El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha puesto al frente de la tradicional Dirección General de los Registros y el Notariado -a la que el gobierno socialista ha rebautizado como Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública- a la fiscal progresista Sofía Puente Santiago (Valladolid, 1970).

El nombramiento ha provocado «revuelo y asombro» entre los propios trabajadores del Ministerio de Justicia y en el ámbito notarial, según informan fuentes jurídicas a El Independiente, puesto que al frente de dicha dirección general, existente desde hace 160 años, tradicionalmente estuvo un notario o un registrador de la propiedad.

Sofía Puente, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que también formó parte la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tomó posesión del cargo tras cesar de éste, el pasado 30 de enero, el notario madrileño Pedro José Garrido Chamorro.

Puente se licenció en derecho por la Universidad de Valladolid en 1993 e ingresó en la carrera fiscal en 1996. Desde entonces, ha desempeñado su trabajo en las fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid. También ha sido fiscal delegada de violencia sobre la mujer y directora del Centro de Estudios Jurídicos entre 2010 y 2012, así como vocal del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018, según la información de la Administración de Justicia.

Notaria Mayor cuando no esté Campo

El cargo que Puente ocupa desde el 30 de enero tiene vital importancia en Justicia puesto que, por ejemplo, cuando el ministro no puede ejercer por cualquier circunstancia, el/la director/a general de Registros y Notariado ejerce como Notario Mayor del Reino. Asimismo, el responsable de dicho órgano también es el presidente del tribunal calificador de las oposiciones a Notarías.

La Dirección General con más solera del Ministerio de Justicia ha experimentado una importante transformación con el gobierno de Pedro Sánchez a través de un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 28 de enero.

Además del cambio de nombre, con éste la Dirección de Notariado y Registros pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia (antes dependía de la Subsecretaría). Las dos subdirecciones en las que se divide dicho departamento se encargan de decisiones que afectan directamente a los ciudadanos, como los proyectos legislativos sobre nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza; la ordenación y funcionamiento del Registro Civil o la organización, dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública notarial y los registros de la propiedad, bienes inmuebles y mercantiles.