Adriana Lastra y Pablo Echenique.
Lejos de circunscribirse a la llamada “operación Kitchen” de presunto espionaje policial a Luis Bárcenas , el Gobierno quiere fiscalizar la actuación del Ministerio del Interior de los siete años de mandato de Mariano Rajoy. Así se afirma en dos ocasiones en la exposición de motivos que PSOE y Unidas Podemos presentarán al registro de la Cámara Baja para que se constituya un comisión parlamentaria de investigación.
Aducen que la misma debe investigar “la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular”.
Tras repasar el informe de la Fiscalía Anticorrupción y del presunto conocimiento por parte de Rajoy de dicha trama policial, los actuales socios de Gobierno aducen que “la gravedad de los hechos denunciados por Anticorrupción revela que el PP habría utilizado presuntamente las instituciones del Estado durante el gobierno de Mariano Rajoy para desarrollar operaciones policiales ilegales, persiguiendo ilícitamente a personas, malversando fondos públicos, todo ello para interés y beneficio propio”.
"Inaceptable utilización partidista con fines políticos"
“Esta inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -prosigue el texto- cuya misión es precisamente garantizar los derechos y libertades de la población, es claramente un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de derecho y de la democracia”.
Por ello insisten en que la comisión “tendrá por objeto investigar la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular”.
En definitiva, la comisión parlamentaria de investigación de la "operación Kitchen" será una realidad en breve. Los socios de coalición se adelantan al resto de los grupos nacionalistas de la Cámara con los que harán frente común para sentar a la antigua y actual cúpulas del PP en dicha comisión.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lasta, ha negociado el texto no sólo con su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, sino también con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El apoyo socialista a la comisión asegura que la petición pase por el filtro de la Mesa de Cámara Baja, donde tiene mayoría absoluta con los morados. Lo más probable es que el órgano de gobierno del Congreso debata la próxima semana esta petición y las que otros partidos puedan presentar en el mismo sentido.
Casado, Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz y López Hierro desfilarán por la comisión
La intención de los socialistas y morados es sentar en la misma a ex dirigentes y ex cargos políticos del PP como Fernández Díaz, pero también a la ex ministra y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, así como a su esposo, Ignacio López Hierro, para terminar apuntando más arriba, esto es, al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, También buscarán el desgaste del actual líder popular, Pablo Casado, sobre el que indagarán si tuvo conocimiento o intervino de algún modo en la supuesta trama policial destinada a eliminar las pruebas que pudiera tener Bárcenas sobre la financiación del PP.
Las acusaciones del ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, sobre su jefe en el Ministerio, pero también respecto a Cospedal y Rajoy, a los que llega a calificar de "miserables", ha abierto un boquete en la estrategia del PP que los socios de Gobierno quieren ahondar.
Paradójicamente, la petición de PSOE y Unidas Podemos viene precedida de su negativa a respaldar otra comisión de las mismas características, pero ésta sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias y los presuntos indicios de delito que la Fiscalía ve en el caso de la consultora Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero, y que también denunció el Tribunal de Cuentas.
Por lo tanto, esta legislatura volverá a estar marcada por los trabajos de una comisión parlamentaria sobre los presuntos casos de corrupción del anterior partido en el Gobierno.
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