Política

El Gobierno, dispuesto a pactar con el PP la presidencia del CGPJ

El órgano de Gobierno de los jueces está en funciones desde hace más de un año por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos del Congreso y el Senado

Reunión del Pleno del CGPJ EP

El Gobierno socialista y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, estarían dispuestos a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en caso de llegar a un consenso sobre la persona a quien situar en la presidencia del órgano de los jueces.

Fuentes jurídicas avanzan a El Independiente que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario ejecutivo de Justicia del Partido Popular, Enrique López, ya han mantenido algún encuentro para avanzar en la propuesta de los vocales del órgano de los jueces que lleva en funciones más de un año por la falta de acuerdo político, a pesar de que públicamente ni PSOE ni PP reconozcan que la negociación ha comenzado.

Las elecciones del pasado 10 de noviembre arrojaron un resultado en el que Partido Popular y Partido Socialista cuentan con los escaños suficientes en el Congreso de los Diputados y el Senado para proponer y elegir a los jueces. A principios de diciembre, fuentes del PP trasladaron a este diario que no negociarían la renovación ante la desconfianza en la formación de Pedro Sánchez por su «dependencia de Esquerra Republicana de Catalunya» para formar Gobierno con Podemos. Consideraron que abrir el melón de la negociación tanto del Tribunal Constitucional como del CGPJ supondría ceder el control de los órganos a representantes más progresistas y sensibles a las reclamaciones del independentismo, así como perder la mayoría conservadora.

Sin embargo, ya con el Gobierno en marcha y tras la insistencia del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para que se aborde la renovación cuanto antes, la situación parece haber cambiado.

Los 20 vocales que componen el CGPJ son propuestos por los partidos políticos, que eligen a 12 de sus miembros entre el total de candidaturas oficiales presentadas por las asociaciones judiciales o con los avales de compañeros de carrera. Tres quintas partes del Congreso de los Diputados eligen a la mitad de ellos y la misma proporción del Senado, a la otra mitad. Los vocales elegidos votan al presidente, que también ejerce como presidente del Tribunal Supremo.

«Que no ocurra lo mismo que con Marchena»

Las fuentes jurídicas consultadas por este diario avanzan que la clave de la renovación del órgano de los jueces entre Campo y López podría estar en la designación del presidente. Según las citadas fuentes, el PP podría aceptar quedarse con dos miembros menos propuestos por ellos frente al PSOE con la condición de que el magistrado a situar en la presidencia sea consensuado entre los dos partidos.

Precisamente esa fue la situación que se dio en noviembre de 2018, cuando el PP aceptó quedarse a nueve miembros frente a once propuestos por el PSOE con la condición de que el magistrado Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala que juzgó a los miembros del procés, saliera elegido presidente.

Sin embargo, el acuerdo saltó por los aires cuando se filtró un mensaje de móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, al resto de senadores populares en el que presumía del buen lugar en el que quedaba su partido tras el acuerdo entre las dos formaciones para colocar a Marchena como presidente del órgano de gobierno de los jueces: “Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11”. “Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente pero ponemos a un presidente excepcional, un gran jurista con capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda [Sala de lo Penal del Supremo que juzgó a los líderes del procés] desde detrás”.

La filtración del mensaje, tras la que en el PP sospechan que estuvo el PSOE, provocó que Marchena rechazara presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo reivindicando la independencia judicial, que quedó totalmente en entredicho tras salir a la luz los entresijos de la negociación. Por eso, las fuentes consultadas afirman que, ante todo, los negociadores deben avanzar con el máximo sigilo «para que no ocurra lo mismo que con Marchena». En aquella ocasión, los negociadores fueron los ex ministros de Justicia Rafael Catalá y Dolores Delgado por parte de PP y PSOE, respectivamente.

Las anteriores fuentes citadas consideran que, en esta ocasión, la relación cordial entre Campo y López, que se conocen desde hace años, puede llevar a buen puerto, aunque no creen que vaya a ver un resultado pronto.

En este sentido, fuentes del propio CGPJ consultadas fían la rapidez o lentitud de la negociación, en parte, a la situación política de Cataluña. Creen que un adelanto electoral podría hacer que el acuerdo se retrase durante largos meses o se tome muy pronto, in extremis, antes de la convocatoria. Esto se debería, según explican, a que los dos partidos entrarían en «modo electoral» y sería difícil vender, al menos de cara a la galería, un acuerdo entre ambos para algo tan importante como la renovación del CGPJ. Sin embargo, consideran que tampoco sería imposible puesto que en ocasiones anteriores el acuerdo se alcanzó a pesar de que la relación entre ambos partidos en el resto de asuntos públicos fuera de enfrentamiento.

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