En la semana clave para conocer el futuro penitenciario de los líderes del procés condenados por sedición y malversación la Fiscalía insiste en que recurrirá las decisiones de los técnicos de prisiones dependientes de la Generalitat que sean "contrarias a la legalidad".

Los presos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya han avanzado que recurrirán en caso de que no se les conceda el tercer grado penitenciario -que supone ir únicamente a dormir a la cárcel de lunes a jueves- y la defensa de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull también ha reclamado la semilibertad de éstos porque sus circunstancias personales son las apropiadas, según ha argumentado su abogado Jordi Pina en un comunicado remitido a los medios.

La calificación penitenciaria de los políticos independentistas condenados, que decidirá el Govern (consejería de Justicia) con el previo pronunciamiento de la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran, ha sido uno de los temas que se han colado en la mesa de negociación entre PSOE y ERC para alcanzar un acuerdo de gobierno este martes.

Pero el Ministerio Público insiste, como ya avanzó la fiscal general del Estado María José Segarra tras hacerse pública la sentencia del procés, que presentará los recursos oportunos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y el Tribunal Supremo si no considera "adecuado" el régimen penitenciario propuesto, según las fuentes consultadas por El Independiente.

Las mencionadas fuentes aclaran que no pretenden adelantarse a la decisión de los técnicos de prisiones del Govern, que se espera esta semana, pero su actuación "representa la labor de todos los fiscales españoles" y perseguirá que se adopten decisiones "ajustadas a la legalidad". Para ello, revisarán que los técnicos han estudiado individualizadamente la situación de cada una de las personas privadas de libertad y, si se les ha concedido el régimen de semilibertad o tercer grado sin darse las condiciones personales oportunas, presentarán el recurso correspondiente.

La Fiscalía General del Estado solicitó que la sentencia del procés impidiera que los condenados alcanzaran el tercer grado penitenciario hasta que no hubieran cumplido la mitad de la condena impuesta. Sin embargo, el Tribunal rechazó esta opción, así como condenó finalmente a los enjuiciados por sedición y malversación en lugar de por rebelión como solicitó el Ministerio Público.

Oriol Pujol e Iñaki Urdangarin

Las fuentes consultadas por este diario aclaran que un futuro recurso en caso de que se aplique un grado penitenciario que consideren improcedente a los presos catalanes no es algo extraordinario. Es decir, no responde a ninguna motivación política, sino que el Ministerio fiscal mantiene la misma postura respecto a todos los condenados en todos los procesos, que es revisar cada situación personal y vigilar que se aplique el régimen penitenciario oportuno.

Así defienden fuentes del Ministerio Público que se hizo en el caso de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente catalán Jordi Pujol, clasificado en el tercer grado penitenciario por la Generalitat nada más ser condenado a dos años y medio de prisión por el caso de corrupción de las ITV. La Fiscalía recurrió ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la concesión por "trato privilegiado" aunque la Audiencia de Barcelona confirmó el tercer grado.

También en el caso del cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, el Ministerio Público recurrió la decisión de permitirle salir de la cárcel de Brieva (Ávila) dos días a la semana para acudir a un voluntariado en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid) cuando no había cumplido ni una cuarta parte de su condena por el caso Nóos.