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El Gobierno no halla irregularidades en los 92 millones gastados en el cementerio nuclear de Villar de Cañas

Enresa ha investigado todos los contratos y gastos del proyecto de almacén nuclear ejecutados durante ocho años. El Gobierno ha renunciado a Villar de Cañas y busca otras opciones para guardar los residuos radiactivos de las centrales españolas.

El municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, donde está previsto construir el almacén de residuos nucleares.

El municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, donde está previsto construir el almacén de residuos nucleares. Europa Press

El Gobierno da por descartado el proyecto de construir un almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca. El Ejecutivo ha renunciado a continuar con esa opción para construir un cementerio nuclear y lo achaca a los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios independientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica oficialmente aún no ha adoptado la decisión de descartar Villar de Cañas a la espera de poner en marcha el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Pero el plan del Gobierno pasa por buscar otras ubicaciones alternativas para construir el almacén donde se guardarán los residuos de las centrales nucleares durante 60 o 70 años, e incluso se valora mantener la basura nuclear en los almacenes que ya hay en cada una de las centrales nucleares.

El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa tras la moción de censura, ya decidió paralizar en julio de 2018 el proceso para que el proyecto obtuviera la licencia de construcción. Y entonces pidió a Enresa –la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos en España y responsable del futuro almacén nuclear- que realizara una auditoría en profundidad de los casi 92 millones de euros ya gastados durante ocho años para poner en marcha el proyecto.

Las inspecciones de todos los contratos no han revelado ninguna irregularidad, según confirman a El Independiente fuentes de Enresa. Entre finales de 2011 y hasta ahora, el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas ha supuesto un coste exactamente de 91,6 millones de euros destinados, entre otros aspectos, a la compra de los terrenos, el análisis de los suelos, las infraestructuras (viales, electricidad, agua…), la ingeniería o la construcción de edificios convencionales como un laboratorio, una nave y un edificio de servicios múltiples.

“En este periodo se han llevado a cabo numerosos trabajos de auditoría e inspección tanto interna como externa, ninguno de los cuales ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades”, sentencian desde la compañía pública, que acaba de paralizar la adjudicación de nuevos contratos relacionados con el almacén conquense.

Enresa renuncia a seguir con el proyecto

El consejo de administración de Enresa ha decidido esta misma semana renunciar a los procesos de adjudicación de cuatro grandes contratos fundamentales para la construcción del almacén en Villar de Cañas por un importe conjunto de unos 240 millones. Entre las licitaciones finiquitadas está la del contrato principal para la construcción de la obra civil del cementerio nuclear, por 217,7 millones de euros. En la práctica, eso significa decir adiós por completo al proyecto.

“Enresa decidió no adjudicar los expedientes, dado que el proyecto técnico que fue objeto de licitación ha sufrido una importante reformulación, fruto de la actividad de los órganos de control competentes durante el proceso de licenciamiento, y, por tanto, el proyecto no responde a la necesidad a satisfacer”, explican desde Enresa. “Una vez finalizado el análisis de los aspectos tanto técnicos como jurídicos, se ha concluido que dada la obsolescencia del proyecto, la formalización de los contratos resultaría contraria al interés público”.

No obstante, la decisión final sobre el futuro del Almacén Temporal Centralizado y su emplazamiento no corresponde a Enresa, sino que es competencia directa del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Gobierno ya paralizó la tramitación del proyecto de construcción del almacen de residuos nucleares en Villar de Cañas, solicitando al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio de 2018 que suspendiera el expediente para dar el visto técnico al permiso de construcción del cementerio nuclear. El Ministerio esgrimió que se trataba de una paralización temporal, congelando los trabajos del CSN y toda la tramitación hasta tomar una decisión definitiva sobre el futuro del almacén nuclear, y hasta elaborar la planificación energética a largo plazo del país y un nuevo plan nacional de residuos nucleares.

La hoja de ruta del Gobierno con los objetivos energéticos hasta 2030 ya está lista y se ha pactado con las eléctricas un calendario para el cierre de cada central nuclear entre 2028 y 2035. Ahora toca tomar una decisión definitiva sobre el cementerio nuclear y se va a adoptar de manera paralela al nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que debe poner en marcha el Ejecutivo.

Baja la amenaza de Bruselas

Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos en España, ha elaborado una propuesta de nuevo plan nacional de desechos nucleares. El proyecto ha estado guardado en un cajón todo el tiempo en que el Gobierno estuvo en funciones entre unas elecciones generales y otras. Enresa ha hecho llegar su propuesta formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica de manera inminente.

El actual PGRR fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y ahora Ejecutivo tiene que poner en marcha un nuevo plan con las previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo financiar todas estas actuaciones. Y lo hará bajo la amenaza de la Comisión Europea de denunciar a España por el enorme retraso que acumula ya la aprobación del nuevo plan. Todos los estados miembro estaban obligados a presentar el plan en 2015.  

De hecho, Bruselas dio el pasado noviembre un plazo de dos meses a España para adoptar el nuevo plan de basura nuclear y, si no lo hacía, denunciará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Transcurrido el plazo del ultimátum, el Gobierno español trata de impulsar el nuevo programa de residuos nucleares y esgrime ante la Comisión Europea la situación de interinidad en que ha estado durante gran parte de 2019 para ganar tiempo.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018. Pero más de ocho años después de que el Consejo de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas para instalar el cementerio nuclear, las obras ni siquiera han empezado. Las 52 hectáreas elegidas para ubicarlo siguen siendo campo. Campo vallado, y con un cartel oficial anticipando lo que habrá allí, o lo que tendría que haber. Pero nada más.

Enresa hasta ahora apostaba por guardar los residuos de alta actividad de las centrales nucleares la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC), donde se concentraría la basura nuclear durante entre 60 y 70 años, a la espera de la futura instalación de un almacén geológico profundo (AGP), donde se guardarán los residuos para siempre.

En varios de los borradores que ha manejado Enresa en los últimos meses del nuevo PGRR –y a la espera de conocer el texto definitivo que ha podido incluir algunas modificaciones- se contemplaba que el nuevo cementerio nuclear temporal esté completado en 2028, con la opción de que parte de las instalaciones ya pudieran estar operativas antes, en 2026.

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