Política

Mascarillas obligatorias, huella digital y un 'pacto Cajal': así es el plan B del PP

El líder del PP, Pablo Casado. EFE

Casado se ha encargado este miércoles de volar todos los puentes con Sánchez. No habrá más negociaciones para una quinta prórroga del estado de alarma, ni tampoco se sumarán a los Presupuestos. El PP ha marcado su propio camino ajeno a las directrices del Ejecutivo, presentando una ambiciosa estrategia de desescalada alternativa a la de Sánchez, un ‘plan B’ que resume toda una declaración de intenciones a las pautas marcadas por Moncloa por tratarse de una serie de medidas trabajadas con «expertos» que enmiendan en buena parte la actuación del Gobierno ante la crisis.

En una rueda de prensa de dos horas, Casado rompió la dinámica habitual añadiendo a su comparecencia a la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor; la vicesecretaria sectorial, Elvira Rodríguez; y al secretario de Justicia, Enrique López, que encabezan los tres equipos de trabajo que coordinarán tres áreas en el seno del partido y que se reunirán semanalmente para trabajar en su «alternativa al Gobierno».

La estrategia consta de tres bloques diferenciados con medidas claras y definidas en cada uno de ellos: Sanidad, Economía y Justicia. Estas son las propuestas recogidas en el primer borrador que, según el partido, seguirán ampliándose y concretándose en las próximas semanas.

Sanidad: mascarillas obligatorias y Pacto de Estado

  • Uso obligatorio de mascarillas para salir a la calle. En el caso de las personas mayores de 65 años, se recomienda también su uso en espacios cerrados.
  • Test masivos a la población, mapa de seroprevalencia y pruebas para todos los profesionales sanitarios y residencias de ancianos.
  • «Huella digital». Poner en marcha una app para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimiento y los contagiados avisen automáticamente a sus contactos.
  • Adaptar el sistema sanitario para futuras pandemias y reforzar la Atención Primaria.
  • Previsión de un depósito de material de protección centralizado y creación de un pool nacional que pueda ser desplazado a las distintas autonomías para atender posibles rebrotes.
  • Garantizar el distanciamiento social y organizar las salidas por franjas de edad y sectores de la población, y no por horarios.
  • Pacto de Estado «Cajal» por la Sanidad, con el fin de potenciar la investigación, la industria nacional sanitaria y fortalecer el Sistema Sanitario de Salud.
  • Construir una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial, con un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, bajo mandato de otro de la Administración General del Estado.

Economía: extender el pago de los ERTE y evitar el rescate

  • Exoneración del pago de impuestos a la apertura o reapertura de empresas, provocadas por la crisis del Covid-19, hasta el 31 de diciembre.
  • Extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos
  • Extender el pago de los ERTE hasta el 31 de diciembre.
  • Ofrecer contratos bonificados para incorporar al mercado laboral a trabajadores procedentes de despidos, como consecuencia del Covid-19.
  • Evitar el rescate «al que ya se resigna el Gobierno», descartando subidas masivas de impuestos o acotando el gasto superfluo de la estructura burocrática del Ejecutivo.
  • Proyecto Tarjeta Social, con el objeto de que cada ciudadanos pueda tener centralizadas todas las ayudas de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, evitando duplicidades.
  • Ampliar mecanismos de liquidez a empresas y autónomos para evitar su cierre.
  • Plan de fiscalidad para hacer atractiva a España a la inversión de empresas e industrias extranjeras.
  • Reformas para agilizar la burocracia y facilitar la inversión, con reformas como la ley de unidad de mercado, la ley de segunda oportunidad y la ley de emprendedores.
  • Potenciar la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales.

Justicia: «desescalada jurídica»

  • Propuesta de «desescalada jurídica» alternativo al estado de alarma para sacar a España de la situación de excepcionalidad promovida por el Gobierno.
  • Mantener el mando único sanitario aplicando la Ley General de Salud Pública; la Ley General de Sanidad; y la Ley de Cohesión Social y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003.
  • La limitación de movimientos se regulará con la LO 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil; y la Ley de Seguridad Nacional, que coordinará a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Añaden, además que, si aún así se considera necesario reforzar la cobertura legal de limitación con un decreto de movilidad, se podría amparar en el reglamento sanitario de la OMS (artículos 15 y 18) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 5).
  • «Si aún así», continúan, se quisiera ampliar la cobertura legal a través de una ley orgánica, se podría modificar la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 por vía de urgencia y lectura única en base al artículo 93 del Reglamento del Congreso. Este trámite se puede aprobar en un plazo de 15-20 días.

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