Política 'CASO TÁNDEM'

La Fiscalía está segura de que Villarejo tenía más 'topos' que le daban datos pero no los ha identificado

La investigación de la pieza 'Iron' revela que dos policías y el jefe de una oficina de la Agencia Tributaria facilitaban información reservada que el comisario hoy en prisión utilizaba luego en los informes de 'inteligencia' que facturaba a sus clientes privados

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha dado por cerrada la investigación en la primera pieza separada del caso Villarejo que llegará a juicio sin haber logrado identificar a todos los topos que pasaban de forma ilegal datos reservados al comisario hoy preso y que éste utilizaba en los informes que facturaba a clientes privados mientras seguía en activo en la Policía Nacional.

Así lo reconoce el Ministerio Público en el escrito de conclusiones provisionales presentado en la denominada pieza Iron, centrada en la investigación del encargo que el despacho de abogados Herrero&Asociados hizo en 2013 a la empresa del antiguo agente encubierto para dañar supuestamente la reputación del bufete que habían constituido antiguos trabajadores -Balder IP Law SL- y especializado también en la prestación de servicios jurídicos en el campo de la propiedad industrial e intelectual.

Se trata de la primera pieza de la macrocausa Tándem que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional enviará para enjuiciamiento y en la que la Fiscalía pide 57 años de prisión para José Manuel Villarejo como presunto autor de delitos de cohecho activo y pasivo, descubrimiento y revelación de secretos, descubrimiento de secretos de empresa, tráfico de influencia y falsedad en documento mercantil. Otras 13 personas físicas y una jurídica (Herrero&Asociados) se sentarán en el banquillo de los acusados, cifrando en 840.000 euros la responsabilidad civil.

La instrucción ha permitido conocer la identidad de dos policías de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) -Constancio Riaño y Javier Fernández- y del jefe de una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid -Antonio Chaparro- que presuntamente accedieron por su condición de funcionarios a bases de datos para conseguir la información reservada que les encargaban.

Pero no habrían sido los únicos, según sospecha abiertamente Anticorrupción. La organización criminal contó con la ayuda de «otros colaboradores en la Tesorería General de la Seguridad Social, administraciones públicas y en entidades financieras no suficientemente identificados», reconoce en su escrito de acusación.

En su relato de hechos, la Fiscalía destaca la «función desempeñada» por el comisario principal ya jubilado Enrique García Castaño, conocido en la Policía como El gordo e imputado en ésta y en otras piezas separadas del caso. Según esta acusación, el mando «se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal» la obtención de información reservada «a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas».

Dos policías y un jefe de la Agencia Tributaria irán a juicio por facilitar datos reservados que luego Villarejo utilizaba en los informes que hacía a clientes privados

En concreto, los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa cifran en 3.000 euros mensuales «a modo de iguala» y el «pago en efectivo del alquiler por importe de 16.000 euros anuales de la vivienda» madrileña en la que reside García Castaño con su segunda esposa el beneficio que habría obtenido este comisario principal ya retirado por facilitar datos que Villarejo luego utilizaba en sus informes.

Fuentes próximas a García Castaño han negado a este diario que el comisario actualmente en prisión preventiva hubiera realizado pagos a aquél y aseguran que esa acusación no se podrá demostrar cuando se enjuicien los hechos. Para este mando jubilado, Anticorrupción pide 52 años de cárcel.

«Destruir la reputación» de un competidor

El encargo de Herrero&Asociados al grupo empresarial controlado por Villarejo (Cenyt) se cerró el 27 de junio de 2013 y buscaba, según Anticorrupción, «destruir la reputación» de Balder IP Law, empresa creada por ex trabajadores suyos y cerrar así la «crisis» generada al surgirle un directo competidor.

Primeramente, Villarejo y sus colaboradores accedieron a información reservada, como las ventas y compras superiores a 3.000 euros declaradas por Balder, el listado completo de empleados, los movimientos bancarios y hasta las prestaciones por desempleo que habían percibido algunos de sus trabajadores.

Posteriormente, el 23 de enero de 2014, Herrero&Asociados presentó una denuncia ante la Brigada de Seguridad Informática de la Policía Nacional que dio pie a unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid y luego sobreseídas.

La investigación ha permitido conocer que Villarejo y Herrero&Asociados pactaron un precio de 325.000 euros por la prestación de los servicios, cantidad a la que se añadirían otros 300.000 como prima de éxito. El despacho de abogados abonó 302.500 euros mediante siete transferencias realizadas entre el 26 de agosto y el 23 de noviembre de 2013 a cuentas de las que eran titulares cuatro empresas del grupo controlado por el comisario.

Testificales de tres antiguos DAO

De ahí que, en el procedimiento, el juez haya mantenido como perjudicados a los trabajadores de Balder IP Law a los que también tomó declaración como testigos. Distintas conversaciones y documentos incautados al comisario Villarejo cuando fue detenido en noviembre de 2017 alertaron a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de que este encargo de Herrero&Asociados -igual que otros dosieres de espionaje que realizó la empresa privada del comisario- iban más allá del trabajo corriente de un detective. Una tesis que ha expuesto Anticorrupción y acoge el juez al encontrar indicios de que policías y empleados bancarios facilitaron a Villarejo información confidencial que sabían no podían facilitar a terceros pero lo hicieron a cambio de dádivas y regalos, según los fiscales.

Villarejo no sólo trató de fraccionar los pagos recibidos por Herrero&Asociados para ocultarlos, según expone el Ministerio Público, sino que a la hora de facturar el trabajo realizado recurrió a conceptos sin relación alguna con el motivo real del encargo. «Diseño del procedimiento de incorporación y mantenimiento del equipo profesional: perfil y modelo de selección, definición de criterios de rotación, entrenamiento en desarrollo de entrevistas. Análisis de eficiencia con TRH (tecnología del rendimiento humano) e identificación de ‘high potentials», detallan dos facturas.

Entre los testigos que la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto para cuando llegue el juicio se encuentran Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino (éste como investigado al tener dicha condición en una de las piezas del caso, concretamente en Kitchen), tres antiguos directores adjuntos operativo de la Policía que Villarejo tuvo durante su etapa como agente encubierto. Los mandos firmaron una carta en la que aseguran que las actividades empresariales desempeñadas por el comisario eran conocidas por la cúpula del Cuerpo.

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