 2017, tal y como acordó la instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que comenzó a investigarles por su responsabilidad en el asedio a la comisión que registró la consejería de Economía catalana los días 20 y 21 de septiembre de dicho año.

A las puertas de dicha consejería, convocados por las entidades presididas por los dos líderes soberanistas, llegaron hasta 40.000 manifestantes que acorralaron a los guardias civiles que practicaban el registro. La secretaria judicial que se encargó de coordinarlo tuvo incluso que salir por el tejado del edificio a altas horas de la madrugada para no tener que recorrer el pasillo humano que organizaron los propios Sánchez y Cuixart para que los efectivos salieran del edificio entre gritos de los manifestantes, según contó ella misma durante el juicio.

Tanto los instructores Lamela y Llarena como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la de Enjuiciamiento del Tribunal Supremo rechazaron la excarcelación de los dos investigados y más tarde acusados tanto en fase de instrucción como durante y después del juicio. La Fiscalía solicita ahora revisar sus medidas para asegurarse de que recibirán la sentencia en prisión.