Mariano Rajoy parafraseó en octubre a Churchill en presencia de Felipe González: «La mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras». Pablo Iglesias se dirigió con un tono similar a sus simpatizantes el jueves por la noche por carta: «Vamos a gobernar en minoría dentro de un Ejecutivo compartido con el PSOE, en el que nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y en el que tendremos que ceder en muchas cosas».

Si uno lee el programa de Unidas Podemos es muy fácil deducir una cosa: los morados van a tener que tragarse muchas promesas en el futuro Gobierno de coalición cuyos cimientos se pusieron a comienzos de semana. Haya o no un impuesto a la banca, será muy difícil recuperar los 60.000 millones de euros del rescate bancario; la creación de una empresa pública de energía pasa por ser una quimera con solo 35 diputados; adelantar el cierre de las centrales nucleares a 2024 (el anterior Ejecutivo de Sánchez fijó la fecha en 2035) se antoja demasiado optimista; y conseguir la jornada de 34 horas semanales solo resulta viable en el sector público, y aun así parece complicado.

Por eso los de Iglesias van a batallar el tiempo que dure la coalición por sacar adelante el mayor número posible de medidas.

Vivienda: Que UP obtendrá la cartera de vivienda es algo que ni se discute. Lo que sí se está negociando son tanto las competencias como la estructura que tendrá esta futura cartera. Todo está abierto, y podría encajarse tanto en un ministerio como en una secretaría de Estado.

Debido a los precios cada vez más abusivos en las grandes ciudades -que afectan especialmente al alquiler-, es muy probable que Podemos trate de regular dichos precios, como ya lo intentara en febrero pasado sin éxito. En el programa se habla de construir 50.000 viviendas públicas anuales dirigidas al arrendamiento, hasta casi 400.000 en la próxima legislatura (375.000 exactamente): aunque esta potestad recae fundamentalmente en Empresas Municipales de Vivienda y agencias autonómicas como el antiguo Ivima en Madrid, también es muy posible que los de Iglesias se dejen la piel en buscar fórmulas que permitan aumentar la demanda sobremanera. Otra de las intenciones casi seguras de la coalición UP es rehabilitar medio millón de viviendas para promover la eficiencia energética. Tampoco sería descabellado pensar en una iniciativa legislativa para meter en vereda a los pisos turísticos, estilo Airbnb.

Por el contrario, la idea de sacar al mercado so pena de sanción las viviendas vacías puede ser un brindis al sol: no sería la primera vez que una administración lo intenta, sin resultados esperanzadores para solventar el duro acceso al alquiler.

Acabar con las Socimi: Puede ser una de las grandes batallas que de Podemos, que las identifica con «fondos buitre» en el programa. Su resultado dependerá de la capacidad de convencer a Pedro Sánchez. Su liquidación aparece dos veces. «Acabaremos con las Socimi, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda»; y «pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (Socimi)». Los fondos como Blackstone chocarán con el nuevo Ejecutivo casi con total seguridad.

Renta básica: aunque está por ver cómo se aplicaría, la idea de un subsidio cada vez cala más entre la socialdemocracia europea. En el caso de Podemos se plantea un Ingreso Básico Garantizado para los más vulnerables, que suponen casi un cuarto de la población: «Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas». La renta básica sería de un mínimo de 600 euros y de un máximo de 1.200 euros por hogar, según el número de familiares. Seguramente no se entregará esa cantidad, pero no es descartable algo similar como ya sucede en Francia y otros países tan generosos en ayudas sociales.

Impuestos a las clases altas: el programa recoge un Impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar; la creación de una unidad dentro de la Agencia Tributaria para controlar que tecnológicas como Uber, Cabify o Facebook pagan sus impuestos en España; y también «un impuesto a las transacciones financieras», una «reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones» y finalmente «un impuesto específico a la banca». Que el próximo Gobierno apostará por la progresividad fiscal para que los que más tengan más tributen es un hecho. Solo falta diseñar el modelo.

Terminar con las casas de apuestas: Otra de las iniciativas que entran dentro de lo viable, y que en el propio programa se matiza. UP propone cerrar los negocios de azar tanto «online como presenciales» y para ello se plantea impedir que abran antes de las 22 horas, prohibir la publicidad, advertir en la entrada los peligros de ludopatía, clausurar aquellos negocios más cercanos a los centros escolares, vetar los «reclamos» (bonos de comida, descuentos) y, cómo no, aumentar los impuestos a las empresas del juego.

Gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años: Esto es, las guarderías públicas como hiciera Manuela Carmena en Madrid durante su mandato como alcaldesa. Se contempla asimismo «garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica». UP revela una apuesta por la educación pública al pedir acabar con el «pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada», ya que según los morados «esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público».