Política

Policías y guardias civiles temen que Interior cierre la equiparación salarial con el tercer pago

Sindicatos y asociaciones insisten en que el Ministerio del Interior se comprometió a impulsar una ley que blinde en el futuro la igualdad retributiva / La Mesa del Congreso vetará este martes la tramitación de la ILP que acabaría con la brecha con los Mossos

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Policías y guardias civiles temen que Interior cierre la equiparación salarial con el tercer pago
Grande-Marlaska y la entonces secretaria de Estado de Seguridad, con los representantes de policiales y guardias civiles la pasada legislatura.

Grande-Marlaska y la entonces secretaria de Estado de Seguridad, con los representantes de policiales y guardias civiles la pasada legislatura.

Resumen:

Policías nacionales y guardias civiles sospechan que el veto ante la Mesa del Congreso que formalizará este martes el Gobierno para que no se tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol es la prueba que anticipa que el Ministerio del Interior se desentenderá del espíritu del acuerdo de equiparación salarial firmado por el Ejecutivo del PP en marzo de 2018 cuando dentro de unos meses abone el tercer tramo.

El bipartito anunció a finales de la pasada semana que vetaba la tramitación parlamentaria de la ILP al entender que es «insostenible» igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios por cuanto cada administración tiene sus competencias en esta materia. El PSOE ya defendió en noviembre de 2018 que la propuesta original era «contraria a preceptos constitucionales» y que «abría diferencias entre funcionarios del Estado».

A la espera de que se concrete el reparto entre policías nacionales y guardias civiles de los 247 millones de euros correspondientes al último tramo, con el que se completarían los 807 millones comprometidos inicialmente, la sensación que se extiende entre los agentes es que el Ministerio del Interior convertirá en papel mojado dos de las cláusulas que detalla el acuerdo firmado con Juan Ignacio Zoido hace casi dos años: ni habrá correcciones en los cálculos para que la igualdad retributiva sea «total y absoluta» (la primera) ni se atisba por ahora el impulso a las «medidas legislativas que sean necesarias» a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan «una disfunción salarial» entre policías, como detalla el documento en su punto octavo.

«Creemos que estamos ante una prueba más, seguramente la definitiva, de que el Gobierno da por cumplido el acuerdo de 2018 sólo con el pago del tercer tramo y que no tiene una intención real de llevar a efecto el resto de cláusulas. Hace meses que se nos entregó un trabajo de auditoría que no sólo no aceptamos sino que tenemos judicializado. Al Gobierno no le interesa saber cuánto dinero hace falta más para lograr la equiparación. Y no hay voluntad, como vemos ahora, de que una norma, sea aprobada mediante ILP o la cláusula octava del acuerdo que firmamos en su momento, acabe para siempre con esta desigualdad», expone Víctor M. Vigil, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP).

Este sindicalista no olvida que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya pidió al Consejo de Estado un dictamen que concluyó que los acuerdos adoptados por el equipo de Zoido no les vinculaban jurídicamente, lo que allana el camino al incumplimiento. «El escenario que se abre ahora es el de la reivindicación, la exigencia de cumplir lo acordado. En los tribunales, como venía haciendo CEP, pero también en la calle. Porque las vulneraciones del acuerdo están siendo reiteradas y los policías no entendemos por qué. Nos debemos a ellos y nos sumaremos a las protestas que busquen avanzar en la igualdad salarial, sin peros ni matices. Esto ya no es una cuestión de siglas. Es exigir al Gobierno que nos respete», zanja.

Sindicatos y asociaciones insisten en que Interior se comprometió a impulsar una ley que blinde en el futuro la igualdad retributiva con los Mossos d’Esquadra

Junto con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la CEP fue una de las organizaciones que el 12 de marzo de 2018 firmaron un acuerdo histórico para la subida de las retribuciones a los funcionarios del Cuerpo Nacional y de la Guardia Civil. No así la plataforma Jusapol, que se negó a suscribirlo con el argumento de que los 807 millones representaban poco más de la mitad del dinero que -en su opinión- se necesitaba realmente: 1.500 millones de euros.

«Estoy totalmente convencido de que, con los 247 millones, el Gobierno quiere finiquitar el acuerdo de equiparación salarial. Todos sabemos que hubo influencia en la auditoría externa, todos sabemos que pidieron una opinión [al Consejo de Estado] para ver si podían romper este pacto, todos sabemos que cuando estaba en el oposición al señor Pedro Sánchez se le llenaba la boca con el tema de la equiparación y resulta que se le ha olvidado rápido», critica Pablo Pérez, portavoz de Jupol (el brazo de Jusapol en la Policía).

Pérez advierte de que la respuesta al veto del Gobierno a la ILP -para la que llegaron a reunir 550.000 firmas- será el «endurecimiento» de las medidas de protesta en la calle, como quieren poner de manifiesto este martes por la mañana a las puertas del Congreso. Jusapol tratará de movilizar a centenares de policías y guardias civiles procedentes de diversas provincias de España.

Jupol: «Sí hay dinero para Cataluña»

«Basta ya de mentiras. Sí que hay dinero, que no nos engañen. Hemos visto una última partida presupuestaria para Cataluña, para Mossos e infraestructuras, que supera los 1.500 millones. Eso de que no hay dinero es mentira. Lo hay para quien ellos quieren, a quien ellos se deben porque es presidente gracias a ellos», agrega.

