La Justicia ha acordado no ratificar la decisión de Quim Torra, presidente de la Generalitat, de que, por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), desde las 0 horas de este lunes se prohibiera toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

La juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, afirma en un auto, recogido por Europa Press, que su decisión -que se puede recurrir- se basa en que ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo, además, «no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial» y que ésta una competencia estatal.

«En todo caso, el Presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ‘podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma», añade el auto.

Según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos»

El auto añade que no puede argumentarse que ya hubo un confinamiento en Òdena (Barcelona) y que hay vigente un confinamiento perimetral en el Segrià (Barcelona), «pues las medidas allí contempladas, restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales, suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que lo que ahora pretende el gobierno de la Generalidad».

La juez añade que tampoco se puede ratificar este confinamiento domiciliario «pudiendo la Generalitat de Cataluña realizar otras actuaciones tales como individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento».

Y también alega que «la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada».

«Según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos», insiste.

Además, la Fiscalía Provincial de Lleida se había opuesto a que la justicia ratificara la decisión la Generalitat: el fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, alegaba en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1, y recogido por Europa Press, que «es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso».

«En todo caso, el Presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ‘podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma», argumentaba el fiscal.

El Govern buscará «el camino jurídico»

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que la Generalitat buscará «el camino jurídico» para poder aplicar las medidas de confinamiento. En una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, la consellera ha reaccionado así a la decisión de la jueza.

Vergés ha afirmado que buscarán la seguridad jurídica, ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa y salga «solo para trabajar y comprar lo necesario», y ha alertado de que el riesgo de transmisión del coronavirus en esta zona es alto.

«No tomamos medidas por gusto. No dejaremos de trabajar por la salud de la gente», ha sostenido Vergés, que ha añadido que el Gobierno es conocedor de las medidas que ha tomado la Generalitat, ya que así se lo ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Ha avisado de que la situación es grave como para poner «los asuntos jurídicos por delante de la gente» y ha explicado que, aunque la decisión de la jueza se pueda recurrir, los recursos tardan unos días y estas medidas se deben tomar cuanto antes mejor para evitar que los datos de contagio vayan a peor.

«La ley de Salud Pública es clara. Tenemos potestad para pedir ciertas cosas respecto a la actividad económica», ha subrayado Vergés, que asegura no entender cómo se puede parar algo tan serio como esto, en sus palabras.

Preguntada por si la situación se resolvería si el Govern pidiese al Gobierno que se aplicase el estado de alarma, Vergés ha insistido en que en el Ejecutivo central «en este marco colaborativo, son conocedores» de estas medidas, y ha calificado de mala apuesta esta vía.