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El Supremo se dirige al Congreso para proceder contra Borràs y citarla a declarar

La portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento, investigada por adjudicar presuntamente contratos a dedo a un amigo desde la Institución de las Letras Catalanas (ILC) no fue a declarar voluntariamente cuando la Sala Penal la citó en febrero

Laura Borràs. EP

El Tribunal Supremo ha pedido al Congreso de los Diputados el suplicatorio para continuar el procedimiento penal abierto contra Laura Borràs, diputada, portavoz de Junts per Catalunya y aforada.

La Sala Penal del alto tribunal investiga a la política catalana por presuntamente fragmentar distintos contratos cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) y poder adjudicarlos así a dedo a un amigo. El magistrado de la Sala II del Supremo, Eduardo de Porres, abrió en diciembre de 2019 una causa contra Borràs por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental y la citó a declarar voluntariamente, como marca la ley, el pasado 14 de febrero.

Borràs decidió no acudir a la cita judicial, obligando al Supremo a dirigir un suplicatorio a la Cámara para continuar la investigación contra ella y tomarle declaración.

Este viernes, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, dirigió un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio para proceder contra Borrás a la presidenta del Congreso de los Diputados. La petición se acompañó de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, quien ha instado el suplicatorio.

La investigación

La investigación contra Borràs por los «trapis» que reconoció en un correo electrónico el propio beneficiario de hasta 18 contratos de la ILC, Isaías Herrero, comenzó en Cataluña. Un informe del fiscal del Supremo, Javier Zaragoza, en el que se recogieron todos los indicios recabados contra la aforada, instó la apertura de la causa en el alto tribunal.

Según dicho informe, entre los años 2013 y 2017 Borràs «abusó» de su condición de directora de la ILC para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática», cuyo importe total fue de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero.

De la investigación previa en Cataluña, expuso el Ministerio Público,«resulta indiciariamente acreditado que entre los años 2013 a 2017 hubo un fraccionamiento de los contratos de programación informática aprobados y asignados por la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a favor del investigado Isaías Herrero Florensa quien, utilizando distintas las sociedades o a través del también investigado Andreu Pujol Martin y de su empresa APMG&CE SL, habría facturado servicios recurrentes de programación informática efectivamente prestados por él mismo, reflejando en las facturas conceptos y/o importes totalmente inventados». Según el Ministerio fiscal, con dicho procedimiento de contratación se pretendía «ocultar que al efectivo prestador de todos ellos era Isaías Herrero Florensa», saltándose la Ley de Contratos del Sector Público.

Para conseguir ese fraccionamiento de contratos no permitido, el investigado «aportó a cada uno de los irregulares procedimientos de adjudicación tres presupuestos de los cuales dos, como mínimo, eran falsos o simulados».

Según la Fiscalía, en ese falso proceder «participó material y directamente» la entonces directora de la ILC Laura Borràs, quien «abusando de dicha función adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática a Isaías Herrero, actuando de común acuerdo y de manera concertada con éste último para defraudar a dicha Institución, mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos así como mediante la falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público».

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