El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha apreciado desatención o falta de actividad en la jueza de Sevilla María Núñez Bolaños y achaca los retrasos en su Juzgado a la carga de trabajo y a la complejidad de asuntos como el caso ERE.

Así lo indica dicho servicio del CGPJ en un informe provisional realizado tras la visita cursada en octubre de 2019 al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -en el que se ha venido instruyendo la conocida como causa de los ERE y las numerosas piezas derivadas de ella-, a raíz de una denuncia presentada en julio por la Fiscalía Anticorrupción.

El informe, fechado el pasado 16 de diciembre, concluye que la situación general del juzgado es satisfactoria y resalta el esfuerzo de todos los que trabajan en él, incluyendo a la propia jueza, según ha desvelado este lunes la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), a la que pertenece la magistrada.

El fiscal jefe de Anticorrupción, en cambio, le atribuía una falta muy grave o grave por «desatención y retraso injustificado» en su trabajo.

En el informe del CGPJ, al que ha tenido acceso Efe, los inspectores destacan la «excelente predisposición» de la magistrada y el resto del juzgado a colaborar con ellos y recuerdan que Núñez, de baja por motivos personales, los acompañó el primer y el último día «y participó de forma muy positiva».

Los inspectores elogian «la documentación, estructuración, organización y control de las macrocausas», que «ha facilitado su inspección de una forma sistemática y organizada» gracias a su digitalización, lo cual es «un trabajo y esfuerzo plausibles».

Paralizaciones y retrasos

En cuanto a las «paralizaciones o retrasos», el CGPJ considera que «no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general» del juzgado o de la magistrada y añade que los escritos, diligencias o trámites «se realizan en unos plazos razonables» teniendo en cuenta «la carga de trabajo» del juzgado.

Los inspectores también afirman que el «arduo número de incidentes procesales», las «innumerables solicitudes de sobreseimiento (…) y peticiones de diligencias» o los «numerosos incidentes y recursos» han «influido en la duración de la instrucción» y «lastrado seriamente todo el trámite».

Para los inspectores, la «capacidad de reacción» de la jueza para resolver algunas «demoras» fue la «adecuada».

El CGPJ también resalta la «limitación» del juzgado «durante todo 2018» debido a la celebración del juicio oral, del que salieron condenados diecinueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han explicado a Efe que el informe llegó el viernes al promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, y fue notificado también a la jueza, que puede presentar alegaciones.

Después, el promotor tendrá que decidir si archiva las actuaciones a raíz de la denuncia de la Fiscalía o acuerda la apertura de un expediente.

En un comunicado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) reitera su apoyo a la jueza Núñez y «al ejercicio independiente de su función jurisdiccional» y reclama «que le permitan seguir trabajando sin interferencias para que los complejos asuntos de los que está conociendo puedan llegar a su fin».

«Hemos defendido públicamente la profesionalidad de esta magistrada en varias ocasiones anteriores, exigiendo respeto para su trabajo ante los reiterados ataques, incluso personales, a los que se ha visto sometida, algunos de los cuales excedían el límite de la crítica razonable a una servidora pública que resulta admisible en un Estado democrático», comenta la AJFV.