Justicia reconoce que el recuento de muertos no es preciso y lo centraliza para ofrecer 'información veraz'

El Gobierno reconoce fallos en el recuento oficial de fallecidos por coronavirus en España y anuncia que se han tomado medidas para "afinar" los datos ofrecidos cada día por Sanidad, que elevan el número oficial de víctimas por la pandemia a 13.055 (dato de este lunes).

Así lo trasladó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una rueda de prensa este lunes junto con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Campo achacó el desajuste en las cifras a "limitaciones informáticas" del sistema utilizado por los registros civiles, Inforeg, que "se están corrigiendo".

Sin embargo, cuando el titular de Justicia hizo esta consideración, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya había hecho público un recuento basado en la información de registros civiles de las cinco provincias de dicha región que eleva el número de fallecidos por coronavirus o posible coronavirus un 69,7% respecto a los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad (de 1.132 a 1.921) y un 148% respecto a los que ofrecía el Gobierno de Castilla-La Mancha (de 774 a 1.921) a 31 de marzo, fecha hasta la que llegan los datos recopilados por el TSJCLM.

Según la recopilación del Tribunal Superior de Justicia, de las 1.921 personas fallecidas, 965 personas lo fueron por positivos confirmados de Covid-19, y otras 956 por casos sospechosos. Sólo el número de positivos confirmados ya es muy superior a los 774 decesos de los que ese día informaba Sanidad en Castilla-La Mancha.

"Preocupante dato de licencias de enterramiento"

Un recuento que promovió el propio presidente del TSJ castellano-manchego Vicente-Manuel Rouco Rodríguez el 31 de marzo al ver que la mayor actividad en los juzgados venía por la expedición de licencias de enterramiento, "ofreciéndose datos preocupantes en algunas poblaciones y partidos judiciales por su elevadísimo número, singularmente en las capitales de provincia y otras grandes poblaciones, lo que llevó a esta Presidencia con el fin de garantizar el debido funcionamiento de los servicios del Registro Civil y su régimen horario a solicitar urgente información a los jueces encargados de los principales Registros Civiles sobre el número de licencias de enterramiento y comparativas con años anteriores, arrojando esa información datos numéricos desproporcionados", se puede leer en el expediente gubernativo de Rouco con fecha de este lunes.

Las sospechas sobre un recuento mal reflejado llegaron "bien pronto" a la Justicia castellano-manchega "a través de informaciones orales recibidas de autoridades y de los jueces encargados de los Registros Civiles", recoge Rouco, quienes alertaron de que su mayor actividad era la "recepción de las certificaciones médicas de fallecimiento y expedición de las licencias o autorizaciones de enterramiento".

Advertencia del Instituto de Medicina Legal

Los responsables del Instituto de Medicina Legal también pusieron a la Justicia castellano-manchega en alerta. Se refirieron a un "aumento significativo de la mortalidad" que no se podía relacionar con el virus al no haber hecho el test a los fallecidos a pesar de que "todos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma". También manifestaron la "imposibilidad de que médicos forenses y autoridades judiciales" intervinieran al no haber causas violentas.

Durante la rueda de prensa de Campo, un periodista de la televisión pública regional CMM Media preguntó al ministro si el Gobierno modificará el cómputo de fallecidos tras conocer los datos de la Justicia castellano-manchega y si este problema de recuento se está dando en otras comunidades autónomas. El titular de Justicia no lo descartó, y afirmó que el sistema informático "tiene algunas limitaciones", discrepancias entre razones ordinarias y extraordinarias de fallecimientos que se "corrigen diariamente".

Resolución en busca de "información veraz"

Precisamente este sábado, 4 de abril, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción por la que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitaba a todos los registros civiles "tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen" y remitir dicha información diaria para centralizar los datos. En el documento consultado por El Independiente reconocía que no está siendo posible actualizar la plataforma Inforeg por «el aumento del número de defunciones y la reducción del personal en los registros civiles».

La directora general Sofía Puente afirmaba ser "consciente del enorme esfuerzo que están realizando los encargados, los letrados y los funcionarios de los distintos registros civiles, habiéndose configurado la Oficina del Registro Civil como un servicio más que nunca esencial y de que esta información que se solicita supone un trabajo añadido pero es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto aumentados".