Política

Los 247 millones de la equiparación salarial se repartirán entre 7.500 agentes más

La plantilla de la Policía Nacional ha crecido en 4.789 agentes y la de la Guardia Civil en 2.696 respecto a la dotación existente cuando se firmó el acuerdo en marzo de 2018, lo que hará que disminuya la cantidad que percibirá cada agente en el tercer tramo

Un patrullero de la Policía Nacional pasa junto a una concentración en vísperas de que se firmase el acuerdo de equiparación salarial.

Un patrullero de la Policía Nacional pasa junto a una concentración en vísperas de que se firmase el acuerdo de equiparación salarial. EP

El reparto de los 247 millones de euros correspondientes al tercer y último tramo de la equiparación salarial incluirá a unos 7.500 beneficiarios más, por lo que la cantidad individual que percibirán los policías nacionales y los guardias civiles disminuirá ligeramente respecto a lo que se previó cuando se alcanzó el acuerdo en marzo de 2018.

Los cálculos de la Secretaría de Estado de Seguridad se hicieron tomando como base un número de efectivos que se ha visto claramente incrementado como consecuencia de las ofertas de empleo que el Ministerio del Interior ha convocado en los tres últimos años. En aquel momento, concretamente, se contabilizaban 75.773 funcionarios en el instituto armado y 63.244 en el Cuerpo Nacional.

Dos años después, las cifras han variado de forma sustancial. En respuesta a una pregunta escrita formulada por el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno ha cifrado en 78.469 el número de guardias civiles (2.696 más) y en 68.013 los policías nacionales (4.789 más) disponibles a 31 de diciembre de 2019.

Este incremento de las plantillas tendrá una repercusión directa en la distribución de los 247 millones que el Gobierno ha desbloqueado durante el estado de alarma y con cuyo desembolso se alcanzarían los 807 millones de euros comprometidos hace dos años por el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar recortar la brecha salarial existente con las policías autonómicas. La tarta es la misma, pero habrá más comensales.

El acuerdo firmado por el ministro Juan Ignacio Zoido (PP) con cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) incluía una cláusula -la primera- por la que Interior se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa para que comparara las retribuciones de los diferentes Cuerpos policiales «puesto a puesto» y fijara las «correcciones» que fueran necesarias para que la pretendida igualdad salarial con los Mossos y la Ertzaintza fuera «total y absoluta».

La ‘tarta’ a repartir es la misma (247 millones), pero ahora hay 4.789 policías y 2.696 guardias civiles más que cuando se hicieron los cálculos

Sobre el papel, ese artículo era una salvaguarda y la garantía de que el incremento de funcionarios no reduciría el dinero que le correspondería a cada agente. En la práctica ha quedado en papel mojado, toda vez que Interior ha obligado a la consultora que ha realizado el informe comparativo a ceñirse a los 807 millones comprometidos, por lo que no ha podido proyectar el impacto que ha tenido el aumento de los funcionarios para su corrección.

Después de que el Consejo de Estado dictaminara en marzo de 2019 que los acuerdos asumidos por el Ejecutivo del PP «no le vinculan jurídicamente», la incógnita no despejada aún es si el equipo que lidera Grande-Marlaska respetará la cláusula firmada por su antecesor o, por el contrario, dará por ejecutado el acuerdo con el abono de los últimos 247 millones.

De momento, se desconoce en qué nómina ingresará el Ministerio del Interior el dinero a los policías nacionales y guardias civiles, si bien se da por seguro que no será antes del próximo mes de septiembre. Con todo, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros dio el primer paso al desbloquear el pago con la aprobación de un real decreto-ley que incluye una disposición adicional por la que se excluye el tercer tramo de la limitación de gasto establecida en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Allanado administrativamente el camino, sólo queda ya que se haga efectivo el desembolso.

La comisión de seguimiento, sin fecha

Antes de que se realice el abono, las direcciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tendrán que citar -por separado- a los representantes de los agentes a una reunión de la comisión técnica de seguimiento del acuerdo a fin de que cada Cuerpo fije una postura acerca de cuál debe ser el porcentaje de reparto de los 247 millones. Posteriormente, la Secretaría de Estado de Interior tendrá que convocar la reunión conjunta en la que se establezca el criterio que se seguirá ante la imposibilidad de alcanzar una solución consensuada.

Así, los guardias civiles exigen recuperar los 4,3 millones que se les detrayeron el pasado año en el reparto del segundo tramo al rebajarles el porcentaje un 1,72% y que éste se mantenga en la proporción del primer abono (59%-41%), como ha respaldado en su informe la consultora contratada por Interior. Por su parte, los policías plantearán que se les destine como mínimo el mismo porcentaje que en 2019 (el 42,72 %).

La semana pasada, la Unión Federal de Policía (UFP) -uno de los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo- ha ido más allá y ha anunciado que defenderá un reparto del 53-47%, muy similar al que resultaría si el criterio que se tuviera en cuenta fuera exclusivamente el número de efectivos que integra cada Cuerpo (53,56-46,43%).

Esta organización sindical envió hace un año al Ministerio un contrainforme en el que corrige los «errores» en los que habría incurrido la consultora externa a la que Interior encargó el estudio comparativo de las retribuciones, como no haber contabilizado a los facultativos y técnicos de la Policía y a 1.928 oficiales con especialidad. La UFP también considera que hay que cuantificar y ponderar la retribución en especie que supone el disfrute de 33.843 pabellones (viviendas) por parte de la Guardia Civil.

Una vez que el departamento que dirige Grande-Marlaska imponga cómo se distribuyen los 247 millones entre la Policía y la Guardia Civil, tendrá que adoptarse otra decisión: qué criterio se seguirá en cada Cuerpo para repartir el dinero. Con seguridad, tampoco habrá unanimidad entre las distintas organizaciones.

 

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