Fachada del Tribunal Constitucional.
El Pleno del Tribunal Constitucional da la razón a Ciudadanos contra el presidente del Parlament Roger Torrent y los miembros de la Mesa de la Cámara que aprobaron una moción de autodeterminación de la CUP de julio de 2018 contraria a una resolución del Tribunal Constitucional.
Ciudadanos, igual que PSC y Partido Popular, solicitaron la reconsideración de dicho acuerdo y la Mesa desestimó sus solicitudes. En respuesta a dicha decisión, Ciudadanos presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por presunta vulneración del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos en condiciones de igualdad de los diputados reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española por los acuerdos de la Mesa y las decisiones y actuaciones de Torrent que permitieron su eficacia.
Aviso de los letrados
Los diputados de Ciudadanos recordaron en su recurso que la Mesa admitió la moción de la CUP conociendo la sentencia anterior del Tribunal Constitucional y a pesar de las advertencias de los letrados del Parlament.
En el escrito firmado por Inés Arrimadas en nombre de 34 diputados de Ciudadanos, afirmaron que "se vieron en la tesitura de tener que optar entre atender al mandato representativo de los ciudadanos por los que habían resultado elegidos, para lo cual tendrían que asistir a un pleno en el que se iban a debatir contra la prohibición expresa de este Tribunal, una moción manifiestamente inconstitucional o no asistir a la sesión plenaria, lo que les llevaría a tener que ausentarse del pleno para desvincularse de aquellas iniciativas prohibidas, desatendiendo de ese modo sus funciones como tales parlamentarios electos".
Nuevo toque a Torrent
El Pleno del Tribunal Constitucional da la razón a Ciudadanos y concluye que el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la Mesas "cuando adoptaron sus acuerdos y decisiones, eran conscientes de que incumplían los mandatos del Alto Tribunal y, ello, no obstante, a sabiendas, permitieron que la moción y la enmienda transaccional se admitieran y votaran en el pleno del Parlamento de Cataluña de 5 de julio de 2018".
El Alto Tribunal ya ha advertido en distintas ocasiones a Torrent de que si sigue aprobando la tramitación de acuerdos que busquen la autodeterminación u otros objetivos inconstitucionales puede enfrentarse a un delito de desobediencia.
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