Política Caso Dina

El bumerán de las 'cloacas del Estado' se vuelve contra Pablo Iglesias

El cambio de versión ante el juez del caso Villarejo de Dina Bousselham, exasesora del secretario general de Podemos, siembra dudas sobre el relato de éste acerca de una trama parapolicial contra su partido

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El bumerán de las 'cloacas del Estado' se vuelve contra Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, en el pleno del Congreso. EFE

Resumen:

La pieza Dina del caso Villarejo, que en principio pareció ualgona parte menor de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional contra el comisario en prisión preventiva, adquiere importancia mediática y compromete a Pablo Iglesias por las contradicciones de su excolaboradora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, sobre el robo de su teléfono en 2015 y la publicación en Okdiario de mensajes contenidos en éste en julio de 2016.

Tras aparecer una copia íntegra del móvil de Bousselham en casa del comisario Villarejo cuando fue detenido, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional comenzó a investigar. La Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, apuntó a que el robo pudo ser un encargo del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy para perjudicar a Podemos cuando las encuestas lo situaban como segunda fuerza política.

El instructor Manuel García Castellón tomó declaración a Pablo Iglesias como testigo en marzo del año pasado y le ofreció figurar como perjudicado. Éste sostuvo ante el juez, estando la causa aún bajo secreto, que el robo de la tarjeta de su asesora y su filtración a la prensa «forma parte de algo mucho más grande» y «no es trabajo de un delincuente común». Un encargo que Iglesias relacionó con otras actuaciones de las denominadas «cloacas policiales del Estado», como la filtración también a la prensa del falso informe policial PISA [acrónimo de Pablo Iglesias SA] donde se hablaba de sociedades mercantiles suyas y de una supuesta cuenta abierta en el paraíso fiscal de Granadinas donde habría cobrado dinero del Gobierno de Venezuela. Una explicación que el juez agradeció, trasladándole a Iglesias: «Efectivamente en el procedimiento que aquí se sigue, que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo aparecen implicaciones del Ministerio de Interior muy serias, la investigación es muy amplia».

No en vano, en otra pieza secreta del caso, denominada Kitchen, se investiga si policías al servicio del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy, cobrando de fondos reservados, hicieron seguimientos al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para recuperar documentos que comprometían a altos cargos de dicha formación.

¿Había varias copias de la tarjeta?

Villarejo, interrogado por la aparición de la copia del móvil en su casa, defendió que no la robó, sino que el exdirector de la revista Interviú, del que dijo no recordar el nombre, se la entregó en un pendrive. Iglesias, por su parte, explicó durante su comparecencia como testigo que en enero de 2016 Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta al que pertenecía la revista Interviú, le llamó a su despacho para mostrarle el contenido de un pendrive que llegó «de manera anónima» a dicha revista y que le afectaba. Se trataba del volcado del móvil de Bousselham, con contenido íntimo y conversaciones entre miembros de Podemos. Asensio le explicó que no publicarían nada al respecto y le entregó el pendrive. Iglesias reconoció en sede judicial que no dio la tarjeta a Dina Bousselham hasta casi seis meses después.

Asensio sí identificó al director de la revista Interviú por aquellas fechas, Alberto Pozas, quien al declarar como investigado por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos implicó también al subdirector de la publicación, Luis Rendueles, en la entrega de una copia del teléfono de Bousselham al comisario Villarejo que ambos reconocen.

Es decir, de todas las declaraciones que se han prestado en sede judicial, se extrae que en la sede de Interviú no hubo sólo una copia del móvil de Dina Bousselham, sino que al menos hubo dos: la que Asensio entregó a Iglesias y la que Pozas y Rendueles entregaron a Villarejo «como respuesta a un requerimiento policial», sostiene la defensa de ambos ante el juez. Explican que si un mando policial como era Villarejo en aquel momento les requería una información, la entregaban.

La publicación en Okdiario

Una vez en manos de Villarejo la información, éste pudo entregarla al digital Okdiario, donde en julio de 2016 se publicaron artículos con mensajes intercambiados entre miembros de Podemos como una conversación en la que Iglesias dijo sobre la presentadora de TVE, Mariló Montero, que la «azotaría hasta que sangrara».

Cuando Iglesias declaró ante el juez, afirmó que no le extrañaba que dicha información se publicara en el digital dirigido por Eduardo Inda, al que Podemos ha pedido que se investigue tanto en esta como en otras causas como «parte de la organización criminal de Villarejo».

Sin embargo, en el último auto del juez del caso en el que retira a Iglesias la condición de perjudicado, éste concluye que «no puede justificarse en este momento la ilicitud de la obtención ni de la publicación de dicha información por parte del medio digital Okdiario, o de sus responsables, como se sostuvo por la acusación particular».

Las contradicciones de Dina

Y esto lo expone el juez porque Dina Bousselham, en una segunda declaración en sede judicial el pasado 18 de mayo, reconoció que ella misma hizo pantallazos a conversaciones de su móvil y las difundió a terceras personas, por lo que el instructor concluye que ya no hay solamente una vía por la que la información pudo llegar a Inda, es decir, a través de Villarejo.

Bousselham también rectificó en sede judicial respecto a otros dos puntos que comprometieron a Iglesias hasta tal punto de ver el juez la posible comisión de dos delitos por su parte.

En primer lugar, la exasesora del vicepresidente del Gobierno reconoció que cuando amplió la denuncia ante la Policía porque los mensajes habían sido publicados en Okdiario, Iglesias ya le había devuelto la tarjeta. Sin embargo, en el momento de ampliar la denuncia no se lo contó a los agentes.

En segundo lugar, afirmó que no pudo acceder al contenido de la tarjeta porque estaba dañada. Los agentes de la Científica a los que el juez ha encargado distintas diligencias afirmaron en un informe que la tarjeta era «ilegible»: estaba quemada y dañada.

El juez cree que, puesto que Iglesias tuvo la tarjeta durante meses sin entregarla a la aludida, pudo incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, puesto que ésta tenía daños cuando le fue devuelta, también pudo incurrir en un delito de daños informáticos. Motivo por el que incluso se planteó solicitar al Supremo que investigue al vicepresidente, aforado.

Las sospechas, ahora en su pareja

Este miércoles, en un giro sorprendente, Dina Bousselham presentó una carta ante el juez del caso Tándem a la que ha tenido acceso El Independiente y en la que rectifica. Afirma que la tarjeta no estaba dañada cuando Iglesias se la entregó, sino que «ésta funcionaba y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono».

Un giro con el que pareció querer salvar a Iglesias de acabar investigado en el Supremo. Sin embargo, esta actuación pone las sospechas ahora sobre una persona: su pareja, Ricardo Sá Ferreira. Según unos correos intervenidos en la causa fue él quien, en 2016, llevó a una empresa de Madrid la tarjeta del móvil de Bousselham para recuperar su contenido. Por tanto, ahora los investigadores deberán despejar la duda del momento en que se produjeron los daños en la tarjeta móvil.

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