El forense, en el informe enviado a la juez del 8-M: "El país iba hacia una hecatombe sanitaria"

El forense que ha elaborado el informe requerido por la juez que investiga la manifestación feminista del pasado 8-M en Madrid asegura que desde el 25 de febrero se sabía que "el país iba hacia una hecatombe sanitaria" y se conocía que una de las medidas recomendadas para evitar la propagación del coronavirus era evitar los encuentros multitudinarios.

Así lo detalla el perito en un informe de 60 páginas, cuyo contenido han avanzado El Mundo y El Español. El trabajo se conoce en vísperas de que comparezca como investigado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como posible autor de un delito de prevaricación administrativa.

Las diligencias que lleva a cabo la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, tratan de determinar si el alto cargo prevaricó al permitir la celebración de la manifestación feminista y otras 76 reuniones multitudinarias. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía piden el archivo de las actuaciones.

Las conclusiones que desgrana el forense en este segundo documento comprometen a altos cargos del Ministerio de Sanidad, por cuanto recuerda que ya el 10 de febrero el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) -dirigido por el doctor Fernando Simón- ya emitió un informe técnico en el que reconocía la "gravedad de la epidemia". La acusación popular ha pedido la imputación del médico, rechazada por ahora por la instructora.

La tesis del forense es que cuando la Delegación del Gobierno en Madrid dio su autorización a la concentración feminista del pasado 8 de marzo, las autoridades sanitarias conocían la importancia de la enfermedad -iniciada en Wuhan (China) y que se mostró con gran virulencia en la región italiana de Lombardía- y las medidas para frenar su propagación, como la "cancelación de eventos" multitudinarios.

El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una "amplia difusión" de la Covid-19, "de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio" habría facilitado que los ciudadanos "adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad", informa Europa Press.

En el mismo documento se dice que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones" antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo y que resultara infectado por el Covid-19 "lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.".

La Delegación del Gobierno en Madrid defiende que no recibió ninguna comunicación de autoridades sanitarias sobre la covid-19 hasta que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto por el que se decretó el estado de alarma. "No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por la covid-19", respondió a la juez el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera Esteso.

Sin "relación de causalidad" con los contagios

El forense ya entregó el pasado 19 de abril un primer dictamen en el que concluía que no existe ninguna "relación de causalidad" entre acudir a una manifestación multitudinaria y el riesgo de contagio, lo que llevó a la magistrada a dictar una providencia en la que retiraba la imputación contra José Manuel Franco por el delito de lesiones por imprudencia profesional.

Rodríguez-Medel sí mantiene la investigación por el delito de prevaricación a raíz de la denuncia que interpuso el abogado Víctor Valladares contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir "77 reuniones multitudinarias", a pesar de que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera el 2 de marzo de 2020 un informe sobre el riesgo de contagio por covid-19.

El médico forense ratifica en el segundo informe las cuatro conclusiones del informe preliminar, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid "se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan".

"En cambio", añade el informe, "no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS -y además es lógico y natural- desde que se instauró la epidemia".