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La crisis del vertedero de Zaldibar complica el inicio de campaña de PNV y PSE

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La crisis del vertedero de Zaldibar complica el inicio de campaña de PNV y PSE
Un helicóptero arroja agua sobre un incendio ocasionado en el vertedero de Zaldibar.

Un helicóptero arroja agua sobre el vertedero de Zaldibar.

Resumen:

Habían pasado cuatro días. Los cuerpos de los dos trabajadores sepultados por el desprendimiento de medio millón de metros cúbicos de tierra seguían sin poder ser encontrados. En el ayuntamiento de Zaldibar dos máximos responsables del Gobierno vasco estaban a punto de dar las primeras explicaciones sobre la situación. Los ciudadanos no lo sabían, -ellos sí-, pero a la legislatura vasca le quedaban sólo tres horas. Esa mañana el responsable de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, y la titular de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, daban la cara por primera vez. Arriola incluso aseguraba que acudiría al Parlamento Vasco para dar explicaciones. Por la tarde quien dio la cara fue el máximo responsable del Gobierno, Iñigo Urkullu. Lo hizo en Lehendakaritza después de anunciar que adelantaba las elecciones autonómicas al 5 de abril y temiendo más las preguntas del grave accidente de la ladera caída sobre la A-8 que las cuestiones relativas a los nuevos comicios anunciados.

Al PNV y al PSE se les acababa de atragantar el arranque electoral. Y el caso amenaza con prolongarse durante toda ella. La causa más incómoda de la legislatura jamás la hubieran esperado. No se trataba de un nuevo caso de corrupción, en el que la política ya tiene asentado un argumentario ‘ad hoc’, ni de un balance legislativo cuestionable de la oposición o de una fractura política al uso. El ‘caso Zaldibar’ es un siniestro que acumula una semana de malestar en familias y vecinos afectados, horas y conversaciones en televisiones, radios, redes sociales y tabernas.

El desprendimiento de una ladera sobre la A-8 la tarde del jueves día 6 desveló horas más tarde no sólo problemas de coordinación sino una secuencia iniciada meses atrás de informes, denuncias desoídas, advertencias sobre el estado del vertedero de informes incumplidos relativos al vertedero que desde lo alto de la colina precipitó la desgracia. La caída de la ladera sobre la que se asienta aún tiene enterrados a dos de sus operarios, Alberto Sololuze, de 62 años, -y a sólo un año de jubilarse-, y a Joaquín Beltrán, de 51 años.

La gestión de este suceso ha situado al Gobierno de coalición en una situación incómoda a sólo 52 días de la cita electoral. La oposición ya ha anunciado que solicitará la comparecencia en la Diputación Permanente tanto de Urkullu como del consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola. La izquierda abertzale, con gran presencia en los municipios del entorno, ha elevado el tono y amenaza con exprimir este siniestro como arma de desgaste electoral. En el PP también anuncian la petición de comparecencias de los responsables nacionalistas.

«Falta de humanidad»

A Urkullu los sindicatos le han acusado incluso de “falta de humanidad” por el modo en el que se ha comportado en este suceso. Al lehendakari se le vio notablemente dolido y molesto con las críticas que a través de los medios de comunicación y en particular de las redes sociales se han vertido contra él y sus consejeros. Mientras los servicios de rescate buscaban a los dos trabajadores desparecidos, y sin que hasta entonces se hubiera pronunciado ningún alto responsable del Ejecutivo vasco, el portavoz del Gobierno subió a las redes un tuit con su última cima montañera. Josu Erkoreka, gran aficionado a la montaña, acostumbra a hacerlo. Las críticas recibidas le forzaron a eliminar el mensaje.

Algo similar le ocurrió a Urkullu cuando en la comparecencia para anunciar el adelanto electoral justificó su ausencia en el lugar de los hechos por tratarse de un “accidente laboral” y no de una catástrofe natural. También aseguró que no acude a los lugares físicamente, “no se trata de estar por estar, de hacer una escenificación” sino de ponerse al frente de un gabinete de crisis. Defendió su actuación al estar informado “permanentemente” y liderando la mesa de crisis constituida el martes por la tarde.

