Es el tema de debate desde que el Ayuntamiento de León decidiese el viernes, con los votos de Unión del Pueblo Leonés (UPL), PSOE y Podemos, aprobar una moción que reclama a las Cortes regionales y generales la constitución en Comunidad Autónoma independiente de las provincias de León, Zamora y Salamanca. El leonesismo saca músculo para reclamar la restitución de la Región de León, una de las delimitadas por la división territorial de España de 1833 aunque diluida durante la Transición para integrar a León junto a Castilla La Vieja, sin Cantabria ni La Rioja, que emprendieron su camino por libre.

Castilla y León es, para el leonesismo regionalista, un engendro que nunca debió existir y que debe ahora ser rectificado. Se aducen razones económicas, centradas en la despoblación y el presunto centralismo de Valladolid, pero también históricas y sociales. «Somos una comunidad ficticia, León no tiene nada que ver con Castilla», decía este domingo en una entrevista con El Mundo el alcalde socialista de León, José Antonio Díez.

Pero, ¿qué opciones tiene León de conseguir la independencia?

Lo cierto es que ya lo intentó durante el proceso de construcción autonómica, cuando una decisión de la Diputación Provincial pidió revertir el nacimiento e integración de Castilla y León para impulsar la autonomía propia. Sin embargo esa batalla quedó ahogada por el Tribunal Constitucional, que falló en su sentencia 89/1984 que la iniciativa de la Diputación era inútil en ese momento concreto y que la creación de Castilla y León era perfectamente válida.

El fallo, no obstante, era claro en sus fundamentos de derecho: «La presente Sentencia no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la Comunidad Autónoma a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo». La vía quedó abierta y aunque el leonesismo menguó con el tiempo como movimiento social y político, parece resurgir ahora.

Una vía sin futuro en Zamora y Salamanca

La Constitución Española plantea varias vías para conseguir la autonomía. La más sencilla es la que recoge el artículo 143, que consagra el derecho de autonomía a «las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica». Para que eso suceda cada una de las diputaciones implicadas deben aprobar la iniciativa y ésta ser refrendada por dos tercios de los ayuntamientos de cada provincia, siempre y cuando representen al menos al 50% del censo electoral.

Ahí llega la dificultad, a día de hoy insalvable, del proyecto leonesista en su sentido más amplio. Mientras que el proceso podría tener alguna esperanza de salir adelante en León, es prácticamente imposible que lo hiciera ni en Zamora ni en Salamanca, donde el apoyo social y electoral a este regionalismo es residual. En las pasadas elecciones autonómicas la UPL logró un procurador y el 10,2% de los votos en León. En Zamora sólo obtuvo 758 votos y en Salamanca 594. Peores resultados aún obtuvo el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), la otra opción 100% leonesista de entre las disponibles.

Aunque la sensibilidad leonesista está dentro de sectores del PSOE y del PP en León, no lo está en Zamora ni Salamanca, por lo que el proyecto es una quimera sin renunciar previamente a dos de sus tres patas. La iniciativa de León en solitario, sin embargo, es un asunto distinto.

Los números para la ‘independencia’

La moción aprobada por el Ayuntamiento de León es un paso importante, principalmente por peso poblacional. De los 468.000 habitantes de la provincia, más de 125.000 residen en su capital. El voto a favor de la moción acerca la iniciativa al umbral del 50% necesario para que prospere, aunque todavía no es suficiente. La UPL ya ha asegurado que, en una primera fase, presentará estas mociones en municipios que gobierne o en los que tenga mayoría, posteriormente en todos aquellos en los que tenga representación y por último en todos los restantes.

Durante el primer fin de semana de agitación han sido seis los ayuntamientos que han apoyado la petición. Además de León lo han hecho Castrocontrigo (807 habitantes), Cabrillanes (779), Crémenes (570), Valderrey (450), Cabreros del Río (421) y Matadeón de los Oteros (236). Está previsto que este lunes lo haga también Santa María del Páramo (3.104), gobernado por UPL con mayoría absoluta. La causa sufrió un revés en San Justo de la Vega (1.912 habitantes), donde el PP impidió que la moción saliera adelante.

Las primeras horas han concentrado el apoyo de los consistorios de UPL, pero los gobernados por PSOE y PP son mayoría y las direcciones nacionales no apoyan la causa

En apenas 72 horas, la moción leonesista habrá conseguido sumar a unas 132.000 personas representadas por ocho ayuntamientos. Sin embargo, para que la iniciativa prosperase y tuviera que ser remitida al Congreso de los Diputados debería contar con el apoyo de al menos 159 ayuntamientos de los 211 que forman la provincia, siempre y cuando representen a, por lo menos, 235.000 personas aproximadamente.

Ese largo camino resultará imposible de recorrer únicamente con los consistorios en manos de UPL, que controla poblaciones relevantes como Sariegos o Santovenia, y otras más pequeñas con unos 10.000 habitantes en total, aunque no todas con mayoría absoluta. Aun así, seguiría siendo necesario el apoyo a la moción de PSOE o PP en grandes ayuntamientos, lo que se antoja complicado dada la beligerancia con la que se ha recibido el asunto en las sedes de Ferraz y Génova. Tampoco Ciudadanos está por la labor.

Poblaciones medianas o grandes como San Andrés del Rabanedo (31.000 habitantes, con mayoría de PSOE y PP), Villaquilambre (18.000 habitantes, con UPL como quinta fuerza), Astorga (11.000, con el PP como fuerza más votada) o La Bañeza (10.000 habitantes, sin representación leonesista) complicarán el camino de los números, enrevesado también por la realidad política y social de la región.

Ponferrada y la particularidad de El Bierzo

Además del número de ayuntamientos necesarios, el umbral de población difícilmente se alcanzaría sin la participación de Ponferrada (65.000 habitantes), capital de la comarca de El Bierzo que históricamente reclama su singularidad dentro de León, y que también recuerda que fue reconocida como provincia antes incluso de la división de 1833. El bercianismo, con su lengua propia conectada con el gallego y sus propias trifulcas internas y reclamaciones regionales, desdeña el centralismo provincial leonés como León lo hace con Valladolid a nivel autonómico.

Ambos movimientos no son sencillos de casar, aunque algunas voces del segundo analizan que una provincia de El Bierzo sería más viable dentro de una Comunidad Autónoma leonesa que en la actualidad. Sin embargo, los recelos son grandes y la distribución del voto bercianista es desigual en la propia comarca.

Así Ponferrada, cuyo voto se antojaría decisivo como en el caso de Segovia lo fue el de Cuéllar, cuenta con 9 concejales socialistas, 6 del PP, 2 de la Coalición por el Bierzo, Ciudadanos, USE Bierzo, Partido Regionalista Berciano y Podemos.

Las cuentas, ya ven, no son sencillas. Aunque el leonesismo haya comenzado a hacerlas.