El PSOE y Unidas Podemos han tumbado este jueves en el Congreso de los Diputados la proposición de ley defendida por Vox para la efectiva equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los Mossos y que también respaldaban el PP y Ciudadanos. La votación se ha saldado con 192 noes, 152 síes y una abstención.

La propuesta llegaba al pleno de la Cámara Baja nueve días después de que el Consejo de Ministros desbloqueara el pago del tercer y último tramo del acuerdo de equiparación firmado en marzo de 2018. Con los 247 millones a desembolsar se alcanzarán los 807 millones comprometidos. Queda pendiente que Interior resuelva qué criterio de reparto del dinero se va a seguir entre los dos Cuerpos y en qué nómina se abonará.

El rechazo a la proposición de ley se produce tres meses después de que el Congreso tumbara la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la asociación Jusapol, que llegó a reunir más de medio millón de firmas.

El rechazo a la proposición de ley promovida por Vox se produce tres meses después de que PSOE y Podemos tumbaran la ILP de Jusapol

«¿Qué pasaría si la Mesa de la Cámara acordase una retribución diferente en función de la provincia por la que hemos salido elegidos?», se preguntaba la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, durante la defensa en la tribuna de la ILP impulsada en su día por la asociación Jusapol, tras considerar insuficiente el acuerdo alcanzado por el entonces ministro del Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, con los sindicatos mayoritarios de la Policía y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil. «Hoy vengo a lanzar un mensaje de unidad, porque nuestros votos no son suficientes. Les pido que se sitúen en el lado correcto de la historia», pronunciaba Olona.

La ILP fue tomada en consideración en la Cámara Baja en noviembre de 2018, si bien decayó por la disolución de las Cortes y no volvió a retomarse. De hecho, fue el propio Gobierno quien vetó la proposición sobre la equiparación salarial –avalada por más de medio millón de firmas– a principios de marzo de este mismo año. Entonces, tanto PP como Vox votaron en contra, alegando que nunca se había vetado en la Cámara una iniciativa ciudadana que cumplía con los requisitos formales.

1.900 millones

PSOE y Unidas Podemos justificaron entonces el veto a la propuesta en la Mesa del Congreso a que resultaba «insostenible» para igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios, y apelando al «impacto presupuestario» que, a juicio de Vox, «no era cierto».

Adriana Lastra defendió entonces que la medida supondría un gasto de cerca de 1.900 millones de euros, «inasumibles» para unos Presupuestos en trámite. El veto motivó una manifestación de decenas de policías frente a las puertas del Congreso.

El debate político sobre la igualdad de sueldos de las policías autonómicas ha vuelto al Congreso en mitad de la tormenta desatada en el Ministerio del Interior y la purga en la cúpula de la Guardia Civil, que Grande-Marlaska intentó sofocar desbloqueando el tercer tramo para la equiparación salarial y que supondrá una subida del 20% en las nóminas de policías y guardias civiles.

¿Cuándo se pagará el tercer tramo?

Jusapol tachó la medida de «cortina de humo» y denunció que el anuncio del Gobierno no supondría una igualdad efectiva entre los miembros, dado que ello requeriría una cantidad superior a los 807 millones que Interior abonará entre 2018 y 2020. El departamento que dirige Grande-Marlaska defiende que, cuando se abone el tercer tramo, los policías nacionales y guardias civiles verán incrementadas su nóminas en torno a un 20 %.

La incógnita es si asumirá otras dos cláusulas que se detallan en el acuerdo o entiende que no le vinculan jurídicamente, como dictaminó el Consejo de Estado. En concreto, si revisará los cálculos para que la igualdad retributiva sea «total y absoluta» y si impulsará «medidas legislativas que sean necesarias» a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan «una disfunción salarial».

Habilitado el pago por el Ejecutivo, el Ministerio del Interior no ha precisado aún cuándo se abonarán los 247 millones del tercer tramo. Antes tendrá que tomar otra decisión importante: aclarar cuál es el porcentaje de reparto entre ambos Cuerpos, dado que la Guardia Civil exige volver al criterio aplicado en 2018 -el 59 % para ellos, como avala la consultora que ha hecho el informe encargado por Interior- y la Policía Nacional pide que se mantenga la distribución acordada el pasado año: 57,58 %-42,72 %.