Estaba predestinado a vestir uniforme. Hijo de un policía nacional, Juan Fernández (Barcelona, 1975) se alistó a la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra en 1996 antes de ingresar en la Guardia Civil, donde cumple 20 años en 2020. En la actualidad presta servicio en el destacamento de Tráfico de Mérida, ciudad extremeña en la que transcurrió su infancia y adolescencia: nació en la capital catalana porque allí estaba destinado en aquel momento su padre.

Aficionado a las carreras de montaña, Fernández acaba de asumir otro reto. El pasado 27 de mayo terminó su etapa como portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el Cuerpo con unos 26.000 afiliados, y empezó su primer mandato como secretario general de esta organización. Fue la semana en la que estalló la crisis por la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos y la dimisión de Laurentino Ceña como Director Adjunto Operativo (DAO).

Pregunta.-¿Los cambios de equipos en la Guardia Civil se acuerdan los domingos a las diez de la noche?
Respuesta.-No, de ningún modo. Lo que hemos vivido ha sido algo muy excepcional; no se recuerda nada igual en la Guardia Civil. Los relevos se suelen trabajar con anterioridad y de manera consensuada.

P.-El ministro del Interior sostiene, sin embargo, que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos obedece a un «proceso natural de sustitución de equipos directivos».
R.-En AUGC teníamos conocimiento de que el Ministerio estaba trabajando en una renovación del equipo a nivel de la cúpula pero no de mandos que están adscritos a comunidades autónomas, como era el caso de Pérez de los Cobos.

P.-Entonces ha mentido Grande-Marlaska, ¿no?
R.-El ministro ha cambiado de versiones y queda muy en tela de juicio su argumento de la «renovación de equipos» tras conocerse el documento con el que la directora general comunica el cese a la Secretaría de Estado de Seguridad aludiendo a una «pérdida de confianza» -no sólo de ella sino también de todo el equipo de dirección del Ministerio del Interior– en torno a la investigación que estaba desarrollando Pérez de los Cobos con respecto a la manifestación del 8-M.

Quizá sea precipitado solicitar la dimisión del ministro Grande Marlaska; confiamos en el Estado de Derecho y en la independencia de la juez que lleva el caso»

P.-«No informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento», razona María Gámez en el oficio al que usted hace referencia. ¿Esto no es una intromisión del poder político en el trabajo de los jueces?
R.-No, no consideramos que sea una intromisión en el trabajo de los jueces. Éstos tienen suficiente capacidad para ejercer de manera independiente. Se podía haber producido el relevo y gestionado de otra manera. Es un error de comunicación y de gestión.

P.-Si no es una renovación de equipos, ¿es una purga?
R.-No, son resistencias de la cúpula a cambios que vienen de poderes públicos. En este caso concreto, la crisis se ha originado por la destitución de un mando que está al frente de una investigación judicial. Desde AUGC venimos insistiendo desde hace tiempo en que la Guardia Civil debe establecer vasos comunicantes con el resto de la sociedad y admitir con naturalidad las decisiones que se tomen desde el Gobierno.

P.-¿Justifican desde la AUGC que el jefe de una Comandancia dé a sus superiores una información sobre una investigación judicializada?
R.-No, de ninguna manera se tiene que dar cuenta sobre el contenido. Si nos atenemos a la norma que se publicó en 2012, existe la obligación de informar sobre posibles investigaciones a personajes públicos y registro a sedes oficiales. Eso es lo que parece ser que no realizó Pérez de los Cobos.

P.-Pero esa comunicación a la que usted alude tiene que hacerse a un mando operativo (DAO), no a un cargo político (directora general de la Guardia Civil)…
R.-Efectivamente. Damos por hecho que María Gámez contactó con el DAO, que no recibió esa información.

P.-¿Que el Gobierno sepa de las actuaciones concretas que está llevando a cabo un juzgado y que le afecta no es una injerencia?
R.-Si la información requerida se refiere al contenido de una investigación sí sería una injerencia. Ese estadillo que completan semanalmente las unidades de Policía Judicial en tanto en cuanto deben informar si hay una investigación a un personaje público no llega a ser injerencia. Ahora bien, esa instrucción aprobada en 2012 debe ser derogada para el buen funcionamiento de la Guardia Civil. Esta crisis debe dar pie a volver a la situación anterior para aumentar la independencia de las investigaciones de la Guardia Civil.

P.-¿No cree que con el cese de Pérez de los Cobos  se manda el mensaje de que el mando que no se pliegue al interés de la cúpula del Ministerio verá peligrar su puesto?
R.-Nosotros entendemos que la cúpula del Cuerpo, y el conjunto de la Guardia Civil, debe obediencia al Gobierno y a los poderes públicos. Somos una institución y debemos servir al ciudadano. Las normas las marca el Estado de Derecho y la Guardia Civil tiene que acatar las normas que le lleguen del Gobierno.

No decimos que el informe esté bien o mal, sino que no es habitual que haya tantas referencias a medios de comunicación en unas diligencias judiciales»

P.-La juez advirtió a los investigadores policiales al inicio de la instrucción de que sólo le ofrecieran a ella información sobre las pesquisas.
R.-Sí. Ahí es donde está la delgada línea entre no informar del contenido de una investigación, que es lo que pidió la juez, e informar sobre la investigación que afecta a un personaje público. Tenemos que entender que la juez hace la comunicación en el ámbito de la Guardia Civil. Este Cuerpo tiene una cadena de mando y esa cadena de mando debe recibir la información.

P.-Por lo que sostiene, el oficio no acarreará consecuencias penales para la directora general, ¿no?
R.-Entendemos que no. La jurisprudencia es muy clara. La libre designación conlleva la asignación por confianza y justamente lo mismo para su destitución.

P.-¿El ministro Grande-Marlaska tendría que dimitir, como exige la oposición?
R.-Está por ver, quizá sea precipitado solicitar su dimisión. Confiamos en el sistema judicial, en el Estado de Derecho y en la autonomía de la juez que está llevando el caso. Estamos plenamente convencidos de que, si la hay, toda la responsabilidad del ministro quedará depurada en el procedimiento judicial y en la defensa que Pérez de los Cobos va a ejercer. Las garantías del Estado de Derecho en cuanto a si el ministro ha cumplido o no la legalidad es lo que marcará las consecuencias.

P.-¿Avalan desde la AUGC el trabajo que está realizando la unidad de Policía Judicial comisionada por la juez del 8-M?
R.-Algo debe cambiar en este país para que cesen las filtraciones en los casos judiciales. No se pueden enviar unas diligencias amparadas por el secreto judicial y que a los 30 minutos se hayan filtrado. No es una situación aislada, sino que cada vez es más habitual. Dicho esto, parece que el informe tenía errores que han sido subsanados en un segundo trabajo, al que no hemos podido acceder. También nos llama la atención la cantidad de referencias que se hace a medios de comunicación dándolas como fuentes autorizadas. Normalmente se suele utilizar las propias instituciones o hechos probados por la propia investigación para que puedan ser irrefutables en las diligencias que se entregan en cualquier juzgado.

P.-Hablamos de un informe preliminar que no tiene más trascendencia que relatar una serie de hechos y que no constituyen fuente de prueba. Da la impresión de que se le está intentando atribuir al trabajo una trascendencia que quizá no tiene.
R.-Todavía no la tiene pero es cierto que la podría tener. Si algo caracteriza el trabajo de la Guardia Civil es la profesionalidad por las consecuencias que puede tener. No decimos que esté bien o mal, sino que no son habituales tantas referencias a medios de comunicación en unas diligencias judiciales.

P.-¿Le llama la atención que quienes ensalzaban los atestados de la Guardia Civil cuando afectaban a un rival político ahora denosten el trabajo del mismo Cuerpo investigador?
R.-Mucho, nos llama mucho la atención. Desde diversos ámbitos se muestra el apoyo a la Guardia Civil pero cuando llega el momento de sacar rédito político no tienen inconveniente en utilizar la imagen de la institución. Eso se hace desde todos los signos políticos y por parte de toda la representación parlamentaria. Queremos que se respete el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una posición y en otra.

No nos sorprendió el anuncio del desbloqueo del pago del tercer tramo de la equiparación salarial sino la manera en que se hizo»

P.-¿Les sorprendió el anuncio del desbloqueo del pago del tercer tramo de la equiparación salarial en medio de la polémica por la destitución de Pérez de los Cobos?
R.-No nos sorprendió que se anunciara la medida, nos sorprendió la manera. Nosotros ya estábamos trabajando en la liberación del tercer tramo y hay pruebas documentales de que el Ministerio venía trabajando para desbloquearlo. ¿Qué nos llama la atención? La manera de hacerlo. En una rueda de prensa y en medio de una polémica que no tenía nada que ver con la equiparación. Lo esperábamos, pero no de la manera en que se ha producido. La equiparación va a cambiar las condiciones a la base del Cuerpo, a los agentes que están cada día patrullando. En los altos mandos está más que sobrestimada. Ellos cobran ya más que sus homólogos en las policías autonómicas.

P.-¿Sugiere que el Gobierno precipitó el anuncio del desbloqueo para tratar de minimizar la crisis que se había abierto en el Cuerpo?
R.-No, porque la equiparación va dirigida a las bases del Cuerpo, que son quienes lo merecen y quienes van a notar este aumento retributivo. Y en las bases del Cuerpo esta crisis no está afectando, es algo que se refiere a la cúpula. Se sigue trabajando con normalidad. El terremoto se ha registrado en la parte más alta. Lo que deseamos es que se tramite cuanto antes el tercer tramo y se alcance la igualdad retributiva.

P.-¿Les han comunicado desde Interior en qué nómina van a cobrar ese dinero?
R.-No, porque todavía hay trabajos pendientes. Tenemos que ver cómo se reparten esas cantidades entre los dos Cuerpos. Confiamos en que se realice cuanto antes y que, tras este proceso, un guardia civil cobre exactamente lo mismo que un policía nacional y que la reducción salarial con los Mossos quede prácticamente culminada. Si no es así volveremos a solicitar la plena y total equiparación.

P.-Una de las cláusulas del acuerdo era el compromiso que asumía la Administración de dar un «impulso legislativo» para evitar que la brecha salarial pueda reproducirse en el futuro. El Congreso ha tumbado este jueves la proposición de ley promovida por Vox. ¿Esto es un indicio de que, cuando pague los 247 millones, el actual equipo de Interior se desentenderá de los compromisos asumidos por el ministro Juan Ignacio Zoido en 2018?
R.-Nosotros vamos a seguir peleando por el cumplimiento de todas las cláusulas del acuerdo de equiparación salarial. Algo fundamental en democracia es buscar el consenso. Y la proposición de ley que se ha votado adolecía precisamente de falta de consenso. Confiamos en que el Ministerio del Interior ponga en marcha la cláusula octava para que esta norma pueda ser aprobada con el consenso de las asociaciones representativas de Guardia Civil y Policía Nacional y su trámite legislativo culmine con éxito.

P.-¿Se sienten los guardias civiles defendidos por María Gámez?
R.-Los guardias civiles que buscan que alguien vele por sus derechos encuentran el refugio en las asociaciones profesionales. María Gámez está llevando la política de no exponerse a la opinión pública, algo que nosotros consideramos un error. Desde las asociaciones profesionales, como representantes de los trabajadores, demandamos que dé más explicaciones.

María Gámez tiene que decidir si quiere pasar al olvido como un director general más o de verdad ser reconocida por los avances que se logren»

P.-¿Queda muy tocada María Gámez tras esta crisis?
R.-Evidentamente. La falta de explicaciones y el hecho de que se haya abierto una crisis que no tenía parangón en el Cuerpo dejan tocados tanto a María Gámez como a todo el equipo directivo del Ministerio del Interior. Confiamos en que se depuren las responsabilidades, si es que las hay, y que cuanto antes vuelva la normalidad al Cuerpo.

P.-¿Qué nota le daría a la directora general en sus cinco meses de gestión?
R.-Nos hubiera gustado ponerle nota, pero, primero por la llegada de la crisis sanitaria y después por el escándalo del coronel Pérez de los Cobos, aún no hemos tenido tiempo de ver el alcance real de las medidas que pretende impulsar. Desde luego, no va a tardar mucho en tenerlas encima de la mesa. El tiempo se le agota y cuando superemos la crisis veremos si quiere pasar al olvido como un director general más o de verdad quiere ser reconocida por los avances que se logren.

P.-Aparte de llamar a Pérez de los Cobos para comunicarle el cese, ¿qué otras medidas de calado ha tomado María Gámez desde que llegó al puesto en enero?
R.-Más allá de las buenas intenciones que mostró cuando llegó, no hemos recibido ningún texto normativo que vaya a modificar las condiciones salariales, profesionales o sociales de los guardias civiles. Y demandamos cambios en cuanto a la jornada laboral, la productividad, el derecho de representación… En definitiva, modernizar la Guardia Civil.

P.-La crisis generada por el cese de Pérez de los Cobos ha reabierto el debate sobre si debe respetarse el escalafón a la hora de cubrirse las vacantes. ¿Cuál es la posición que defiende la AUGC?
R.-Las vacantes se pueden asignar por antigüedad, libre designación o méritos y, dentro de cada una de ellas, está delimitado cómo se ha de producir. Lo que no se puede pretender es querer libre designación para llegar a un determinado puesto y después hacer valer la antigüedad.

P.-¿Cuál es la lección que saca de esta crisis?
R.-Que los cambios deben llegar a la Guardia Civil. No se puede ver como un Cuerpo ajeno o como algo externo a la Administración pública. Debe modernizarse y mejorar en su ámbito interno.

Lo que no se puede pretender es querer la libre designación para llegar a un determinado puesto y después hacer valer la antigüedad»

P.-¿Cuáles van a ser sus prioridades como presidente de la AUGC?
R.-Seguir impulsando las mejoras de los guardias civiles. Nuestro objetivo pasa por mejorar la jornada laboral, los complementos retributivos por los que se abonan las horas nocturnas y festivas y avanzar en el derecho de representación. Ésos son los tres pilares. También vamos a trabajar muy duro para que las instituciones realicen el reconocimiento y que se restituya el honor de José Morata, nuestro socio fundador y quien fue expulsado del Cuerpo en los años noventa.

P.-¿Y exigirán un nuevo despliegue territorial?
R.-Dentro de ese plan de modernización que se debe acometer está sin duda el despliegue territorial. Para dar seguridad a la España vaciada se deben reestructurar esos pequeños cuarteles que permanecen cerrados la mayor parte del tiempo para aglutinarse en otros de mayor capacidad operativa a fin de reducir los tiempos de reacción en caso de una emergencia.

P.-Pero ese modelo no contribuiría precisamente a fijar población al territorio, ¿no?
R.-En el siglo XIX o XX, repoblaban porque los guardias civiles vivían en la casa-cuartel. Pero hoy en día no es así. Con las mejores tecnológicas y las vías de comunicación, un guardia civil y su familia van buscando la oferta social que puedan ofrecer núcleos poblacionales más grandes. Hoy las distancias se recorren en menor tiempo y los guardias civiles ya no viven en el pueblo, adonde se desplazan para hacer el servicio. Con esta reorganización, lo que se busca es que en caso de una emergencia no haya una patrulla sino dos y hasta tres. Sería un modelo mucho más eficiente.