El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.  

En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su mujer Marta Ferrusola Llados y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.

El auto, de 509 páginas, explica que la investigación durante estos años ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol Soley entre 1980 y 2003.

Pagos a cambio de adjudicaciones y favores

El expresidente catalán y su familia habrían amasado la mencionada fortuna ilícita, según el instructor, por distintas vías, principalmente pagos millonarios de empresarios «disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales».

Éstos habrían sido a cambio de la «concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán».

Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales.

Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, según De la Mata.

No es una herencia del abuelo

Lo que descarta el juez es que el dinero acumulado por los Pujol proceda de la herencia del abuelo paterno Florensi Pujol Brugat guardada en Andorra, como ha sostenido durante años la familia.

“A lo largo de la investigación -señala el juez- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”.

Así, paradójicamente, explica de la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades).