El Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid consideró, según recoge el último informe entregado por la Guardia Civil a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que las manifestaciones celebradas "en torno al 8 de marzo no se deberían haber celebrado" y que "las mismas pudieron tener incidencia en el número de contagios (de coronavirus), por lo que le extraña que desde la Delegación del Gobierno no se hubieran suspendido".

El responsable que también elaboró un protocolo con recomendaciones contra el virus que envió por correo a todos los trabajadores del organismo, incluido el delegado José Manuel Franco investigado por presunta prevaricación administrativa por la jueza del 8-M, ofreció su "punto de vista" a los agentes como "experto en riesgos laborales y farmacéutico" sobre las concentraciones permitidas, recogen los agentes de la Policía Judicial en su atestado.

La titular del Juzgado 51, que instruye la causa para despejar si Franco debió permitir la manifestación feminista del 8-M y otras 76 cuando ya había contagios por coronavirus, ha citado a declarar como testigo a este trabajador al que la Guardia Civil tomó declaración el próximo jueves por la mañana.

"Concienciación social desde marzo"

El declarante también se refirió, según refleja el atestado de la Guardia Civil, a la "concienciación social del personal de la Delegación del Gobierno en torno al Covid-19", que afirmó existía desde principios del mes de marzo, según se recoge en el informe.

Sobre él mismo, responsable de Prevención de Riesgos, ubicó su conocimiento de la situación de la crisis sanitaria en España a principios de febrero de 2020, momento en que dijo que "empezaron a recibir información relacionada con el Covid-19", así como su observación de los medios de comunicación y la información que recogió él "proactivamente", refleja la Guardia Civil.