El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, abrió el martes la puerta a la retirada del carácter militar de la Guardia Civil. «Como presidente de Unidas Podemos, estoy a favor de la desmilitarización; como vicepresidente segundo, no me puedo pronunciar», afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intentado desviar la atención de este asunto al afirmar en una entrevista en Espejo Público que «el carácter militar de la Guardia Civil no está en discusión en este momento» en el Ejecutivo.

Robles ha defendido la profesionalidad de los agentes del Instituto Armado y ha señalado que los guardias civiles «no se merecen que por razones políticas» se esté en «un debate que no interesa a la mayoría de los ciudadanos».

Aunque el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España matizase que «el hecho de que la Guardia Civil pueda reunirse, manifestarse o sindicarse, como han reivindicado las asociaciones profesionales, me parecería bien», las declaraciones de Iglesias causaron una gran incomodidad entre los mandos de un Cuerpo ya de por sí molesto tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a ofrecer información del caso 8-M a sus superiores políticos.

Asimismo, el titular de Consumo, Alberto Garzón, señaló la semana pasada que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) podían existir «elementos reaccionarios» que «asumen como propio el discurso que invita al golpe del Estado«.

«No opino de lo que dicen otros compañeros de gabinete: cada uno sabe lo que hace. Lo que me corresponde es poner en valor el carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos. Las opiniones son de cada uno, pero el Gobierno actúa con arreglo a un programa y en eso [la desmilitarización] no está», ha zanjado.

Margarita Robles, que ha certificado que es conocedora del «compromiso inequívoco con la Constitución» que tiene la Guardia Civil, ha hecho también referencia al cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Comunidad de Madrid. La ministra de Defensa ha recordado que «las soluciones de la Administración pueden ser objeto de recurso», ya que «estamos en un Estado de Derecho», por lo que el coronel podría recurrir su destitución si así lo considera.