Pablo Iglesias está a punto de lograr su objetivo de ser vicepresidente y meter a Podemos en un Gobierno de coalición con el PSOE. Lo lleva persiguiendo desde, al menos, el 22 de enero de 2016 y puede lograrlo casi cuatro años después: aquel día, un viernes, el secretario general morado compareció exultante tras la ronda de consultas del Rey Felipe VI. Lo hizo acompañado de sus ministrables: Julio Rodríguez, Irene Montero, Victoria Rosell, Xavier Domenech, Íñigo Errejón y Carolina Bescansa. Los tres últimos ya no están con él, pero él ha seguido persistiendo y persistiendo.

Han tenido que celebrarse otras tres elecciones generales para que Unidas Podemos tome el cielo por asalto. O lo que es lo mismo, el Consejo de Ministros, donde figurarán según las quinielas su pareja Montero, Yolanda Díaz, una persona catalana designada por Ada Colau, quizás Alberto Garzón y el propio Iglesias.

La gran pregunta es: ¿podrá Podemos tomar parte del cielo, como ha venido prometiendo hasta la última campaña, o tragará con más de un sapo? En ocasiones el PSOE blandirá sus 120 diputados, a gran distancia de los demás; en otras pactará con PP y Ciudadanos, como ocurrió esta semana durante la Diputación Permanente y el decretazo digital. La otra gran duda es si las diferencias entre socialistas y morados conservarán la estructura del Ejecutivo, o si esta estallará en cualquier momento.

En algunos aspectos UP dará la batalla: rehabilitación de viviendas antiguas, control de precios de los alquileres, endurecer la regulación de las socimis o la gratuidad de las escuelas infantiles. En otras la contienda está perdida de antemano. Aquí van cuatro grandes medidas que de entrada Podemos aceptará sí o sí, ora por la correlación de fuerzas desigual ora por preservar los pilares del Gobierno progresista. Iglesias habla abiertamente de «concesiones».

Pacto de Estabilidad de la UE. Este punto es innegociable para Sánchez y su equipo económico, que controlará Economía y Hacienda. Aunque más de boquilla que en la realidad: tanto Mariano Rajoy como el Gobierno actual han incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit y deuda en los últimos años, por lo que el rigor fiscal bruselense no debería de laminar la coalición. La Comisión Europea cree que el borrador presupuestario que envió Nadia Calviño se desviará tres puntos del PIB con relación al déficit y reclama a España ajustes de cerca de 7.000 millones de euros.

Liberalización del AVE. Se está produciendo ya, diseñada por Adif y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC. El programa de Podemos se compromete a garantizar «la gestión y administración pública de las infraestructuras ferroviarias estratégicas públicas, sin permitir la privatización y la consiguiente precarización de sus trabajadores y trabajadoras». Detener este punto es impensable: para 2020 se espera que la SNCF o TrenItalia (en alianza con Air Nostrum esta última) estén operando ya en España, la primera vez en la historia que Renfe tendrá competidores.

Empresa pública de energía. Es la medida número dos del programa. Pero tendrá muchos opositores, entre ellos la futura vicepresidenta Nadia Calviño (que procede de la burocracia europea), PP o Ciudadanos, por lo que se antoja difícil el parto de un ente similar a la promesa de Podemos. Con la empresa, los de Iglesias quieren «llevar a cabo la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y bajar la factura de la luz». Pero la cosa no empieza con buen pie: Teresa Ribera, designada por Sánchez, continuará ocupando la cartera de Transición Ecológica, según reveló eldiario.es hace dos semanas. La factura de la luz y del gas tendrá que rebajarse por otros medios.

Bankia. La antigua Caja Madrid, nacionalizada en mayo de 2012 para evitar su quiebra, operación que movilizó una enorme inyección de dinero público que seguramente jamás vaya a recuperarse. Podemos propone mantenerla pública para garantizar por ejemplo el crédito para aquellas familias que más lo necesiten frente a los deseos (otra vez) de Calviño: si no ha sido privatizada aún es porque la ministra de Economía creyó que el pasado verano no era el momento. «La situación actual del mercado no permite que esto se pueda abordar de forma rentable», reconoció Calviño. A cambio, los morados lucharán por aplicar un gran impuesto a la banca, especialmente a la receptora de ayudas no devueltas.