Política

El juez envía a juicio a Villarejo como líder de una red de corrupción policial

García-Castellón acuerda la apertura de juicio contra el comisario y otras 25 personas por trabajos de espionaje con prácticas presuntamente ilegales para el despacho de abogados Herrero & Asociados y los empresarios Muñoz Tamara

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. EFE

El juez Manuel García-Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, su socio Rafael Redondo y otras 24 personas, entre ellas miembros de la Policía Nacional jubilados o en segunda actividad, por participar en una presunta red de corrupción que habría liderado el comisario en prisión preventiva.

El instructor del caso Tándem envía a juicio las dos primeras piezas Iron y Pintor, la 2 y 6 abiertas en la macrocausa que se sigue en la Audiencia Nacional, una vez que la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y la popular ejercida por Podemos han presentado sus escritos de acusación. Ahora, los abogados de los investigados tienen diez días para presentar sus escritos de defensa.

En la pieza Iron, primera cuya instrucción dio por cerrada el juez dentro de la causa y en la que el Ministerio Público pide 57 años de prisión para Villarejo, se aborda el trabajo de espionaje que hizo el comisario desde su empresa privada Cenyt para el despacho de abogados Herrero & Asociados, también investigado como persona jurídica. Los responsables del bufete quisieron seguir los pasos del despacho Balder IP Law, creado de una escisión de los miembros del primero. Para ello contrataron a Villarejo, que les propuso hacerles un seguimiento para presentar una querella contra ellos y «destruir su reputación».

Para dicho trabajo, que el juez consideró en su auto de procesamiento «iba más allá del corriente de un detective», Villarejo habría contado con la colaboración ilegal de policías y empleados bancarios que le facilitaron información confidencial prohibida para terceros a cambio de dádivas y regalos, según los investigadores. Una presunta red de corrupción policial o «red mafiosa policial», como la describió la Fiscalía, liderada por el comisario jubilado y que la Unidad de Asuntos Internos destapó con los primeros indicios encontrados en las grabaciones de conversaciones recogidas durante años por Villarejo y los dosieres de sus trabajos que guardó en su domicilio.

El juez envía al excomisario y al resto de investigados en esta causa al banquillo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad en documento mercantil, así como a la mercantil Herrero y Asociados como persona jurídica.

Los trapos sucios de un exjuez marbellí

Respecto a la pieza Pintor, García-Castellón ha acordado abrir juicio oral contra Villarejo, Redondo, los empresarios andaluces Juan y Fernando Muñoz Tamara y otras diez personas por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración.

Esta pieza se ha centrado en la contratación que realizaron los hermanos Muñoz a principios de 2017 de los servicios de Villarejo para conseguir información de un exsocio y de su entonces abogado con el fin de reclamar una deuda pendiente en Hacienda.

Para ello, Villarejo habría ofrecido a los empresarios presionar al abogado del exsocio, un exjuez marbellí, con un vídeo del año 2006 en el que se le veía consumiendo cocaína en un baño de una discoteca, según se escuchó decir al comisario en prisión preventiva en uno de los audios que le requisó la Unidad de Asuntos Internos. Él lo ofreció a sus clientes, poniéndole un precio y asegurando que se trataba de una grabación que habían hecho miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a pesar de que en realidad lo encargó el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, contra el que el juez tenía abierta una investigación.

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