La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita al juez Pablo Llarena que mantenga las medidas cautelares que pesan sobre el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, incluida la orden europea de detención y entrega que el juez reactivó cuando se conoció la sentencia del procés.

El Ministerio Público contesta así a la petición que Llarena hizo a las partes de la causa del procés para que se pronunciaran sobre lo que consideran debe hacer el Supremo con Puigdemont y el consejero también fugado Toni Comín, procesados y a los que la pasada semana el Parlamento Europeo entregó una credencial provisional de europarlamentarios después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerara que Oriol Junqueras (y ellos por extensión) tienen inmunidad desde que resultaron elegidos en las elecciones del 26 de mayo.

El Ministerio Público solicita al juez que «a la mayor urgencia posible», comunique al Parlamento Europeo el mantenimiento de las medidas cautelares para salvaguardar los fines del proceso penal» contra Puigdemont y Comín y que «solicite, también a la mayor urgencia posible, al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad».

Igualmente, los cuatro fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena piden al instructor que «comunique de forma inmediata a la autoridad de ejecución de Bélgica la remisión al Parlamento Europeo de la solicitud de suspensión de la inmunidad, al objeto de que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega hasta tanto el Parlamento Europeo decida sobre tal petición».

«Paraguas de la inmunidad»

La Fiscalía considera que «el hecho de que los procesados Carles Puigdemont Casamajó y Antoni Comín Oliveres, lo hayan sido por delitos muy graves y se encuentren en rebeldía por haberse sustraído a la acción de la justicia desde el inicio del procedimiento penal que se sigue contra ellos, justifica la necesidad de mantener las medidas cautelares que pesan contra ambos, y particularmente las órdenes europeas de detención emitidas en fecha 4 de noviembre de 2019».

Los representantes del Ministerio Público afirman, sobre ambos, que «su presentación como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado 26 de mayo, y su elección en esa fecha, se han producido ya procesados y habiéndose fugado previamente de la justicia española, por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos; de lo que cabe inferir razonablemente que lo que pretendían en realidad era acogerse al paraguas de la inmunidad que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentario con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce».

La Fiscalía considera que «los términos son claros» para mantener la euroorden contra ellos en aplicación del artículo 71.2 de la Constitución Española que proclama que los diputados y senadores no podrán ser «inculpados ni procesados» sin la previa autorización de la Cámara respectiva. «Los términos son claros: antes de la inculpación o el procesamiento», se lee en el escrito del Ministerio fiscal.

Los efectos del fallo del TJUE

Tras conocer la sentencia del TJUE que reconoce la inmunidad de Junqueras y por tanto se entiende que también la de Puigdemont para desplazarse al Parlamento Europeo, el juez Llarena pidió a Fiscalía, Abogacía del Estado, defensa del ex presidente y acusación del caso que se manifestaran en los próximos cinco días sobre qué debía hacer con él y el fugado Toni Comín.

Según pudo saber El Independiente, el instructor valora retirar la euroorden contra Puigdemont puesto que la resolución del TJUE le permite, como europarlamentario, desplazarse, y por tanto la orden de arresto en los países de la Unión no tendría mucho sentido. Sin embargo, sí que valora mantener la orden nacional de arresto (igual que también lo solicita la Fiscalía) para asegurar el juicio contra él en el Tribunal Supremo.