Política

Pablo Baró, portavoz de jueces catalanes: "La Generalitat nos ataca y falta al respeto"

El representante de la APM en Cataluña relaciona el "éxodo" en la región con el 'procés' y habla de déficit de jueces

«La independencia judicial, pilar del Estado de Derecho, está en peligro en Cataluña por la injerencia de la Generalitat». Los jueces catalanes alertan de la situación en la que se encuentra la judicatura en la región como consecuencia del desafío independentista. Hasta 101 han abandonado Cataluña desde 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre y comenzó la investigación a los líderes del procés, y una de cada cuatro plazas de jueces que se convocan en toda España se corresponden con Cataluña, según los datos oficiales que maneja el Consejo General del Poder Judicial.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, Pablo Baró Martín, considera que ya se puede hablar de un «éxodo de jueces» en la región. Los profesionales «prefieren ejercer en comunidades más tranquilas, donde el independentismo no sea un problema», explica a El Independiente. Baró lamenta el «continuo ataque y la falta de respeto de las instituciones catalanas pertenecientes a la Generalitat hacia la Justicia».

Relaciones rotas con la consejería de Justicia

«No hay ningún tipo de relación con la consejería de Justicia; el Gobierno catalán planeó en 2017 (con su documento Visió Justícia paralizado por el TSJ con el apoyo del CGPJ) inspeccionar todos los juzgados y la Fiscalía catalana; incurren en una dejadez absoluta del mantenimiento de los juzgados que ha llevado a suspender la actividad en lugares como Martorell (Barcelona) y escuchamos continuas declaraciones públicas de representantes del Govern contra las decisiones de los jueces», repasa el presidente de la APM en Cataluña, asociación mayoritaria, que ejerce en un juzgado de lo social. «El Estado no puede permitirse este debilitamiento de un poder fundamental para nuestra democracia por la injerencia política», denuncia.

En 2017, año en que el Parlament aprobó la Declaración Unilateral de Independencia y se celebró el referéndum del 1-O, 21 jueces dejaron voluntariamente Cataluña. En 2018, cuando el Tribunal Supremo procesó a los líderes independentistas, fueron 48 los jueces que dejaron la región. Este 2019, que pasará a la historia por el juicio y la sentencia del procés, han sido 32.

Baró repasa las situaciones a las que los independentistas han sometido a sus compañeros durante este tiempo, como escraches, pintadas en los juzgados, en las puertas de sus domicilios o el esparcimiento de cientos de kilos de basura a las puertas de las dependencias judiciales.

Incentivos por trabajar en Cataluña

A los hechos mencionados se une la tensa situación social que se vive a diario en Cataluña y que enfrenta a los ciudadanos. Una realidad a la que los jueces tampoco son ajenos. De ahí que la APM planteara al Ministerio de Justicia el pago de incentivos económicos a quienes cubran plazas en Cataluña.

Según el último concurso de plazas para jueces publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes, de las 144 ofertadas, 35 se corresponden con Cataluña. Es decir, un 24,30% de éstas. El portavoz de la APM defiende en conversación telefónica con este diario que la situación política «no puede poner en peligro la asistencia judicial a cualquier ciudadano, sea de Vic o de cualquier otro rincón de España».

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