La tensión alcanzó cotas altas entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaron este jueves en su Pleno si Dolores Delgado es apta para desempeñar el cargo de fiscal general del Estado para el que Pedro Sánchez la ha propuesto.

El órgano de los jueces avaló finalmente su nombramiento, aunque con siete votos en contra de los miembros conservadores que aludieron en un voto particular a su último cargo como ministra de Justicia, su vinculación con el PSOE y la imposibilidad de que pueda pronunciarse sobre la causa del procés como motivos de falta de idoneidad. «No basta con que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se haga», afirmaron los discordantes recurriendo a un proverbio inglés. Se trata de la primera vez que el nombramiento de una fiscal general sale adelante con tantos votos en contra de miembros del CGPJ.

Los vocales del bloque progresista (propuestos por PSOE, IU y PNV) más el presidente del órgano de los jueces Carlos Lesmes votaron a favor de su nombramiento. Los conservadores (propuestos por Partido Popular y CiU), en contra. La votación del informe -preceptivo, no vinculante, que se entregará al Consejo de Ministros- provocó una clara división de dos bloques entre los vocales. Tanto fue así, que tres de los progresistas emitieron un voto concurrente para afear la actitud de los conservadores.

Una de ellas fue la vocal Concepción Sáez, propuesta por Izquierda Unida, que protagonizó el momento de mayor ruptura durante la votación del Pleno. Reprochó a los que votaron en contra que, si Delgado reúne todos los requisitos previstos en la Ley del Poder Judicial, (ser española, con 15 años de trayectoria y jurista de reconocido prestigio), no se puede poner en duda su idoneidad.

Consideró que cualquier razón fuera del análisis de dichos requisitos técnicos no tiene sentido. «Si la decisión no es unánime es porque ustedes votarán atendiendo a su ideología», lanzó a quienes plantearon el voto particular durante el intenso rifirrafe vivido entre los miembros del órgano de los jueces.

Sáez -que en las votaciones para avalar a los fiscales generales José Manuel Maza y Juan Sánchez Melgar (propuestos por el Gobierno de Rajoy) votó en contra- trasladó así la idea de una ruptura ideológica del Pleno en la que quienes votaran contra el nombramiento de Delgado lo harían por sus intereses contra el Gobierno del Partido Socialista, según entendió ella.

Argumentos de los discordantes

La votación ya comenzó de una manera atípica, pues el presidente Lesmes excluyó de su propuesta para avalar a Delgado la palabra «idoneidad», tratando así de que el consenso entre los vocales fuera mayor si se limitaran a valorar que Delgado cumplía o no las condiciones legales para el cargo. De paso, encontró la fórmula para ponerse de lado en el asunto.

Sin embargo, ni así pudo evitar el enfrentamiento. La vocal Nuria Díaz Abad, entre los conservadores, emitió un voto particular discrepante al que se adhirieron los otros seis vocales José María Macías (propuesto por CiU) Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, (todos propuestos por el PP).

En éste, consideraron que Delgado no es apta puesto que acaba de ser ministra de Justicia en el Gobierno socialista y también diputada independiente para dicho partido, lo que supone, a juicio de éstos, «un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado», se puede leer en el voto particular.

En éste también destacaron que «las circunstancias que concurren en la candidata propuesta son hechos que provocan una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir lo que comporta a su vez que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones».

«Finalmente quisiéramos observar también la dificultad que en la práctica puede plantear el hecho de que haya de abstenerse de intervenir en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento en su etapa anterior como ministra de Justicia. En atención a todo ello consideramos que la candidata propuesta no es idónea para desempeñar el cargo de fiscal general del Estado».