La falta de respeto y el tono bronco alcanzados este miércoles en el Congreso de los Diputados durante la Sesión de Control al Gobierno abre el debate sobre los límites de las intervenciones de los diputados en la Cámara Baja.

La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, se dirigió al vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos y le lanzó: "Usted es un hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece, a la del crimen político".

Fue la contrarréplica a Iglesias, quien se dirigió a ella en tono desafiante como "marquesa", puesto que en 2013 adquirió el título nobiliario de Casa Fuerte. Iglesias afirmó que las palabras de la portavoz del PP son un "delito". "Sólo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de llamar terrorista a alguien y que le salga gratis", dijo, así como que "animaré a mi padre a que ejerza las acciones correspondientes".

El padre de Pablo Iglesias, Javier Iglesias, fue detenido y encarcelado en los últimos años de la dictadura franquista como miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). A dicha organización se atribuye los atentados contra tres miembros de las Fuerzas de Seguridad entre 1973 y 1975, mismo año en que tres de sus militantes fueron fusilados por la dictadura franquista. Al padre del vicepresidente del Gobierno no se le atribuyó ningún delito de sangre, sino que fue encarcelado por distribuir propaganda a favor del Primero de Mayo, día Internacional del Trabajador.

Inviolabilidad por sus opiniones

Si las palabras de Álvarez de Toledo fueran presentadas como la base de un delito contra el padre de Iglesias, difícilmente podrían ser perseguidas por su inviolabilidad parlamentaria.

La inviolabilidad de los diputados y senadores por sus intervenciones en el atril de las cámaras está recogida en el artículo 71 de la Constitución Española: "Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones" dicta el punto 1 del artículo sobre las manifestaciones de los diputados, aunque éstas se basen en mentiras o constituyan un insulto.

Precisamente el eurodiputado de Vox y periodista Hermann Tertsch fue condenado antes de entrar en política por un juzgado de Zamora por un tuit en el que también relacionó al padre de Iglesias con un asesinato del FRAP. El juez Manuel García Sanz dictó que el tuit de 2018 "donde se afirma que entre los detenidos después del asesinato de un policía en 1973 se encontraba el padre de Pablo Iglesias constituye una intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", motivo por el que le condenó a indemnizarle con 15.000 euros.