Para entonces las críticas al Ejecutivo le habían llovido de todos los partidos de la oposición. Las formaciones que integran la coalición apostaron por un prudente silencio. El ovillo que ya se había creado comenzó sólo horas después de que se produjera el siniestro, cuando tras casi diez horas de búsqueda de los desaparecidos se pararon los trabajos tras detectar la presencia de amianto en las tierras caídas del vertedero. El peligro para la salud de los miembros de los equipos de rescate precipitó las primeras críticas.

A la mañana siguiente los primeros incendios en el vertedero, propiedad de la empresa Verter Reciclyng 2002, sumaron al malestar el temor a la posible emisión de gases peligrosos al aire y al entorno de las localidades cercanas, Ermua (PSE), Eibar (PSE) y Zaldibar (PNV). La falta de información denunciada por los vecinos durante todo el fin de semana, las dudas sobre la salubridad del agua y el aire y el silencio de los máximos responsables del Gobierno fueron calentando las vísperas del adelanto electoral que para entonces Urkullu ya tenía decidido anunciar el martes.

Una empresa «privada»

Ese mismo día por la tarde, miles de vecinos de los municipios cercanos, gobernados por el PNV y el PSE, salían a la calle para reclamar más información, medios y celeridad en la resolución del siniestro. En las últimas horas las informaciones sobre la calidad del aire y el agua se han intensificado.

Las familias de los dos hombres sepultados no han dejado de denunciar el desamparo en al que se han sentido y lo que consideran que es una dejación de medios en la búsqueda de sus seres queridos. La fragilidad del estado de la ladera, la extensión de búsqueda y la existencia de materiales peligrosos ha complicado sobremanera la búsqueda. En muchos tramos se ha llevado a cabo a mano, a cargo de personal especializado en al tratamiento de materiales peligrosos. Además, en varias ocasiones los trabajos han tenido que ser paralizados por el riesgo detectado.

En todos estos días, mientras el Gobierno PNV-PSE intentaba capear el temporal de críticas a horas del inicio de una precampaña, el foco comenzó a poner en la empresa titular del vertedero. El Ejecutivo de Urkullu han reforzado en las últimas horas la idea de que la responsabilidad es de “una empresa privada” a la que ya se le habían detectado incumplimientos e irregularidades por las inspecciones de los servicios de medio ambiente y que debía haber subsanado. A ello sumó ayer el anuncio de unas diligencias previas por parte de un juzgado de Durango –en una causa en la que por ahora no está personado el Ejecutivo- por un posible delito laboral y medioambiental.

Un mensaje con el que procura rebajar la posible responsabilidad de la Administración en este caso después de que se supiera que hacía ya siete meses que el departamento de Medio Ambiente –en manos del PSE- detectara irregularidades en las condiciones del vertedero. Incumplimientos que apremió a corregirlos antes del 30 de septiembre. En octubre la empresa, Verter Reciclyng 2002 aportó el estudio de una ingeniería que avalaba el buen estado y estabilidad de las laderas. Sin embargo, el servicio de inspección medio ambiental ya había concluido que ni las mediciones de emisión del metano ni algunos de los rellenos llevados a cabo por la empresa cumplían con la normativa. “Estábamos a punto de sancionarlos”, aseguraron desde la consejería días después del accidente.

En las últimas horas familiares de uno de los operarios sepultados, Alberto Sololuze, han denunciado que en varias ocasiones les trasladó su preocupación por la inestabilidad de la ladera en la que trabajaba y el temor a que “en cualquier momento podría ocurrir una desgracia”. A la indignación de las familias, de muchos de los vecinos del entorno y de toda la oposición, el Ejecutivo de coalición ha sumado estos días el de algunos de los consistorios de sus propias filas. Ante el anuncio de que los restos contaminados caídos de la ladera deberán ser almacenados en algún vertedero cercano, los ayuntamientos aludidos, los de Zalla y Mallabia -ambos del PNV-, ya han dicho no al Gobierno.

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