La Audiencia Nacional condena al propietario de las empresas del Grupo Correa, Francisco Correa, y a su gerente Pablo Crespo a tres años de cárcel y siete años de inhabilitación como cooperadores de delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación por la adjudicación de tres contratos a las empresas de Gürtel relacionados con Fitur 2004 en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En una sentencia hecha pública este miércoles los magistrados condenan a Crespo y Correa a tres años de prisión aunque absuelven a los cinco funcionarios del ayuntamiento gaditano que presuntamente incurrieron en los delitos de falsedad y prevaricación por prescripción.

Además de a Correa y Crespo, la Sala también condena a dos años y tres meses de prisión al trabajador del Grupo Correa Javier Nombela y a un año y dos meses de cárcel a la tambíen empleada Isabel Jordán por cooperadores para un delito de falsedad.

El relato de hechos

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo Correa, aprovechándose de su amistad con el fallecido Isidro Cuberos, quien estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez “obtuvo ilícitamente” a favor de sus empresas Special Events y Down Town Consulting la adjudicación de tres contratos por importe de 214.028,71 euros, referidos a la Feria Internacional de Turismo, celebrada entre el 28 de enero y 1 de febrero de 2004.

Dichos actos consistían en el montaje del expositor de Fitur, un espectáculo ecuestre celebrado en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez en el madrileño parque de El Retiro.

Los funcionarios encubrieron el ‘dedazo’

La sentencia absuelve a los funcionarios municipales porque el procedimiento se dirigió contra ellos cuando los hechos ya habían prescrito, pero el tribunal explica que ejecutaron los actos administrativos necesarios para la tramitación de los expedientes administrativos, sin los cuales los hechos delictivos no se  hubieran podido llevar a cabo y lo hicieron en el ejercicio de su competencia, “con pleno conocimiento y voluntad de que se estaban confeccionando unos expedientes formales una vez pasado FITUR para dar una apariencia de legalidad a lo que en realidad habían sido adjudicaciones directas.

”Colaboraron, según argumenta la sentencia , en formalizar una adjudicación totalmente ilegal y arbitraria”. Todos ellos, añade la sentencia, tuvieron una contribución eficaz y decisiva en la elaboración de esos expedientes antedatados después de terminado Fitur, “pues cada uno de ellos conforme a su competencia realizó de forma consciente y voluntaria las actuaciones necesarias para la confección formal de dichos expedientes a sabiendas de su ilegalidad y arbitrariedad, es decir, que estaban colaborando a encubrir una adjudicación directa a las empresas adjudicatarias”.

En la elaboración formal de los expedientes antedatados intervinieron de forma consciente, expone la sentencia, los acusado José Agüera, director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC); Manuel Báez Guzmán, secretario general del Ayuntamiento de Jerez; Lourdes Montenegro, técnico superior en dicho organismo, Milagros Pérez Pérez, interventora del Ayuntamiento de Jerez, y Milagros Abascal, interventora delegada del IPDC, “prestándose  a realizar los informes y documentos necesarios, haciendo cado uno lo que le correspondía a su competencia”.