El SUP considera que ha llegado el momento de que el ministro Grande-Marlaska «declare públicamente su compromiso» con la totalidad de las cláusulas que su antecesor en el cargo rubricó con los representantes de ambos Cuerpos. «Los policías nacionales estamos a la altura de los retos contra los que luchamos y la nuestra es una de las instituciones más valoradas de España. Eso es así por la eficacia en el servicio, los resultados contra la delincuencia, la cercanía al ciudadano y el rigor de nuestro trabajo», expone Mónica Gracia, secretaria general de este sindicato.

Gracia indica que la «prioridad» en este momento es el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial, empezando con la distribución del dinero correspondiente al tercer tramo. El enfrentamiento entre los dos Cuerpos está garantizado: los guardias civiles exigirán el cobro del 59 % -como en 2018- y los policías reclamarán el 45 % atendiendo al número de efectivos. Las comisiones técnicas se reunirán la próxima semana.

Los representantes de los agentes recuerdan que Marlaska ya pidió un dictamen al Consejo de Estado que allana el camino a incumplir el acuerdo firmado en 2018

«Vamos a seguir trabajando para cerrar el porcentaje de reparto de los 247 millones de euros del tercer tramo y, de esta forma, acercarnos al cobro del mismo. Ésa es la prioridad en este momento. Cuando se consiga culminar, y en caso de que el Gobierno trate de vulnerar el acuerdo de equiparación salarial, adoptaremos las medidas de presión correspondientes», señala.

El SPP, por su parte, mantiene inamovible su posición: la defensa del acuerdo firmado hace casi dos años, que comprometía al Gobierno a impulsar una norma que blindara para siempre la igualdad retributiva con las policías autonómicas. «Nosotros huimos de eslóganes inciertos y populistas. Seguiremos exigiendo el cumplimiento íntegro del acuerdo más allá del tercer tramo con el desarrollo de la Ley de Retribuciones. La experiencia sindical deja claro que hay que llevar a las mesas de negociación, que es el espacio concreto, un trabajo serio, riguroso y cierto», opina Adolfo Medina, portavoz del sindicato mayoritario entre los mandos de la Policía Nacional.

Hasta este mismo martes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mantendrá la esperanza de que se tramite la ILP o que se abra otra vía que permita sacar adelante un proyecto de ley que acabe con las «desigualdades retributivas», siguiendo el espíritu del acuerdo firmado en marzo de 2018. «[El veto] indica que el Gobierno tiene clara su intención de acabar en 2020 con el tercer tramo, pero si eso no es la equiparación total tendrá en contra a la asociación mayoritaria de la Guardia Civil», avisa Juan Fernández, portavoz de la AUGC.

¿Otras vías legislativas?

Ésta opinión es la que ofrecen a este diario desde la Asociación profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). «Si el Gobierno veta la ILP con el fin de establecer un punto final a la equiparación salarial nos manifestamos en contra. Si el Gobierno nos transmite que va a analizar qué vías son legales o viables constitucionalmente hablando para llevar a cabo una normativa… Habrá que ver qué explicación da el ministro», interpreta Ángel Ramírez, vicepresidente de esta asociación.

Éste, con todo, admite su incertidumbre ante la decisión que pueda adoptar Interior una vez desembolse los 247 millones que faltan: «Me genera dudas, sobre todo ante el panorama económico que se pueda presentar. Lo que están tirando para atrás y vetando es una ILP floja que se podría haber mejorado en el periodo de enmiendas. La clave está en si el Gobierno va a seguir con la equiparación a través de otros mecanismos», plantea.

Francisco García Ruiz, presidente de la Asociación Unión de Oficiales (UO), tiene claro que no se alcanzará la equiparación absoluta con los Mossos y la Ertzaintza si el Ejecutivo de Pedro Sánchez veta la ILP y no impulsa otro proceso alternativo en las Cortes. «Siempre hemos dicho que los 807 millones era una cantidad provisional de partida, que debía ser corregida por dos elementos que contiene el propio acuerdo. Uno de ellos era el informe de una consultora externa, que hiciese un estudio de la diferencia retributiva puesto a puesto (que no se ha cumplido), y otro el impulso de una Ley de Retribuciones (en desarrollo de la cláusula octava del acuerdo) que evitase futuras diferencias retributivas. La ILP iba dirigida al logro de este último objetivo», razona.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) considera que, ante la posición que mantiene el bipartito PSOE-Unidas Podemos, «ha llegado el momento de dejar las descalificaciones» al margen, «reconocer la labor desarrollada por todos y unir esfuerzos» con el fin de conseguir el objetivo de la igualdad salarial.

«Es hora de estar más unidos que nunca»

«Es hora de estar más unidos que nunca y luchar por que el Ejecutivo reconozca que el resultado de la auditoría difiere en unos 300 millones con la realidad y, una vez consolidado el tercer tramo, iniciar nuevas tomas de contacto para que se realice esa aportación. Como ya dijimos en su día, si no se respetaba el acuerdo sería más fácil reclamar 393 millones que 1.500», argumenta Francisco Fernández Larios, vicepresidente de la AEGC.

Ése llamamiento a la unidad es el que realiza también la Asociación Profesional de Cabos, uno de los 11 firmantes del acuerdo de marzo de 2018. «Que Jusapol comience a trabajar por un bloque con sindicatos y asociaciones profesionales para ir todos a una en la negociación de la equiparación salarial. Si vamos todos de la mano, el Gobierno vería fuerza», subraya Martín Mendieta, delegado nacional.

Mendieta, que se muestra muy crítico con declaraciones y formas de actuar de Jusapol, llama la atención que el PSOE haya «apoyado siempre» la ILP y ahora desde el Gobierno impida su tramitación parlamentaria. «Hasta que ha tenido las presiones de los independentistas», apostilla.

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