Política

Llarena valora mantener la euroorden de Puigdemont a la espera de que la Eurocámara le retire la inmunidad

Cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que pide el mantenimiento de las medidas cautelares contra el ex presidente catalán y un suplicatorio al Parlamento Europeo

Carles Puigdemont, durante la protesta en Bruselas contra la setencia del 'procés'. EFE

Más de una semana después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que otorgó la inmunidad parlamentaria al líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras desde que fue elegido europarlamentario y por extensión al ex presidente Carles Puigdemont, el juez Llarena se ha replanteado su actuación respecto a éste último.

En un primer momento, el instructor del procés valoró retirar la orden europea de detención y entrega a Puigdemont -procesado por sedición y malversación aunque el Supremo aún no ha podido juzgarle por estar fugado en Bélgica- puesto que la sentencia del TJUE reconoce su «inmunidad de desplazamiento vinculada a la condición de miembro del Parlamento Europeo».

Sin embargo, tras estudiar detenidamente la situación y solicitarle la Fiscalía que no retire ninguna medida cautelar y pida al Parlamento Europeo que suspenda su inmunidad, Llarena estaría ahora por mantener la euroorden contra Puigdemont aunque en suspenso hasta que el Parlamento Europeo decida retirarle la inmunidad, si es que lo hace, proceso que se puede prolongar durante meses según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente.

Respaldo de la Fiscalía

La semana pasada, el juez instructor dirigió un escrito a las partes de la causa para que en un plazo de cinco días se manifestaran sobre qué debe hacer con Puigdemont tras la sentencia del TJUE. La Fiscalía, en un escrito remitido el día 23, solicitó a Llarena que mantenga las medidas cautelares contra el ex presidente catalán por la gravedad de los delitos por los que está procesado.

Los cuatro fiscales del Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena firmaron el documento en el que piden al instructor que «comunique de forma inmediata a la autoridad de ejecución de Bélgica la remisión al Parlamento Europeo de la solicitud de suspensión de la inmunidad, al objeto de que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega hasta tanto el Parlamento Europeo decida sobre tal petición».

Por su parte, Puigdemont solicitó a través de su defensa que se retire la euroorden y se archive su causa. «No procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad de movimientos», se podía leer en su escrito, donde también argumentaba que no es necesario solicitar ninguna autorización al Parlamento Europeo para suspender su inmunidad, lo que se conoce como suplicatorio.

El juez belga

En este escenario, y con el apoyo del Ministerio Público, el juez instructor valoraría mantener la euroorden aunque consciente de que no se podría ejecutar hasta que el Parlamento Europeo retire la inmunidad a Puigdemont, si es que lo hace.

Precisamente el pasado 14 de diciembre tuvo lugar la segunda vista ante el juez belga que debía decidir si entregar a Carles Puigdemont a España en respuesta a la orden europea de detención y entrega que Llarena reactivó el 4 de noviembre, tras dictar el Supremo la sentencia del procés que condenó a Junqueras y al resto de líderes independentistas.

La justicia belga ha aplazado la decisión en dos ocasiones. La segunda, a la espera de que el TJUE se pronunciara sobre la inmunidad de Junqueras. El juez belga contaba con el apoyo de la Fiscalía belga para entregar a Puigdemont a España. Pero, tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, parece poco probable por no decir imposible que el juez decida entregar al ex presidente catalán a España después de que se le haya reconocido la inmunidad y el Parlamento Europeo le haya entregado su credencial provisional como miembro de la Eurocámara.

«Paraguas de la inmunidad»

En el escrito dirigido a Llarena, los cuatro fiscales de la causa del procés afirmaron sobre Puigdemont y el consejero de su gobierno Toni Comín, también procesado, que «su presentación como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado 26 de mayo, y su elección en esa fecha, se han producido ya procesados y habiéndose fugado previamente de la justicia española, por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos; de lo que cabe inferir razonablemente que lo que pretendían en realidad era acogerse al paraguas de la inmunidad que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentarios con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce».

En este sentido, la Fiscalía considera que Llarena puede mantener la euroorden contra ellos ateniéndose al artículo 71.2 de la Constitución Española ya que están procesados. Dicho artículo proclama que los diputados y senadores no podrán ser «inculpados ni procesados» sin la previa autorización de la Cámara respectiva. «Los términos son claros: antes de la inculpación o el procesamiento», se leía en el escrito del Ministerio fiscal.

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