Política CASO VILLAREJO

El juez apunta a que Pablo Iglesias pudo cometer dos delitos por el 'caso Dina'

El instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón espera un informe de la Policía Nacional para ver si solicita al Supremo que investigue al vicepresidente, aforado, por presuntos delitos de descubrimiento de secretos y daños informáticos

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El juez apunta a que Pablo Iglesias pudo cometer dos delitos por el 'caso Dina'

Pablo Iglesias llega al Congreso. EP

Resumen:

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, espera un informe de la Policía Nacional del que podría resultar su solicitud al Tribunal Supremo para que investigue al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por los presuntos delitos de descubrimiento de secretos y de daños informáticos por la manera en que manejó una tarjeta móvil de su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, que previamente le fue robada a ésta y que contenía datos íntimos suyos, así como conversaciones entre miembros de Podemos. El contenido de la tarjeta móvil del teléfono apareció en la casa del comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, cuando fue detenido en noviembre de 2017.

Dina Bousselham denunció el robo de su teléfono móvil en noviembre de 2015. En enero de 2016, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, avisó a Pablo Iglesias de que tenía en su poder una tarjeta móvil que se correspondería con la robada a Bousselham y que llegó a la revista Interviú de manera anónima. Puesto que contenía fotografías íntimas de la colaboradora y conversaciones de miembros de Podemos, Asensio enseñó el contenido a Iglesias, le trasladó que la revista no informaría al respecto y le hizo entrega de la tarjeta, según declaró el propio Iglesias como testigo en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, no devolvió la tarjeta a su asesora hasta al menos 5 meses después, en junio de 2016 (según la declaración en sede judicial de Bousselham) y cuando lo hizo ésta era ilegible, está dañada y quemada, según un informe de la Sección de Ingeniería Informática Forense de la Policía entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6. El juez sospecha sin embargo que la devolución pudo ser más tarde, el 27 de marzo de 2019, cuando citó a declarar a Bousselham e Iglesias, la priera como perjudicada y el segundo como testigo con el ofrecimiento de personarse también como perjudicado en la causa.

«Esta circunstancia, unida a las demás contradicciones del relato de Dina Bousselham, permite sostener que Pablo Iglesias habría mantenido en su poder la tarjeta SIM de Dina Bousselham durante un periodo que podría oscilar entre cinco y 36 meses, una vez recibida la tarjeta el 20 de enero de 2016. El periodo más breve (cinco meses) se situaría en el caso de que la devolución se hubiese efectuado en junio de 2016, y el más extenso (el de 36 meses), para el supuesto de que la entrega de la tarjeta se hubiera realizado en el mismo juzgado, el 27 de marzo de 2019″, expone el juez en su auto.

Para García-Castellón, los hechos «exigen mayor esfuerzo probatorio» y por eso solicita a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que practique «cuantas diligencias puedan esclarecer los envíos a terceras personas y alteraciones físicas de las que pudo ser objeto la tarjeta aportada por Dina Bousselham desde la fecha del robo hasta el momento de su aportación en sede judicial». Lo hace en un auto, dado a conocer este lunes, en el que retira a Iglesias la condición de perjudicado en el caso y la posibilidad de que su representación legal acceda a las actuaciones.

La teoría de las ‘cloacas’

Cuando Iglesias fue a declarar como testigo ante el juez encuadró el robo del móvil de su asesora en una trama de las «cloacas policiales» dependientes del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy para perjudicar a su partido en el momento que las encuestas le situaban como segunda fuerza política. Sostuvo que miembros de esas «cloacas policiales» pudieron filtrar pantallazos del móvil de Bousselham a la prensa, pues acabaron publicados en El Mundo, El Confidencial y Okdiario.

Precisamente Bousselham acudió a la Policía Nacional a ampliar su denuncia del robo del móvil cuando dichos pantallazos de conversaciones de miembros de Podemos -en las que aparecía por ejemplo el comentario de Iglesias hacia la presentadora de televisión Mariló Montero «la azotaría hasta que sangrara»- aparecieron publicados en Okdiario.

Iglesias solicitó al juez que investigara al director de Okdiario, Eduardo Inda, y al redactor que publicó las informaciones relacionadas con los pantallazos del móvil de Bousselham.

Sin embargo, el juez concluye que «no puede justificarse en este momento la ilicitud de la obtención ni de la publicación de dicha información por parte del medio digital Okdiario, o de sus responsables, como se sostuvo por la acusación particular».

La resolución incide en las contradicciones de Bousselham sobre si ella misma envió pantallazos de la información contenida en su móvil robado. Mientras en una primera declaración judicial negó haber compartido las mismas conversaciones de la red social Telegram entre miembros de Podemos que se publicaron en Okdiario, en su última declaración lo admitió.

El que sí debe continuar investigado por tal delito es el comisario Villarejo, aclara el juez. «Lo anterior, por otro lado, no desacredita el hecho de que el investigado José Manuel Villarejo Pérez accediera y guardara en su domicilio datos muy sensibles e íntimos de Dina Bousselham sin su autorización», se lee en la resolución.

Además, el instructor apunta a la posible comisión de los dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos por parte de Iglesias. Si la Policía Nacional envía indicios en su informe, podría solicitar al Supremo que se le investigue puesto que es aforado.

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